Pedro Sánchez ha movilizado el entero aparato del Estado para defenderse en el caso “Begoña Gómez”: la Fiscalía General de Estado intentó evitar que el juez Peinado se presentara en La Moncloa para interrogarlo. Los ministros y medios adictos, al unísono, han insultado e intentado amedrentar al magistrado. Y, ahora, la Abogacía del Estado ha presentado una querella contra el juez por prevaricación. El presidente del Gobierno, sin embargo, al igual que su mujer, se ha limitado a acogerse a su derecho a no declarar ante el titular del Juzgado de Plaza de Casilla. Pero todavía no ha dado la menor explicación. Sólo ha repetido hasta la saciedad que “no hay nada”.
Pero mientras calla, ese aparato del Estado, que utiliza como si le perteneciera, intenta a la desesperada acorralar al juez Peinado y aniquilar su carrera profesional. Pedro Sánchez se muestra como si estuviera por encima de la ley. Como si cualquier crítica a su gestión o a su actuación fuera obra de los “pseudomedios de la ultraderecha”. Porque su mujer, dice” es honesta y una gran profesional”.
Pero, aunque intente taparlo con la querella al magistrado, Pedro Sánchez ha sido el primer presidente del Gobierno en ser interrogado por un juez en el palacio de La Moncloa. El único, cuya mujer ha sido investigada por cometer presuntamente los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. El único que ha empleado a la Abogacía del Estado para defenderse de su presunta complicidad en esos negocios. Pero no ha sido capaz de demostrar su inocencia. Al más puro estilo totalitario, sólo intenta que el juez sea apartado para que se archive la causa e intentar que se olvide el escándalo que le salpica.
Porque, aunque esté por determinar la legalidad o ilegalidad de los chanchullos de su mujer, al menos hay que admitir que resulta inmoral que Begoña Gómez aproveche su condición de ser la mujer del presidente del Gobierno para reunirse con sus “socios” en La Moncloa, la sede de la Presidencia del Gobierno, y que sus cartas de recomendación fueran esenciales para que el Consejo de Ministros concediera las subvenciones solicitadas por esos empresarios.
Pero Pedro Sánchez, en lugar de dar alguna explicación en el Congreso de los Diputados, incluso de escribir otra carta lacrimógena en su defensa, ha preferido callar. Y, en un nuevo desprecio a la separación de poderes, ha optado por lanzar la entera artillería del Estado contra el juez que se ha atrevido a investigar a su mujer y a plantarse en La Moncloa para interrogarlo. La querella contra el juez no parece tener recorrido. Pero Sánchez se ha blindado por un tiempo. O eso cree él. Porque, de momento, su maniobra de distracción sólo acrecienta las sospechas sobre las actuaciones de su mujer y sobre su posible complicidad.