Vox ha registrado en el Congreso una iniciativa para reprobar y cesar al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su "flagrante falta de diligencia" para combatir la inseguridad creciente vinculada directamente a las políticas migratorias del Gobierno.
En la proposición no de ley, la formación exige también el rechazo a la política de "puertas abiertas a la inmigración ilegal" del PSOE y el PP y la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales, así como los que hayan accedido de forma legal pero hayan convertido el delito en su forma de vida y haya manifestado una incapacidad de integración y asunción de la cultura y costumbres españolas.
Además pide que se garantice la pérdida de la nacionalidad española por "la comisión delitos contra la Constitución, el orden público, independencia y defensa nacional y comunidad internacional". "Reivindicamos nuestro derecho a seguir existiendo como nación y reivindicamos nuestro derecho a mantener nuestra identidad", ha resumido la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, en una rueda de prensa, en la que ha vuelto a negar que exijan la deportación de ocho millones de inmigrantes.
Ha insistido en que la diputada Rocío de Meer hizo este lunes un cálculo aproximado del número de inmigrantes que había en España en los años 90 y en la actualidad.
En una rueda de prensa en la sede del partido, De Meer abogó por las "remigración" y habló de oocho millones de inmigrantes -"más de siete millones, porque tenemos que tener en cuenta a la segunda generación"-, que han llegado en un muy corto periodo de tiempo y de diferentes orígenes y que, por tanto, "es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres".
La portavoz en el Congreso cree que se ha llegado a una "situación límite", en la que "es muy difícil" hacer un "proceso quirúrgico para separar a la gente", y ha insistido en defender las repatriaciones que "sean necesarias" para garantizar la seguridad.
Preguntada si estas deportaciones incluirían también a inmigrantes de segunda generación, ha incidido en que "lo que hay que asegurar y confirmar es que esas personas tienen una verdadera voluntad de integración". "Todo esto iría acompañado, por supuesto, de las medidas que nosotros presentamos referidas al refuerzo de los requisitos para la concesión de la nacionalidad", ha dicho.
Sobre si también afectaría a los ya tengan la nacionalidad, ha respondido que "evidentemente" y, aunque ha reconocido que "hoy con la ley en la mano no es tan sencillo", ha añadido que "la ley también está para cambiarse en aquellos casos en los que no se va a garantizar la seguridad ni se demuestre haber tenido esa voluntad de integración".