Ayuso vuelve a doblegar al Gobierno al proteger a los médicos que se niegan a practicar el aborto

El Gobierno ha emprendido una nueva y feroz batalla contra Isabel Díaz Ayuso. El Ministerio de Sanidad de Mónica García, la ministra que como buena comunista ataca la libertad, en este caso de conciencia, exige a la Comunidad de Madrid que entregue la lista de los médicos que se resisten a practicar abortos, el registro de los sanitarios que rechazan intervenir en las operaciones de interrupción del embarazo. Pues hay muchos profesionales que se niegan a realizar dichas operaciones por motivos de conciencia, por sus principios morales o de fe religiosa. Díaz Ayuso ha plantado cara a esta exigencia y se ha negado a proporcionar la lista.

Este Gobierno que se autoproclama “progresista” no admite la objeción de conciencia, ni la propia libertad cuando se trata de emprender una campaña propagandística contra la derecha, en este caso a cuenta del aborto. Pero olvida que la objeción de conciencia está avalada por la Constitución; en concreto, el artículo 16 de la Carta Magna defiende que “se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. Nadie-añade-podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias».

Por otro lado, la Ley Orgánica de Salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo manifiesta en su artículo 19 bis que “las personas profesionales sanitarias directamente implicadas en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo podrán ejercer la objeción de conciencia”.

Además, la norma concreta que “el rechazo o la negativa a realizar la intervención por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo”.

Pero a pesar de la ilegalidad de su pretensión, del atentado a la propia democracia, de la burla a la objeción de conciencia, Pedro Sánchez y la propia Mónica García han anunciado que presentarán una querella contra Díaz Ayuso por cumplir con la ley al ocultar ese registro, esa “lista negra” de sanitarios que rechazan participar en la interrupción de embarazos. Y no hay que descartar que, en caso de llegar a sus manos, el Gobierno pueda utilizar esa lista para ejercer represalias contra esos médicos y muy probablemente obligarles a abandonar su puesto en la sanidad pública. Se trata, en fin, de una persecución ideológica, clásica de los regímenes totalitarios y, por tanto, autoritarios. Pero la ley ampara a Díaz Ayuso, que una vez más doblega al PSOE y al Gobierno; antes en las urnas; ahora, lo hará en los tribunales, pues la ley está de su parte.