La Audiencia Nacional confirma la legitimidad del traslado de los papeles de Salamanca

La Audiencia Nacional ha dado el visto bueno al traslado a Cataluña de unas 507 cajas con documentos del archivo de Salamanca incautados a la Generalitat y a particulares durante la Guerra Civil, al confirmar la legitimidad de la orden del Ministerio de Cultura por la que el 18 de enero de 2006 se autorizó esta entrega.

La sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima, de este modo, el recurso del Ayuntamiento de Salamanca en el que reclamaba la nulidad de dicha orden ministerial que autoriza a la Subdirección General de los Archivos Estatales el traslado a Cataluña de documentos del Archivo General de la Guerra Civil Española, al entender que prescindió "total y absolutamente" del procedimiento legalmente establecido.

El recurso del consistorio cuestionaba también la constitucionalidad de la Ley 21/2005, en la que se apoya la citada orden ministerial y que tiene por objeto la restitución de documentos del Archivo de Salamanca incautados en la Guerra Civil, por lo que invitaba al tribunal a impugnarla ante el Constitucional.

El tribunal, que también ha rechazado un recurso de Izquierda Republicana por no haber recibido respuesta del Ministerio de Cultura sobre la restitución de documentos a ese partido, responde al Ayuntamiento salmantino que la citada Ley no infringe ningún artículo de la Constitución "ni ninguno de los principios que la inspiran". Asegura, además, que se han cumplido todos los requisitos para la selección de los documentos que en virtud de la orden ministerial recurrida fueron extraídos del archivo salmantino y trasladados a Cataluña.

"Lo único sobre lo que se puede discrepar -admite la Sala- es sobre la adecuada identificación de la documentación del archivo institucional (...), pero sin que pueda tener efectos prácticos en cuanto a la efectividad de su restitución (...) y que podrá tener su repercusión cuando se reclamen por una persona natural o jurídica".

Falta el informe de propuesta de salida de fondos
El Ayuntamiento alegaba que no había sido emitido el preceptivo informe sobre la propuesta de salida de fondos del archivo por parte del Patronato Rector del Archivo, tal y como establece un Real Decreto de 1999.

La Audiencia reconoce que "no consta" que se haya emitido ese informe, "lo que daría lugar a estimar la concurrencia de un defecto de trámite esencial que produciría la nulidad absoluta" de la orden ministerial, pero observa que sí se produjo una reunión del Patronato el 10 de enero de 2006 en la que se sometió a debate la emisión de ese informe en aplicación de la Ley 21/2005.

"Cuestión distinta es que no se emitiese el citado informe", indica el tribunal al explicar que, a su juicio, "se dio oportunidad al patronato para que emitiese su informe, y si no lo emitió o materializó no fue porque no tuviese ocasión para ello, por lo que debe entenderse que al menos formalmente se ha cumplido la exigencia de este requisito".

También afirma que, en contra de lo denunciado por el Ayuntamiento, "formalmente se ha cumplido con el requisito de la identificación de los documentos, fondos documentales y otros efectos por la Comisión Mixta Gobierno-Generalidad de Cataluña".

En concreto, la sentencia acredita la pertenencia a Cataluña de un total de 13 legajos que, entre otras cosas, incluían una relación de cartillas de racionamiento, carnés de identidad, correspondencia de particulares o tarjetas de identidad electoral.

Suspensión cautelar del traslado
El 26 de enero de 2006 la sección séptima de la Sala de lo Contencioso decidió por unanimidad levantar la suspensión cautelar del traslado a Cataluña de "papeles de Salamanca", que adoptó al admitir la petición que en ese sentido hizo el Ayuntamiento salmantino en el recurso ahora resuelto.

Acordó levantar la medida "cautelarísima" adoptada con carácter de urgencia el 20 de enero, al entender que con ello "no se pierde la finalidad legítima del recurso", ya que la Administración a la que serán entregados ahora los documentos -la Generalitat de Cataluña- "estará obligada a su devolución en el supuesto" de que se estimara finalmente el recurso.

El Ayuntamiento critica el ocultismo del Gobierno
El portavoz del Gobierno municipal salmantino, Fernando Rodríguez, asegura que el Ejecutivo de España ha vuelto a actuar con "oscurantismo y opacidad" tras la salida este lunes de nuevos fondos del Archivo de la Guerra Civil con destino a Cataluña.

Rodríguez ha criticado la "falta de respeto" por parte del Gobierno central al no haber comunicado el traslado ni al Consistorio ni a la Junta de Castilla y León, como tampoco "lo ha hecho" al Patronato del Centro de la Memoria Histórica. El edil ha confesado conocer "la noticia a través de los medios de comunicación catalanes que anuncian la presentación de los nuevos documentos".

A juicio del concejal, el fondo documental, consistente en más de cien libros, que ha abandonado el centro documental, ha venido a "ratificar el expolio y la ruptura del Archivo" iniciado en enero de 2006. No obstante, Rodríguez ha señalado que los documentos ahora devueltos, cuyo contenido ha dicho desconocer, podrían pertenecer a particulares, uno de los requisitos que contempla la Ley de Restitución.

Asimismo, el portavoz municipal ha expresado su opinión favorable a que el Ministerio de Cultura traslade nuevos documentos a Salamanca tal y como lo hizo el pasado viernes con la llegada de más de 4.500 cajas con fondos y libros de órganos políticos y represivos del franquismo.

Sin embargo y ante esta circunstancia, Rodríguez ha comparado la situación actual con "aquel al que se le corta una pierna y luego se le da una ortopédica de oro macizo" en alusión a la salida de fondos por un lado y a la llegada de otros.

Para el Gobierno autonómico es un error
La Junta de Castilla y León considera que es "un error romper la unidad" del Archivo General de la Guerra Civil ubicado en Salamanca con nuevos traslados de documentos y ha reconocido que no tenía conocimiento de la salida de legajos con destino a Cataluña.

Ante la nueva salida de documentos, el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha declarado escuetamente que piensa "lo mismo que hace dos años, que romper la unidad archivística es un error y que todo lo que sea romper y desunir no es bueno".