Un nuevo gobierno podría afianzar la Monarquía de las mordazas que el sanchismo le ha impuesto, liberarla de las ataduras que han mermado la agenda Real sujeta a la aprobación gubernamental, permitir airear su función arbitral y moderadora para que sobrevuele la rivalidad entre partidos. El Rey ha de poder expresar sin inhibiciones que la neutralidad del Monarca consiste en respaldar la Constitución.
Durante las horas de vacío en el golpe de 1981, el Rey ejerció el arbitraje de su autoridad moderadora y su calidad de Jefe Supremo del ejército en circunstancias excepcionales. Igualmente mostró Felipe VI con respaldo del gobierno su autoridad en su discurso del 3 de octubre de 2017 tras el referéndum ilegal que dio lugar a una declaración unilateral de autodeterminación de Cataluña. La dinámica de ese discurso ha sido bloqueada por la resolución del Constitucional de admitir la amnistía de los sublevados en aquellos tristes días. El fugado Puigdemont tiene abiertas las puertas de nuevo gracias a esa resolución. La amnistía ha devaluado la función Real. Un decenio después el panorama se ha degradado tanto que, si Sánchez llegara a mandar otra vez, desarbolaría el armazón constitucional con la activa cooperación de sus socios independentistas y del tribunal que los amparó.
La situación actual se distingue de la de ambos acontecimientos en que la gravedad de la crisis política no procede del vacío institucional, ni del intento segregador, sino del progresivo debilitamiento de las instituciones iniciado por la amnistía. No se cumple la obligación constitucional de presentar un presupuesto; se utiliza la Diputación Permanente para recuperar decretos rechazados por el Congreso como si una Audiencia Provincial revocase una resolución del Supremo; se vacía de contenido el debate parlamentario, la función de la oposición y el Senado; se combate la independencia del poder judicial; se desmantela la autonomía de los órganos de control; se ataca la libertad de prensa; se empaña la transparencia de las listas del censo electoral como manifiesta la sentencia del Supremo. Cabría resumir la retahíla pendiente como un ataque larvado a la configuración constitucional del Estado de Derecho.
En estos casi inimaginables dislates, a los que se pueden añadir sorpresas como las amenazas a una juez y su inaudito señalamiento a los capos locales de la droga extremeña para que fuera eliminada, y otras muchas que ahorramos para no alargar el comentario, queda como primera gran fractura de la política frentista, la continua devaluación institucional de las funciones correspondientes a la Monarquía.
En este turbio panorama el Rey visita Ceuta tras el día de las Fuerzas Armadas. La opacidad sobre el protagonismo de Marruecos ha aumentado al saberse que, además de permitirse un ataque a la integridad nacional, el Gobierno ha ocultado al Parlamento que el principal buque de guerra marroquí se había adentrado aquellos días en las aguas españolas, aguas territoriales de la Unión Europea. Si grave es que el Gobierno no contara con el Congreso en una situación de invasión territorial, agrava esta anomalía incomprensible que se privara a la Unión Europea de la información sobre esta intromisión de un ejército extraño en su territorio.
A nadie se le oculta que la inhibición actual de la presencia del Rey en situaciones menos delicadas que el viaje a Ceuta, pospuesto por vetarlo el gobierno, se debe a la disparidad de actitudes en varias circunstancias conflictivas en que Su Majestad ha coincidido con el jefe del Gobierno. En estas ocasiones se ha manifestado el contraste de adhesión popular. Especialmente dispar fue la acogida que merecieron uno y otro en Paiporta. Sánchez salió con prisas, protegido por sus escoltas, mientras el Monarca permanecía resuelto ante a los airados damnificados. Aquella jornada dejó en evidencia la catadura del acobardado lebrel que preside el Consejo de Ministros. Otro tanto ha evidenciado el abucheo al festejarse el día nacional del 12 de octubre.
Defender la Constitución es defender al Rey. Reina, no gobierna, carece de poderes, pero su testimonio hace presente que se palpe su prestigio. El reconocimiento popular de su auctoritas es explícito cuando pasea o se asoma al balcón. Es el valor constitucional que esta política de oscurecimiento de la presencia Real no ha conseguido esconder. El Rey no puede extralimitarse en sus funciones. Enfrentarse al gobierno que le marca el paso excede toda atribución y entraña un precio. Quienes duden de la autoridad de Felipe VI deprecian cuánto se expone su presencia si no se ajusta a la neutralidad de una función controlada por el celoso gobierno que le envidia.
Como jefe de las Fuerzas Armadas no entra en sus competencias garantizar el cumplimiento de la Constitución. Lo relevante es que el atributo de ser referente de los ejércitos no es neutralizable. El Rey ni puede ser jubilado ni puede ser desposeído de las cuatro estrellas de los puños de su uniforme. No tiene poder, pero no es un mero símbolo decorativo. Está para reinar y expresar su autoridad como centro de integración nacional de las miradas civiles y militares. El Rey jura la Constitución, y su juramento no tiene condiciones. Lo que no tiene sentido es que el juramento de los parlamentarios obligados a jurar fidelidad a la Corona pueda tenerlas para depreciarla. En circunstancias excepcionales de vacío o de ataque a la integridad nacional arbitra la excepción.
La despedida del Rey en Ceuta y el acogimiento en Melilla, son una rotunda exhibición de la auctoritas que le confían los ciudadanos españoles. Una ciudad invadida con ayuda de una fragata armada del reino vecino agrava más la agresión a la integridad española, a su seguridad y a la defensa del orden constitucional confiado por el artículo 8 de la Constitución al ejército español, que el Rey comanda. No está de más comprobar que, si Sánchez se escondía en la Mareta para silenciar este inaudito ataque, el Rey es vitoreado por su ejército y aclamado por el pueblo agredido.
La posible traición por ocultamiento del ataque marroquí, queda pendiente del proceso judicial si las elecciones consiguen despejar el riesgo de una renovación del sanchismo. Según García Pelayo la función de arbitraje del Monarca es una prerrogativa regia, reserva de facultad que puede ejercer en ocasiones excepcionales como las dos citadas. Otros constitucionalistas niegan que en se ejerciera una prerrogativa regia.
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