División entre los jueces sobre la huelga del 18 de febrero

Las juntas celebradas este miércoles en la práctica totalidad de órganos judiciales españoles han hecho evidente una fractura entre los jueces partidarios de ir a la huelga el próximo 18 de febrero -entre los que estarían los unipersonales de Madrid y Sevilla, estos últimos compañeros del juez Rafael Tirado- y aquellos (la mayoría) que han acordado dar un voto de confianza al Ministerio de Justicia y posponer esta medida hasta el próximo mes de junio, tal y como propusieron las cuatro asociaciones reunidas el pasado día 12 en Comisión Interasociativa Permanente (CIP).

No obstante, la mayor parte de los partidarios de parar en febrero condicionan la convocatoria oficial de los paros al resultado de la reunión que mantendrá el próximo lunes el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, con representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (FV) y Foro Judicial Independiente (FJI).



Los pioneros en convocar la huelga, que son los jueces de Murcia, Extremadura y Zamora, confirmaron los paros que ya habían acordado en juntas similares celebradas el pasado 21 de noviembre, si bien los jueces murcianos tomarán una decisión definitiva en una nueva junta convocada para el próximo día 28, una vez se produzca la reunión con el Ministerio.

Así, a las ocho de esta tarde habían aprobado hacer huelga el próximo 18 de febrero los jueces de órganos unipersonales de Madrid y Sevilla y Girona, así como los reunidos en Lugo, Zamora, Ibiza, Granada, Ciudad Real, Barcelona, Murcia, Castellón y Extremadura.

Por contra, a esa misma hora habían aprobado la propuesta de la CIP (concentraciones frente a edificios judiciales el 18 de febrero y huelga el 26 de junio si no se cumplen sus expectativas), las juntas celebradas en Orense, las provincias vascas y aragonesas, Mallorca, Navarra, Cádiz, Valencia, Alicante, Lérida, Jaén, Asturias, La Rioja, las provincias manchegas de Albacete y Guadalajara, las castellano leonesas Palencia, Segovia, Soria y Guadalajara y las audiencias provinciales de Madrid, Sevilla y Gerona.

Algunos importantes órganos se han descolgado de esta iniciativa, como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, donde ni tan siquiera se han celebrado estas reuniones.

Las Juntas se han celebrado dos días después de que se reuniera la Comisión Mixta Ministerio-Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El objetivo principal de esta reunión era el de tratar de avanzar en las reformas y evitar así la convocatoria de una huelga que desde algunos sectores se considera ilegal, puesto que ningún texto proclama ni prohíbe de forma específica este derecho para los jueces que, por otra parte, tienen vetado sindicarse.

Tras la reunión de la Comisión Mixta, el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, y la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, consideraron "asumibles" las reivindicaciones pactadas por las asociaciones de jueces y anunciaron que la mayoría de sus demandas ya estaban siendo objeto de estudio tanto el órgano de Gobierno de los jueces como en el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo.

Entre las reivindicaciones pactadas en el documento del CIP están la instauración "efectiva" de la nueva oficina judicial, la incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías, la revisión de las cargas máximas de trabajo, la conciliación familiar, aumentos salariales y que la fijación de la fecha de los juicios quede en manos de los jueces, y no de los secretarios judiciales, tal y como proyecta el Ministerio.

Justicia convoca a las asociaciones de fiscales
El Ministerio de Justicia ha convocado a las asociaciones de fiscales -Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- a una reunión el próximo 28 de enero en la sede del Ministerio.

Según ha informado el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo, durante el encuentro con los fiscales se examinará el estado actual de la Justicia y las reformas legales y organizativas para la implantación de la nueva oficina judicial.

En la reunión, convocada para las 17:00 horas, ambas partes estudiarán también las iniciativas legislativas previstas para esta legislatura así como las diversas cuestiones que puedan ser propuestas por las asociaciones de fiscales.

Las asociaciones de jueces creen que la huelga cuestiona su representatividad
Tres de las cuatro asociaciones de jueces consideran que la huelga anunciada para el 18 de febrero por los jueces de varias provincias cuestiona su representatividad y distorsiona las negociaciones con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

Sólo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, discrepa de esta lectura "pesimista" que han hecho las otras tres asociaciones de jueces, Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.

En declaraciones a Efe, el portavoz de la APM, Antonio García, ha mostrado su rechazo a esa interpretación, que ha calificado de "pesimista", porque, según ha explicado, la convocatoria de huelga en febrero es de carácter minoritario.

Además "no es una decisión firme", ya que ha sido supeditada a lo que suceda en la reunión que el lunes mantendrán las cuatro asociaciones con Fernández Bermejo.

"Cómo va a poner en duda la representatividad de las asociaciones lo que hayan podido decidir 120 o de 130 jueces cuando resulta que sólo la APM agrupa a 1.200", se ha preguntado García, al observar que lo único que hoy se ha puesto de manifiesto es "una situación de enfado, que es mayor en algunas partes de España".

Para García, "una huelga de jueces es algo que nadie quiere y los jueces menos que nadie" y por ello espera que si el Ministerio se compromete a solucionar los problemas de la Justicia "con voluntad firme", "ningún juez pondrá en marcha ninguna medida tan extraordinaria como una huelga".

Por contra, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Gimeno, ha reconocido que la convocatoria de esta huelga "distorsiona las posibilidades de llevar a cabo las negociaciones con el Gobierno en cauces unitarios y con racionalidad", y ha reclamado a sus compañeros que reconsideren su decisión.

Gimeno ha recordado que, "bien o mal", las asociaciones están actuando como "negociadores" y si no tienen fuerza suficiente dejarán de serlo, por lo que la convocatoria de esa huelga les coloca en una situación peculiar y descontrolada. "Habrá que ver el Ministerio con quien negocia, si los que representan mayoritariamente a la carrera no están autorizados" ha recalcado Gimeno.

También el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Lorenzo del Rio, ha dicho a Efe que, aunque respeta la decisión adoptada por las juntas de jueces, espera que no afecte a la reunión del lunes, a la que deberían haber acudido con "unidad de acción".

El portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, ha señalado que "el gran problema de la carrera judicial es su fragmentación debido a una mala política asociativa durante 25 años" y ha recordado que un 50 por ciento de los jueces no están afiliados.

La intención de las asociaciones, ha explicado, es la de hacer un "esfuerzo por reconducir esta fragmentación a una unidad de actuación", que "es la única que puede garantizar el éxito".

Por ello cree que lo ocurrido hoy afectará a la reunión con el Ministerio, "porque la posición de las asociaciones queda debilitada", ya que "nosotros no podemos hacernos responsables de una huelga que no hemos convocado".

No obstante, la realidad es que el único punto de referencia que tiene el Ministerio son las asociaciones, porque no cabe negociar con 2.000 personas que no están asociadas.

El "documento reivindicativo" consensuado por las cuatro asociaciones judiciales ha obtenido el respaldo mayoritario de las juntas de jueces celebradas hoy, por lo que sus portavoces insisten en que una huelga ahora no es oportuna, sobre todo cuando se comparten las reivindicaciones que van a llevar a la reunión con Justicia.