El PSOE cree que no habrá huelga porque el diálogo dará resultados

El Ministerio de Justicia ha asegurado hoy, tras la celebración de juntas de jueces en las que se ha abordado la posible convocatoria de una huelga de magistrados, que mantiene abiertos "todos los cauces de diálogo" con los magistrados a través de las asociaciones judiciales que les representan.

En un comunicado, el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo añade que "prueba de su intención inequívoca de alcanzar los mayores puntos de acuerdo posibles con quienes ostentan el poder judicial son las reuniones fijadas con las asociaciones de jueces y de fiscales" que se celebrarán la semana que viene.

A esas reuniones, según ha confirmado hoy mismo el Ministerio, asistirá Fernández Bermejo.

El comunicado agrega que Justicia "no escatimará esfuerzos para conseguir el objetivo de alcanzar, junto al Consejo General del Poder Judicial, las Comunidades Autónomas con competencias transferidas y el conjunto de los operadores jurídicos, un servicio público de calidad destinado a ejercer ágil y eficazmente la tutela judicial efectiva a la que los ciudadanos tienen derecho".

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso, Julio Villarrubia, se mostró hoy convencido de que al final "imperará el sentido común" y los jueces no harán efectiva su amenaza de huelga. Además, recordó que su formación quiere "agilizar" la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de para la implantación de la Oficina Judicial, que recoge gran parte de las reivindicaciones que realizan las asociaciones judiciales. Eso sí, ya avisa de que el legislador no aceptará "chantajes" de este colectivo.

Villarrubia realizó estas afirmaciones a Europa Press tras conocerse que los jueces de Madrid han acordado hacer huelga el próximo 18 de febrero, al igual que sus compañeros de Murcia, Extremadura y Zamora, adelantando así el paro que inicialmente se había previsto para el 26 de junio.

Abiertos todos los frentes de diálogo
El diputado socialista recordó que esta decisión se ha adoptado en pleno proceso de negociación, ya que el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el propio Congreso tienen abiertos "todos los frentes de diálogo" para tratar las peticiones de los jueces. Por eso, apostó por ver qué resultados arroja la negociación.

Tras destacar que nadie duda de que la Justicia debe contar con más medios, subrayó que ahora el debate no debe ser si los jueces tienen o no derecho a la huelga, sino cómo mejorar el servicio a los ciudadanos. En este contexto, mostró su confianza en que los jueces primen precisamente ese servicio y desistan de su amenaza.

Además, hizo hincapié en que a finales de 2008 el Gobierno remitió al Congreso el proyecto de ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial. Según explicó, el PSOE quiere que esa iniciativa, que implica modificar un total de quince leyes procesales, se apruebe lo antes posible y tiene intención de agilizar su tramitación.

Un hecho desde junio
Villarrubia rehusó concretar fechas pero, de momento, el primer plazo para la presentar enmienda de totalidad a esa iniciativa finaliza el próximo 10 de febrero. En condiciones normales esa reforma podría quedar definitivamente aprobada en el nuevo periodo de sesiones, que finaliza el próximo mes de junio, el mismo mes que los jueces barajan para su segunda movilización.

El portavoz socialista recordó que parte de esa reforma ya se analizó durante la anterior legislatura, cuando se registró un importante grado de consenso entre los grupos. Así las cosas, augura que la tramitación no se demorará en el tiempo, dado que, desde su punto de vista, aunque surgirán algunas "discrepancias", sólo quedan por tratarse "algunos flecos".

"Lo importante es que una reforma tan profunda se haga bien y con amplio consenso", señaló, recordando que el Gobierno asume que la Justicia requiere de más medios y que también se ha mostrado dispuesto a estudiar las reivindicaciones salariales de los jueces, que no forman parte de esa reforma legislativa.

En cualquier caso, Villarrubia quiso dejar claro que el legislador no va a aceptar ningún tipo de "chantaje" por parte de este colectivo y apeló a la separación de poderes.