Acaba de cumplirse un mes desde que el presidente de Honduras Manuel Zelaya fuera depuesto por las Fuerza Armadas y el Congreso, y aún más ha pasado desde que se iniciaron los enfrentamientos entre el presidente y otros órganos del Gobierno. Desde el 28 de junio Zelaya ha visitado varios países centroamericanos y dado varias declaraciones con el fin de conseguir el apoyo de la comunidad internacional, lo cual ha conseguido. Sin embargo la crisis política en Honduras no se ha solucionado y no parece estar cerca de hacerlo. Parecía que la oferta del presidente costarricense Oscar Arias de mediar entre Zelaya y el presidente de facto Roberto Micheletti para encontrar una solución al conflicto tendría buenos resultados, pero no ha sido así.
Acaba de cumplirse un mes desde que el presidente de Honduras
Manuel Zelaya fuera depuesto por las Fuerza Armadas y el Congreso, y aún más ha pasado desde que se iniciaron los enfrentamientos entre el presidente y otros órganos del Gobierno. Desde el 28 de junio, Zelaya ha visitado varios países centroamericanos y dado varias declaraciones con el fin de conseguir el apoyo de la comunidad internacional, lo cual ha conseguido. Sin embargo la crisis política en Honduras no se ha solucionado y no parece estar cerca de hacerlo. Parecía que la oferta del presidente costarricense Oscar Arias de mediar entre Zelaya y el presidente de facto,
Roberto Micheletti, para encontrar una solución al conflicto tendría buenos resultados, pero no ha sido así.
La postura de ambas partes es completamente opuesta e inflexible en un punto central: el regreso de Manuel Zelaya a Honduras y a la Presidencia. Mientras que el Ejecutivo de Micheletti argumenta que la destitución de Zelaya está basada en la legalidad, ya que éste incumplió las órdenes de la Corte Suprema y del Ministerio Público de no llevar a cabo un referéndum para modificar la constitución con la intención de ser reelegido, en clara violación con los estatutos constitucionales que lo prohíben, y que su separación del cargo está contemplado en las leyes del país, Zelaya declara que su destitución es un claro y típico golpe de estado orquestado por la élite hondureña.
Roberto Micheletti ha aceptado convocar a elecciones anticipadamente, pero de ningún modo aceptar que Zelaya vuelva al poder. Asimismo, en el
Acuerdo de San José se contempla una amnistía para los cargos que se le imputan a Manuel Zelaya, a lo que Micheletti acepta siempre y cuando el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral lo acepten, lo cual no parece plausible dado que son estas mismas instituciones las que decidieron y apoyaron la destitución del mandatario. Zelaya tampoco ha aceptado los puntos del acuerdo y considera que su actuación fue adecuada y que no ha violado ninguna ley, sino que es víctima de sus opositores.
Manuel Zelaya se ha dedicado a obtener el apoyo de la comunidad internacional, lo cual ha logrado.
La OEA, la Unión Europea, Estados Unidos y muchos países y organismos más han apoyado al depuesto presidente y exigido el restablecimiento del estado de derecho y su reposición en la Jefatura del Estado. Por otra parte, sus incondiconales y apasionados defensores son los miembros del ALBA. El presidente venezolano
Hugo Chávez llegó incluso a poner a su disposición las fuerzas armadas de su país.
Manuel Zelaya sin embargo ha emprendido acciones que algunos consideran irresponsables e incluso provocativas conducentes a crear una mayor división, tanto al interior del país como entre el Gobierno de Micheletti y el mundo. Por una parte la esposa de Zelaya ha instado a la sociedad hondureña a oponerse al gobierno de facto y a apoyar el regreso del presidente, creando así varias manifestaciones por diferentes localidades del país. Manuel Zelaya por su lado ha declarado en varias ocasiones, y ha intentado regresar a Honduras aún cuando Micheletti había dicho que de hacerlo sería arrestado. Pareciera como si Zelaya no se conformara con la imagen de víctima de “fuerzas obscuras” de su país, sino que buscara casi ser un mártir. De ser arrestado y procesado los conflictos en la nación se incrementarían y podrían provocar tal vez una guerra civil, perdiendo el gobierno de facto aún más el control del país, y en caso de actuar de manera violenta contra la población civil, entonces la opinión pública internacional sería aún más contraria al gobierno de Micheletti y no cabría ningún tipo de diálogo ni arreglo.
La comunidad internacional sigue buscando acuerdos que pongan fin al conflicto, pero hasta ahora ninguna de las partes ha estado dispuesta a ceder en lo esencial. Las posturas se radicalizan y el tiempo pasa.
Oscar Arias no se ha dado por vencido, pero para que se pueda lograr una solución se requiere de la disposición de Zelaya y de Micheletti, lo cual hasta ahora no existe. Los planes de la OEA, como crear una comisión de notables, probablemente tampoco tengan éxito. De igual manera, la presión económica que se ejerce sobre el país al suspender programas de crédito y ayudas por parte de organismos internacionales como el Banco Mundial, o de países como Estados Unidos, no ha tenido frutos.
Se acerca la fecha de las elecciones anticipadas y, de momento, no se vislumbra solución alguna. El temor a que el conflicto de Honduras se extiende a otros países del continente es quizá exagerado, pero sí es un ejemplo de la debilidad de las instituciones democráticas en la región. Habrá que esperar un mes o más para ver si las partes adquieren conciencia de la situación que viven los hondureños y dialogar de verdad con vistas a conseguir una solución que saque a Honduras del
limbo político en el que se encuentra.
