El PP gana las votaciones sobre el burka y la Sagrada Familia

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles, con 131 votos a favor, 129 en contra y ninguna abstención, la moción presentada por el Grupo Popular para pedir al Gobierno que prohiba el velo integral en los espacios públicos, gracias al apoyo de CiU, que se sumó a última hora a la iniciativa, y a la ausencia de cuatro senadores en la bancada que podrían haber dado la mayoría al Grupo Socialista, a quien respaldaban el PNV y la Entesa.

En la tarde de ayer, CiU firmó una enmienda de sustitución promovida por el PSOE que recibió el apoyo de todos los grupos de la Cámara a excepción del PP. En ella se instaba al Ejecutivo a utilizar el ordenamiento jurídico para "dar una respuesta adecuada" a la cuestión del velo integral y promover la educación, la sensibilización y la relación con las comunidades musulmanas en este ámbito.

Sin embargo, CiU pactó después un nuevo texto con el Grupo Popular, que incluyó las mismas intenciones de apostar por la educación y las relaciones con las comunidades islámicas, pero que en su último punto pide "que se proceda a regular la prohibición del uso público del burka y el niqab en espacios acontecimientos públicos para garantizar la igualdad, la libertad y la seguridad", conforme planteaban los 'populares' en su moción inicial.

Respeto a la Sagrada Familia
Mientras, en el Congreso, el PP ha logrado el apoyo suficiente para sacar adelante una iniciativa en la que se insta al Gobierno a suspender cautelarmente y "de inmediato" la construcción del túnel del AVE entre Sants y La Sagrera, en Barcelona, por el "grave riesgo" que suponen para la Sagrada Familia. La moción es consecuencia de una interpelación del diputado del PP Jorge Fernández Díaz, quien, el pasado miércoles, pidió al ministro de Fomento, José Blanco, la paralización de dichas obras, que pasan a escasos cuatro metros de los cimientos de la obra proyectada por Antonio Gaudí.

Blanco ha argumentado hoy que la paralización de las obras conllevan un alto coste económico y un grave retraso de la unión de España y Francia a través de la alta velocidad, y ha acusado al PP de promover esta iniciativa precisamente a unos meses de las elecciones en Cataluña, sin tener en cuenta los informes técnicos que descarta que haya peligro para la Sagrada Familia.

Fernández Díaz, que ha logrado el apoyo de todos los grupos de la Cámara a excepción del PSOE y de los dos diputados de IU-ICV, ha replicado que ante la existencia de un trazado alternativo que en su día contó con consenso y no tuvo ninguna alegación en contra, sería posible modificar el proyecto sin que tuviera repercusiones económicas importantes y sin dilatar la construcción de la línea.

El PP ha aceptado una enmienda de CiU en la que se apela a la prudencia a la hora de adoptar una decisión y se concreta que la suspensión cautelar sea por un periodo de dos meses, para evitar retrasos en la construcción de la línea de alta velocidad, y que se garantice el impacto "real nulo" de las soluciones constructivas o de trazado sobre la Sagrada Familia, y sobre la seguridad de los ciudadanos y demás edificios afectados.

Fernández Díaz ha pedido a Blanco que respete las decisiones del Ayuntamiento de Barcelona y del Parlamento catalán, que se han pronunciado a favor de suspender las obras y de modificar el trazado, y que también se tengan en cuenta los numerosos informes técnicos que advierten de riesgos para el monumento de Gaudí.

Según el diputado popular, el trazado alternativo -por la calle Valencia-, que en su día logró consenso, sólo retrasaría las obras unos seis o siete meses y tendría un impacto económico de unos 10 ó 12 millones de euros sobre los alrededor de 400 que, según ha estimado, cuesta toda la obra.

"Rectificar es de sabios", le ha recomendado el diputado popular a Blanco, quien ha replicado que las obras del túnel del AVE están tuteladas por la Audiencia Nacional, que ha emitido seis informes técnicos que aseguran que no hay riesgo para la Sagrada Familia.

Ha recordado que el trazado que se está ejecutando fue diseñado y acordado en 2002, con el Gobierno del PP, y ha acusado a este partido de oponerse a él siempre antes de elecciones: en marzo de 2004 y ahora, a unos meses de las catalanas.

"Sólo les mueve la pasión por los votos", ha acusado el ministro al PP.

Tampoco es cierto, según Blanco, que la modificación del trazado no tenga consecuencias económicas o temporales, puesto que retrasaría las obras unos 48 meses y dejaría sin efectos las obras que ya se han realizado.

Lo que sí es verdad, ha añadido, es que la Sagrada Familia presenta riesgos por su sobrepeso, tal y como aseguran informes técnicos como uno de la Unesco. Pere Macías, en nombre de CiU, ha apelado a la prudencia, y ha alertado de que las obras del túnel que se están llevando a cabo tienen errores de construcción, con desviaciones en las pantallas de protección de más de un 30 por ciento sobre lo proyectado.

Daniel Fernández, desde el PSOE, ha replicado al PP que si bien rectificar es de sabios, hacerlo antes de las elecciones "es de listos", y se ha sorprendido de que el argumento del PP sea pedir respeto a las decisiones de las instituciones catalanas cuando han recurrido otros acuerdos adoptados por el Parlament o la Generalitat. "No están los tiempos para paralizar obras estratégicas", ha añadido el socialista, mientras que Joan Herrera, diputado de ICV, ha señalado que este túnel es necesario para el AVE y para descongestionar el tráfico ferroviario convencional en la ciudad, y no supone un problema para la Sagrada Familia, que ya tiene otro túnel al lado -del metro-.