El Juzgado de Menores número 1 de Málaga ha ordenado este viernes el internamiento preventivo en régimen cerrado durante seis meses para el menor de 17 años detenido ayer por su supuesta implicación en la muerte de la niña de 13 años María Esther Jiménez Villegas, en la localidad malagueña de Arriate.
El menor de 17 años detenido este jueves en relación con la muerte de la
niña de Arriate se enfrenta al internamiento preventivo en régimen cerrado durante seis meses. Ese plazo es el máximo que establece la ley, aunque podría prorrogarse por otros tres si se considera conveniente, según ha explicado a Efe la abogada de la familia de la víctima, Bárbara Royo, que espera que se pueda celebrar juicio en ese tiempo.
El
detenido, cuyo nombre corresponde a las iniciales R.V.R. y es vecino de la misma localidad que la niña, ha permanecido durante dos horas en la sede judicial, adonde llegó procedente de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, instancia en la que se acogió a su derecho a no declarar.
Los familiares de
María Esther, que han decidido personarse como acusación particular en el caso, han acudido hoy junto a su letrada a la Ciudad de la Justicia donde están los Juzgados y la Fiscalía de Menores, aunque no han hecho declaraciones a los periodistas.
Los investigadores hallaron
restos que podrían ser de sangre en una zapatilla deportiva del chico durante el registro domiciliario efectuado ayer en la casa donde vive, restos que estarían quizás también en alguna ropa. Ahora las fuerzas de seguridad tendrán que analizarlos para comprobar si esos restos son de sangre y, en su caso, a quién corresponden. Los agentes investigan ciertos extremos aunque las pruebas de ADN practicadas coinciden con el arrestado.
El
cadáver de María Esther fue encontrado con un golpe en la cabeza el pasado 20 de enero en la caseta de una depuradora de Arriate, localidad cercana a la ciudad de Ronda.
La
autopsia confirmó la muerte violenta de la niña, cuyo cuerpo fue localizado un día después de su desaparición con la cara cubierta, en una caseta de una depuradora donde los investigadores hallaron muchas huellas.
La
madre de la menor ha asegurado que en la población ya no tienen "nada", porque el cuerpo de la niña descansa en su pueblo, y que se les ha roto "la vida entera", al tiempo que ha comentado que la familia del menor puede estar tranquila porque no la van a molestar.
Juan Isidoro, que se ve tras la detención "un poco más aliviado y descansado",
no conocía al menor y no sabe si habrá más arrestos. Confían en la Justicia, a la que pide que siga su trabajo, pero se pregunta "cuánta gente tiene que morir para que cambien las leyes porque a cada instante están muriendo niños y niñas".
Respecto al hecho de que el detenido sea un menor, la madre dice que "parece que ellos tienen
más derecho que nosotros" y cree que "después no se les puede pegar ni una torta a los hijos porque entonces perdemos nosotros y, a causa de eso, así están los niños".
En este sentido, señala que "si se le hubiera dado una torta a tiempo, no estarían así" y pide que el Gobierno haga algo "porque si fuera hijo de ellos seguro que se movían". Durante la permanencia de los padres ante la Comandancia, donde estaba el menor, varios ciudadanos que pasaban por la zona han proferido insultos contra el joven.
Por otro lado, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha manifestado en Málaga su rechazo a incrementar las
penas a menores y aboga por prevenir delitos, la reeducación, la inversión en medios y las reforma del sistema de investigación penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "Incrementar las penas se ha demostrado estadísticamente que no sirve para nada, sólo para frustrar proyectos de vida personal", según el portavoz del colectivo, José Luis Ramírez.