El juez achaca a una funcionaria la libertad del asesino de Mari Luz

El juez Rafael Tirado Márquez, que mantuvo en libertad al presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortes, ha dicho que la causa, que estuvo siempre bajo su control, se tramitó con celeridad, aunque lamentó que la funcionaria encargada de hacerlo estuvo cinco meses de baja sin sustitución.

El juez, que ha explicado la tramitación de la causa a un inspector del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha manifestado que desde que en marzo de 2006 firmó la orden de ingreso en prisión de Santiago del Valle García hasta el pasado 19 de marzo nadie le informó de la tramitación, asunto que es competencia de los funcionarios de su juzgado.

Cinco meses de baja
Tirado Márquez ha explicado que la funcionaria encargada de ejecutar las sentencias estuvo cinco meses de baja sin ser sustituida por la Junta de Andalucía, lo que acarreó un atraso en las seiscientas sentencias que se encuentran en fase de ejecución en su juzgado. El Juzgado Penal 1 de Sevilla, del que es titular Tirado Márquez, tiene un ingreso anual de 517 nuevas causas, frente al módulo de 450 fijado por el CGPJ. La funcionaria estuvo de baja a partir de marzo de 2006.

El magistrado afirmó además que los funcionarios de su juzgado ya están recopilando información del caso para mandarle copia de todas las actuaciones llevadas a cabo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Asimismo, Tirado recordó que cronológicamente Santiago del Valle fue condenado en 2002 por el Juzgado de lo Penal número 1, si bien dicha sentencia no fue ratificada por la Audiencia sevillana hasta 2005 y no se acordó la ejecución de la misma hasta 2006. "Lo normal es que al juez se le dé cuenta de cómo va la causa", prosiguió el magistrado, quien reiteró que desde el 13 de enero de 2006 hasta el día de ayer nadie le dio cuentas del procedimiento.

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenó el jueves la apertura de un procedimiento de información previa sobre la actuación del Penal 1 de Sevilla en cuanto a la ejecución de la condena impuesta a Santiago del Valle García por abusos sexuales a su propia hija, toda vez que en marzo de 2006 esta instancia judicial ordenó la averiguación de su paradero rechazando suspender la ejecución de la condena de dos años y nueve meses de prisión que se había dictado en su contra.

Evitar la reincidencia
El vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, ha abogado hoy por la creación de un registro central de condenados por delitos contra la libertad sexual similar al que ya existe para los delitos de violencia machista.

Las asociaciones judiciales son partidarias de estudiar medidas "postdelictuales" para evitar la reincidencia de delincuentes de difícil reinserción, como el detenido en relación con la muerte de la niña Mari Luz, siempre que sean fruto de un debate sereno y no "en caliente".

Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha asegurado a Efe que los jueces deben razonar desde la serenidad y "no empezar a hablar de la cadena perpetua a las 24 horas de haber ocurrido un hecho horroroso y abominable". En este sentido la APM considera que no se puede renunciar al actual modelo constitucional y volver a un derecho penal "primitivo de las cavernas", aunque hay tipos de delincuentes y personalidades "absolutamente incorregibles".

Respecto a la posibilidad de abrir un registro de condenados por delitos contra la libertad sexual, sugerida por el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, la APM abogaría por uno que aumente la coordinación judicial y policial y que permita dotar al sistema de mayor consistencia.

El CGPJ ya sancionó a Tirado por retrasos injustificados
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sancionó al titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado Márquez, con una multa de 300 euros a mediados de los años 90 por los retrasos injustificados en la tramitación de asuntos que se detectaron en el Juzgado en el que entonces ejercía su función, situado en la localidad de Lora del Río (Sevilla), según informaron fuentes del órgano de Gobierno de los jueces.

Este es el único antecedente judicial que figura en el CGPJ con respecto a este juez, quien hasta septiembre del pasado año era presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Andalucía.