El año de la justicia politizada

Ayer tenía lugar la apertura del Año Judicial, con una serie de cuestiones pendientes a cual más importante. Quizá la prudencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, le llevase a pronunciar un discurso suave en la forma, pero con un fondo nada desdeñable. Su alusión a que “las decisiones judiciales están para ser respetadas” debería ser una obviedad sin más. No es así. La insumisión que están protagonizando nacionalistas catalanes y PSC en el tema de la discriminación del castellano es una buena prueba de que algo falla en el engranaje institucional.

A la irresponsabilidad de algunos políticos hay que unir el desprestigio que de un tiempo a esta parte pende sobre la justicia española. Y precisamente su politización es una de las razones que han llevado al actual estado de cosas. Como señala la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, los jueces están en el mundo y están en su perfecto derecho de tener una opción política determinada. Perfecto, siempre y cuando ello no interfiera en su cometido como juzgadores, por lo demás sumamente importante. Todo lo que ha rodeado a la sentencia del Estatut -por cierto, uno de los inspiradores de su redacción fue el actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño-, la instrucción “pública y publicada” del caso Gürtel hasta que Garzón fue relevado y la instrumentalización del caso “Palma Arena” son sólo algunos ejemplos de cómo no se debe de proceder. Algo que percibe la sociedad, para la que la justicia es una de las mayores preocupaciones, junto con la clase política. Y siendo uno de los pilares del estado de derecho, lo suyo sería que funcionase sin ingerencias; ni internas ni externas.