economia sumergida

Porque es muy habitual que la utilización de efectivo vaya asociada a fraude fiscal, desde este lunes están prohibidos los pagos en efectivo por un valor igual o superior a los 2.500 euros.

El comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, rechazó hoy la amnistía fiscal como medida para luchar contra el fraude al considerar que no es eficiente, pero recalcó que la decisión depende de las autoridades nacionales.

El portavoz del PP sobre Empleo en el Congreso, José Ignacio Echániz, se ha mostrado muy duro con la ley para aflorar el empleo sumergido que ha sido aprobada este jueves en el Congreso. Ha calificado el paquete de normas como otra "gran chapuza" del Gobierno. CiU, PNV o UPyD se han mostrado también se han mostrado muy críticos con la norma.

El plan para la regularización y el control del empleo sumergido contempla establecer sanciones de 10.001 euros como mínimo para los que compatibilicen el trabajo con el cobro de prestaciones de desempleo u otras de la Seguridad Social que sean compatibles. Es una de las medidas anunciadas hoy por el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.

Según el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, la "gran bolsa" de economía sumergida no se ha visto desinflada por el paso de los empleados del hogar al nuevo sistema de la Seguridad Social.

El ministro de Hacienda ha anunciado que a partir de ahora se va a establecer la obligación legal de informar sobre las cuentas abiertas en entidades financieras situadas en el extranjero. Además, dentro del plan de lucha contra el fraude fiscal que se aprobará este viernes, Cristobal Montoro ha insistido en que la regularización de rentas ocultas "no es una amnistía fiscal", sino "un gravamen sobre activos que están ocultos" que servirá para luchar contra la economía sumergida.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el decreto ley de medidas para controlar el empleo sumergido, que establece un plazo para regularizar el trabajo no declarado, hasta el 31 de marzo, y después endurecerá las sanciones administrativas. La iniciativa, validada con los votos de PSOE y CC, ha sido calificada por la oposición de "insuficiente".