En un año, sólo 500 personas se declaran apóstatas

En España, un estado aconfesional con 46 millones de habitantes, el 94 por ciento de los españoles están bautizados, lo que demuestra que la amplia mayoría de los españoles son creyentes. En España, existe la posibilidad de cambiar o de abandonar cualquier religión, recogida en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980.

Pero de ahí, a que la apostasía sea una opción aceptada y considerada por un amplío grupo social hay un trecho. No ha valido la campaña llevada a cabo en los últimos meses a su favor, para que ésta consiga una notable aceptación social en nuestro país. Tampoco la creación de un servicio municipal de apostasía en el municipio madrileño de Rivas (IU) ha conseguido aumentar el número de apóstatas en nuestro país.

Según los requisitos que establece la Iglesia Católica, para apostatar hay que solicitar a esta institución que suprima los datos personales del interesado de todos sus registros. Esta solicitud se debe dirigir a la parroquia o parroquias donde se recibió el bautismo y al arzobispado al cual pertenece dicha parroquia, ya que en el Archivo Histórico Diocesano del Arzobispado hay copia de los libros parroquiales de todas sus parroquias.

En los casos en los que el arzobispado se ha negado a suprimir los datos de sus archivos o simplemente no ha dado una respuesta a la demanda de apostasía, el procedimiento a seguir ha sido reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Ya en 2006, Izquierda Unida presentó una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a establecer un procedimiento rápido que permitiera a los ciudadanos dejar de pertenecer de manera expresa a las confesiones religiosas; iniciativa que, sin embargo, fue rechazada por los grupos parlamentarios socialista y popular de forma rotunda.

Datos bajos de apostasía

En 2007, en las principales diócesis (Madrid, Cataluña, País Vasco y Galicia) se dieron de baja de la Iglesia sólo 500 personas. Mientras que la AEPD presentó ante distintos obispados sólo 287 reclamaciones de cancelación de datos en los libros de bautismo.De las citadas quejas 140 se realizaron al obispado de Valencia y 36 de Madrid.

Por ejemplo, según datos ofrecidos por la Diócesis de Barcelona, en esta demarcación territorial tan sólo 180 personas se dieron de baja de los archivos de la Iglesia en todo 2007.

A su vez, en Madrid, aunque el gabinete de comunicación de esta diócesis no ha querido facilitar la cifra exacta de apóstatas a este diario, EL IMPARCIAL ha podido saber que ésta no superó las 200 el año pasado.

Mientras, en Vitoria apostataron únicamente 16 personas durante 2007, en Orense las bajas fueron 12 y en Tarragona tan sólo 4.

La Audiencia Nacional reconoce el derecho a cancelar las partidas de bautizo

Además, estas intranscendentes cifras se produjeron el mismo año el que una sentencia de la Audiencia Nacional reconoció por primera vez el derecho de un particular a que la Iglesia anote en su partida de bautismo que ha ejercido su derecho de cancelación del mismo.

En dicha sentencia, la Audiencia daba la razón a la Agencia de Protección de Datos en relación al caso de un ciudadano al que el Arzobispo de Valencia había impedido apostatar con el argumento de que el Libro de Bautismo no es un fichero de datos.

La Audiencia defendió que los Libros de Bautismo tienen la consideración de fichero al recoger datos de carácter personal, por lo que están sujetos a la legislación en materia de protección de datos.

Rechazó, asimismo, el argumento del Arzobispado respecto a la inviolabilidad de sus archivos, al considerar que, si bien éstos están protegidos de cualquier intromisión procedente del Estado, "tal inviolabilidad no es predicable frente al ciudadano" cuando ejerce su derecho fundamental a disponer sobre sus datos personales.

El primer servicio municipal de apostasía recibe muchas consultas y tramita pocas solicitudes

El Ayuntamiento madrileño de Rivas (IU) , que ha abierto el primer servicio municipal para apostatar en España, ha tramitado sólo 120 solicitudes desde que abrió sus puertas hace ya un mes y medio. El objetivo es ayudar a los habitantes que quieran apostatar a agilizar los trámites que conlleva el borrarse de las listas de católicos que maneja la Iglesia.

Este servicio pertenece a la Oficina de Defensa de los Derechos y Libertades Públicas que ha habilitado el Ayuntamiento y cuyo alcalde, José Masa, ha señalado que "no se trata de un ataque a la Iglesia, sino de defender el derecho que tiene toda persona a la protección de datos".

Esta prestación la lleva a cabo el equipo jurídico de la Casa Consistorial, que se encarga de reclamar a la Agencia de Protección de Datos de la región, donde ha sido bautizado el ciudadano, que reclame a la diócesis correspondiente la supresión de los archivos con los datos del demandante.

Para apostatar hay que rellenar un formulario en el que "acogiéndose al derecho establecido en el artículo 22 de nuestra Constitución, nadie puede ser obligado a constituir una asociación, a integrarse en ella o a permanecer en su seno".