Educación insiste en que la huelga se sustenta en datos manipulados y alterados

El Ministerio de Educación, ante la convocatoria de huelga anunciada para este martes en el sector educativo en todas las comunidades autónomas a excepción de Baleares y País Vasco, ha reiterado su respeto por el derecho que tienen los ciudadanos a manifestarse, tal y como viene reflejado en la Constitución Española, pero ha insistido en que no comparte los argumentos para dicha movilización aportados por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, ya que "se sustentan en datos alterados y manipulados".

Así, mientras los sindicatos convocantes denuncian que se produce un recorte presupuestario de entre el 30 y 35% que cifran en 7.200 millones de euros (800 en los presupuestos, 3.000 con los ajustes y 3.400 que se perdieron en años anteriores), el ajuste que se hace en la Secretaría de Estado de Educación es del 14% y explican que ni siquiera llega a la mitad de esa cifra.

Fuentes del ministerio explican que en 2011 el presupuesto era de 2.200 millones de euros y este año las políticas educativas representan el 60,7% del total de los presupuestos, que son 1.874 millones de euros, es decir 625,6 millones menos que el año anterior. Aclaran que teniendo en cuenta las partidas que no se ejecutaron por las distintas retenciones de crédito efectuadas a lo largo del año pasado –300 millones de euros– la reducción final resultante es del 14%.

Por otra parte, los ajustes en 3.000 millones de euros propuestos por el departamento que dirige José Ignacio Wert se producirían si todas las comunidades autónomas aplicaran las medidas, pero hay comunidades autónomas que han dicho que no van a aplicarlas todas porque no les hace falta para cumplir su objetivo de déficit. Además, parece evidente que, sobre los 3.400 millones de euros que se perdieron en años anteriores, el actual Ejecutivo no tiene responsabilidad.

Disminuyen las becas y aumentan las tasas
Igualmente, los convocantes, entre los que figuran los cinco sindicatos que componen la mesa sectorial de Educación –UGT, CCOO, ANPE, CSIF y STES-I–, aseguran que no va a ser posible estudiar para las clases sociales con menos recursos económicos puesto que se va a reducir el número de becas y se aumentarán las tasas.

Al respecto, desde Educación se insiste en que el número de becas se mantiene inacto y que, de hecho,se destinan 1.235 millones de euros para las becas generales, lo que supone el 66 por ciento del presupuesto.

En este sentido, se apunta, los umbrales económicos no se han modificado, lo que quiere decir que va a poder seguir optando a una beca todo aquel que cumpla con los mismos requisitos económicos que hasta ahora, pero sí es verdad, aclaran, que se va a pedir un pequeño esfuerzo académico, que apenas supondrá medio punto más en la nota de los alumnos que quieran optar a esa beca. De esta forma, se va a pedir un 5,5, nota que echa por tierra el argumento de que el Ministerio busca la excelencia para obtener una beca.

Sobre las tasas, igual que con el plan de recortes, la posibilidad de aumentarlas corre depende de las comunidades autónomas, a las que se da la oportunidad de aumentarlas en un 10%. Es decir, que el alumno pase de pagar el 15% al 25% en aquellos casos en los que así se considere. Poniendo como ejemplo que a un alumno un curso universitario le cuesta entre 800 y 900 euros de media, el aumento de tasas supone unos 50 euros más al mes si el Gobierno regional así lo decide.

Ya hay comunidades como Galicia y la Rioja que han dicho que no van a subir las tasas porque no les hace falta para controlar su déficit, pero sí así fuera, éste es el esfuerzo que se le pide a los estudiantes, igual que el contribuyente se esfuerza para pagar con los impuestos la parte proporcional de los estudios. No hay que olvidar, se hace hincapié desde el Ministerio, en que la administración va a seguir pagando entre el 75 y el 85% de las matrículas universitarias.