El Ejército da otro paso y acepta el control del Parlamento

La “revolución del jazmín” ha franqueado un paso más en el avance democrático, demostrando estar a la vanguardia del proceso de cambios en el mundo árabe. Las Fuerzas Armadas, que han jugado un papel clave en el derrocamiento de las dictaduras de Zine Ben Ali, han pedido someterse alcontrol parlamentario. Algo que nunca se ha producido en el espacio geopolítico árabe y musulmán, donde los Ejércitos o detienen directamente el poder, o son el apoyo principal de dictaduras y monarquías.

La prensa tunecina ha hecho públicas las declaraciones del Fiscal General del Estado Mohamed Ettakali, según las cuales “el Ejército ha decidido reformarse a sí mismo y ser objeto de control parlamentario”. La futura Constitución deberá recoger explícitamente en su texto que las Fuerzas Armadas rendirán cuentas ante “las cámaras elegidas por el pueblo”.

La decisión del Ejército no tiene precedentes en la historia del mundo árabe. En ninguno de los países del entorno tunecino en África del Norte, los militares rinden cuentas ante el Parlamento. Ni los presupuestos, ni los nombramientos, ni las prerrogativas de las instituciones armadas, son debatidas por las asambleas electas. En Egipto, hasta ahora, las Fuerzas Armadas detentan un poder enorme, económico y político, que permanece fuera de control; en Argelia, el Ejército y los servicios de inteligencia, son los verdaderos dueños del poder en elpaís; en Marruecos, además de su tradicional papel de sostén de la monarquía, se discute ahora un proyecto de Ley que dotará de inmunidad a “los militares que cumplan órdenes superiores en el ejercicio de sus funciones”.

En Túnez quieren cambiar ese sistema. El primer eslabón en la cadena que vinculó el Ejército a la “revolución deljazmín” fue la negativa del Jefe del estado Mayor, el general Rachid Amar, el 12 de noviembre de 2011 de sacar el Ejército a las calles para hacer frente a los manifestantes que exigían la salida del presidente Benali. Una decisión que cambió el curso de la historia reciente de Túnez.

Pero al mismo tiempo esta trascendental decisión se produce justo cuando el país atraviesa un momento de extrema tensión. Los enfrentamientos entre los salafistas ultraradicales y la policía en diferentes ciudades delpaís han producido un muerto y varios heridos. El ministro del Interior, AliLarayedh ha decretado el toque de queda en ocho regiones, para intentar contener la ola de violencia desatada por los extremistas que quieren provocar el enfrentamiento civil en elpaís, y no descarta extenderlo a otras.

Las tres cabezas visibles del Estado, el presidente de la República, el de la Asamblea constituyente y el jefe de Gobierno, han hecho un llamamiento conjunto “a todas las fuerzas leales a la unidad nacional, a rechazar la anarquía y la violencia entre lospartidos, las organizaciones y los sindicatos, y unir sus fuerzas abriendo nuevas vías de diálogo”. En los enfrentamientos ocurridos hace unos días han sido destruidos e incendiadas oficinas de la Administración pública, locales políticos y sindicales, así como viviendas de la población.

La conocida como “troika en el poder”, que la forman el partido islamista Enahda, el movimiento Ettakatol y el Congreso por la República, califica los disturbios como “una provocación de grupos extremistas”, que “amenaza las libertades, se arrogan el derecho de suplantar a las instituciones del Estado y pretenden acapararse de los lugares de culto”. “El Estado se opondrá con todos losmedios legales a su alcance” afirma la declaración de la troika en el poder.

Por su parte el sindicato de policías ha hecho un llamamiento a hacer frente a quienes pretenden “desestabilizar las fuerzas delorden, crear un vacío securitario para aterrorizar a los ciudadanos y aprovecharse de todo tipo de tráficos ilícitos creando el caos”.

Se da la circunstancia de que unas horas después del llamamiento presidencial y tras la declaración del Fiscal General del estado anunciando que el Ejército se someterá al Parlamento, un tribunal militar de la ciudad de Kef condenó a cadena perpetua por contumacia al ex presidente Zine Benali, y penas de hasta 15 años de cárcel contra el ex ministro del Interior Rafik Belhadj Kacem y otros siete responsables de la seguridad, por su papel en la muerte de varios centenares de ciudadanos durante la “revolución del jazmín”. En otro juicio similar días antes otra jurisdicción militar había condenado al dictador a 20 años de prisión acusado de otros delitos.