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Las comarcas de soslayo

Manuel Ramírez Jiménez
jueves 16 de agosto de 2012, 15:56h
Por muy detenidas vueltas que podamos dar a nuestra actual Constitución, no encontraremos en ella una remisión directa, con nombre completo, a la palabra “comarca”. Ni en el artículo 2 en el que se habla de nacionalidades y regiones, ni el artículo 137 que abre el fundamental Título VIII que desarrolla la Organización Territorial del Estado y cuya letra dice claramente que “el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan”. Las comarcas, sin cita expresa como tal, únicamente aparecen cuando en el artículo 141 se establece con cierta desgana que se podrán crear agrupaciones diferentes a la provincia. La ausencia de regulación de sus contenidos se pone de manifiesto, sobre todo si se compara con el detalle dedicado a las provincias.

Y así parece que tiene que ser. Las Diputaciones Provinciales, configuradas ya por Javier de Burgos allá a comienzos del siglo XIX y como loable esfuerzo por contribuir al Nuevo Régimen, tras el auténtico aquelarre de la organización anterior del territorio. Y así se asume desde entonces. La pregunta se impone: ¿a qué viene en nuestros días y por ciertos sectores los desprecios hacia las Diputaciones y, sobre todo, la demanda de nuevas comarcas?

Presumo que estamos, otra vez, ante la doble perspectiva. La primera, derivada, aunque no literalmente, de cuanto quise apuntar al escribir, durante el proceso constituyente y como uno de nuestros males, de “regionalismo visceral”. A cualquiera de los niveles territoriales, se miraba hacia el vecino mucho más que a las alturas. En este caso, los municipios de cierta extensión querrán prontamente convertirse en comarcas. Sin más razón o con otras razones. ¿Y quién pone el límite? ¿Quién fija la norma que ponga fin al proceso? La segunda razón es más fácil de entender porque se acerca más al componente malsano que conlleva la democracia. Sencillamente, la comarca es obra del partido que necesita votos y las comarcas pueden pagar el “esfuerzo” del gran cacique de turno, el que con alianzas económicas entre municipios y concejales acaba elaborando una red en la que algunos harán algo (algo que están haciendo ya las viejas Diputaciones salidas del sufragio y no de compadreo) y otros muchos no harán nada. Valga un ejemplo: Aragón tiene 32 comarcas con gobierno propio. Un total de 800 cargos políticos (consejeros comarcales) y 123 empleados de plantilla. Los primeros gastan 5,2 millones de euros al año. Pues bien, este año, para financiar las comarcas, es necesaria la cantidad de 60,5 millones de euros. ¿Para qué? ¿No estamos de acuerdo en que hay que adelgazar y hasta suprimir escalones dentro de la administración del Estado? Pues empecemos por lo de hoy y, como es mala costumbre, no por lo que funcionaba desde siglos con un color o con otro.

Manuel Ramírez Jiménez

Catedrático de Derecho Político

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