El Gobierno insta a la Fiscalía a actuar contra Esperanza Aguirre

La vicepresidenta del Gobierno ha explicado este viernes que el Ejecutivo ha decidido instar a la Fiscalía General del Estado a actuar contra el acuerdo suscrito entre la Comunidad de Madrid y la Iglesia para la asistencia sanitaria de los enfermos ingresados en los hospitales públicos de la región. María Teresa Fernández de la Vega se ha amparado en la Constitución y ha vuelto a justificar una actuación contra la Iglesia acogiéndose al punto que habla sobre la laicidad del Estado.

De esta forma, el Gobierno ha pedido a la Fiscalía y a la Agencia de Protección de Datos que estudien si procede emprender acciones legales contra este convenio porque, de acuerdo con la Constitución, "los servicios públicos de salud no pueden imponer a los pacientes criterios basados en creencias religiosas". Quieren que se analice el contenido del convenio y se estudie si vulnera el derecho a la intimidad, la autonomía personal, la salud y la libertad religiosa.

Desmentido
La cadena Ser refirió este jueves una información en la que denunciaba la existencia de un convenio entre la Comunidad de Madrid y la Provincia Eclesiástica que permite la presencia de sacerdotes en los comités de ética de los hospitales públicos y les autorizaba a opinar si alguien debía o no recibir cuidados paliativos.

El consejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, negó este punto y explicó que ni los miembros de la Iglesia católica ni de otras confesiones religiosas ni "nadie ajeno a la asistencia sanitaria" puede tomar decisiones clínicas en ningún hospital, "y mucho menos" en lo que se refiere a cuidados paliativos.

Nada nuevo
Este convenio, como explicó Güemes, "no es nada nuevo" y se remonta a un acuerdo del año 97 "que se ha vuelto a suscribir prácticamente en su literalidad diez años después", y que "no hace sino recordar lo que es la costumbre y los acuerdos firmados por el gobierno socialista en el año 85".

El convenio, que existe en casi todas las comunidades autónomas, no supone que el capellán vaya a decidir sobre cuestiones médicas como un aborto o una sedación; tan sólo ofrece asistencia religiosa a todo aquel que lo solicite.

Fuentes del Arzobispado de Madrid corroboraron estos datos y aseguraron que el convenio firmado el 2 de enero de 2008 "recoge lo mismo que otro anterior de 1997 y, éste, a su vez, otro que se firmó en 1985 a nivel nacional en la época de Felipe González".