El aceite, otra vez

Durante la crisis del aceite de orujo, el Ministerio de Sanidad, dirigido por Celia Villalobos, alegó motivos de salud pública para adoptar esta medida, después de que varios análisis detectaran la presencia de un hidrocarburo -benzopireno- en ese tipo de aceite.

El Gobierno explicó la medida argumentando que el consumo de benzopirenos podía entrañar un "peligro grave" para la salud humana, aunque "no inmediato".

En julio de 2007, el Tribunal Supremo declaró ilegal la resolución que ordenó la retirada del aceite de orujo, ya que se amparó en una consideración genérica y no en un riesgo cierto.

A consecuencia de la alarma generada por la retirada, el consumo mensual de aceite de orujo pasó de entre 6.000 y 7.000 toneladas en 2001 a 3.000, tres años después.

Sin embargo, la crisis más grave relacionada con el consumo de aceite en España tuvo lugar a comienzos de los años ochenta, cuando fallecieron más de setecientas personas después de consumir aceite de colza desnaturalizado con anilina, que se importó de Francia para uso industrial, pero que luego se distribuyó para consumo humano.

Con este precedente, es natural que ante casos similares a unos hechos que permanecen en la memoria colectiva de todos los españoles se tomen todas las medidas cautelares y se informe de forma transparente a la población.