Argentina, ¿futuro paraíso fiscal?

El equipo económico del Gobierno argentino, encabezado por el ministro Hernán Lorenzino, defendió hoy en el Senado el proyecto de ley que permitirá captar dólares no declarados, tanto en el país como en el exterior, en el circuito formal y destinarlos a la inversión en sectores estratégicos.

La nueva medida económica, que fue dada a conocer el pasado martes, ingresó anoche en el Senado para su tramitación, y el oficialismo, con mayoría en la Cámara, espera que pueda ser debatida durante la sesión del próximo 22 de mayo.

El equipo económico gubernamental que conforman, además de Lorenzino, el viceministro Axel Kicillof; la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont; el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, defendió las dos nuevas herramientas de inversión.

Dichas herramientas son el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) y el Certificado de Inversión (CEDIN), que "encauzarán hacia la producción los dólares ociosos que los ciudadanos argentinos mantienen, tanto dentro como fuera del territorio nacional".

El BAADE, explicaron, se constituye como una opción de inversión, que permite al tenedor de dólares incrementar el valor de su ahorro obteniendo un interés de 4 por ciento anual.

El CEDIN tiene por objetivo apuntalar la actividad inmobiliaria y de la construcción, constituyendo un medio de pago idóneo denominado en dólares.

Durante su comparecencia en el Senado, Lorenzino aseguró que ambos bonos servirán para "seguir apuntalando la inclusión social" y "movilizar el ahorro privado".

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, dijo que si el Congreso sanciona la Ley, Argentina "no se va a convertir en un paraíso fiscal".

"La exteriorización no será anónima porque requiere de una persona física o jurídica que esté dada de alta con su respectivo CUIT (código único de información tributaria)", añadió.

Por su parte, la presidenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Mercedes Marcó del Pont, explicó que la función del BCRA será "tener en custodia los dólares no declarados que se presenten en el blanqueo para ser volcado a fines productivos".

Aseguró, además, que el mercado del dólar ilegal en Argentina "es insignificante, ni se puede medir".

"Sabemos que existe, pero nuestra obligación es garantizar las condiciones para que la economía siga creciendo. Estamos convencidos que el tipo de cambio en la Argentina sigue siendo competitivo", apuntó.

Kicillof intervino para decir que es probable que en paraísos fiscales se encuentren depositados unos 200.000 millones de dólares, "una fortuna de plata no declarada de argentinos que el Gobierno aspira inyectar al mercado local a través del blanqueo".

"Estamos hablando de una posibilidad de que esa tenencia en dólares se encauce dándoles un camino para que vuelvan a la economía con fines productivos. No estamos haciendo una amnistía para esos fondos", aseveró.

Tanto Lorenzino como Kicillof reiteraron que el Gobierno "no tiene en mente la posibilidad de instrumentar una devaluación", algo que ya había anunciado hace unos días la presidenta Cristina Fernández.

"No hay ninguna razón por la que el Gobierno tenga que pensar en una devaluación, que traería como consecuencia ineludible un proceso inflacionario y la pérdida del poder adquisitivo de los que cobran en pesos". aseguró.

Escepticismo en los mercados

Las medidas anunciadas por el Gobierno argentino para facilitar el blanqueo de capitales no lograron hoy frenar la escalada del dólar paralelo y fueron recibidas con escepticismo entre mercados y expertos del sector consultados por Efe.

El anuncio no se tradujo en variaciones en el mercado cambiario informal, donde el dólar estadounidense superó de nuevo la barrera de los 10 pesos y cerró a 10,45, mientras que la Bolsa bajó un 0,69 por ciento y las acciones de la petrolera YPF, una de las beneficiarias de la iniciativa según los expertos, cayeron un 3,68 por ciento.

Para Fausto Spottorno, economista jefe de Orlando Ferreres y Asociados, la "oferta de blanqueo de dólares" del Gobierno pretende reunir fondos para invertir en energía, especialmente en YPF, y reactivar el mercado inmobiliario, dañado por las restricciones cambiarias y cuya actividad "es tan baja como en 2002, en plena crisis".

"Su impacto en la economía dependerá del éxito que tenga" entre los inversores, agregó Spottorno, para quien uno de los mayores obstáculos estriba en que "hay desconfianza en cómo el Gobierno gestiona el dólar".

Para Alejandro Casal, de la consultora Casal Vecchi, el inconveniente de este tipo de iniciativas es la percepción de los contribuyentes que han venido cumpliendo con sus obligaciones fiscales y que "se sienten defraudados porque se premia a los supuestos evasores".

No obstante, "si las medidas alientan la inversión, el dólar se va a ir adecuando a un valor menor", agregó a Efe Casal, que recordó que la última iniciativa similar, en 2009, permitió blanquear unos 4.000 millones de dólares.

A juicio de Ramiro Castiñeira, de Econométrica, "estas medidas no atacan la raíz del problema", mientras que el economista Carlos Melconian opinó que se trata de "un burdo blanqueo" y de una "clara manifestación de debilidad".