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La necesaria transparencia del Estado

viernes 31 de mayo de 2013, 11:26h
Soraya Sáenz de Santamaría daba cuenta ayer de los aspectos más relevantes que contendrá la Ley de Transparencia. Lo hacía durante el debate de las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de dicha ley en el que, emulando a Rajoy y Rubalcaba el día anterior, tendía la mano al resto de la Cámara para alcanzar el mayor grado de consenso posible. Una buena noticia, por cuanto casi tan importante es el consenso en sí mismo como que de una vez por todas se ponga fin a la opacidad del gasto público.

El texto definitivo delimitará el ámbito de aplicación de la ley. Sería deseable que fuese de amplio espectro; no ya sólo Casa Real -que también-, sino partidos políticos, sindicatos, Banco de España y demás entidades y colectivos perceptores de dinero público. El ciudadano tiene derecho a saber cuál es el destino de cada euro que el Estado otorga en este sentido. Esta ley, por tanto, viene a solventar una deficiencia a la que había que haber puesto remedio hace mucho tiempo.

Quedan todavía flecos relevantes, como las reticencias nacionalistas ante la posibilidad de que Hacienda pueda sancionar y hasta destituir a cargos electos municipales e incluso autonómicos. La respuesta de la vicepresidenta del Gobierno -“lo importante es que se sancione aquello que sea punible, sea cual sea la administración que incurra en algún supuesto contemplado en la Ley”- es una llamada al sentido común que debe prevalecer. Será el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno quien vele por que no vuelvan a producirse actuaciones de todos conocidas y que han derivado en un descrédito generalizado de las instituciones.
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