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puesto 22 de 28

España suspende ante Europa en gasto público en investigación

lunes 23 de septiembre de 2013, 18:02h
Según el estudio del Área Europea de Investigación publicado este lunes, España ocupa el puesto 22 de los 28 Estados miembros de la UE en gasto público en investigación. Es, junto a Italia, el único país en el que la inversión pública en i+D ha disminuido entre 2007 y 2011 a pesar de que el presupuesto general del país ha aumentado en el mismo periodo. El informe aborda otros temas, como la igualdad de género o la transferencia de conocimiento en la investigación europea.
España se queda a la cola de Europa en inversión pública en investigación según un informe elaborado por el Área Europea de Investigación y publicado este lunes por la Comisión Europea. El estudio, que abarca el periodo entre 2007 y 2011, mide la evolución del peso que tiene el gasto público en i+D en el presupuesto general de cada país. En las conclusiones, nuestro país ocupa el puesto 22 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea y abre el ránking de los siete países con saldo negativo.

Sólo Italia, Irlanda, Reino Unido, Hungría, Rumanía y Letonia sacan peor nota que España en su gasto en investigación. Además, España e Italia son los dos únicos países que registran un crecimiento negativo de su inversión pública en i+D a pesar de que sus presupuestos generales han aumentado en el periodo.

En general, el gasto público de los Gobiernos europeos en investigación ha venido decreciendo desde 2009, situándose al final del periodo (2011) en su nivel más bajo desde 2002, un 1,47 por ciento de media, según el informe. El caso español se sitúa, una vez más por debajo de la media. En 2011 se dedicó a investigación en España el 1,3 por ciento del Producto Interior Bruto, menos de la mitad de lo destinado en 2007.

El informe del Área Europea de Investigación identifica cuatro problemas principales en el campo de la investigación en los Estados Miembros. Por un lado, cuestiona la eficacia de los programas nacionales de investigación ya que, aunque todos los países de la UE destinan un partida de su presupuesto a i+D y la vincula con una evaluación del rendimiento de la investigación, la importancia de la financiación competitiva "no es totalmente identificable". Es decir, el estudio no termina de detectar que el planteamiento funcione.

Además, las conclusiones suspenden a la UE en cooperación transnacional. Según sus datos, sólo el 3,8 por ciento de presupuestos de i+D se dirigen a investigaciones de coordinación transnacional, una cifra que decrece hasta poco más del 1 por ciento en el caso español.

En tercer lugar, el informe no refleja un mercado laboral común efectivo para los investigadores de los países miembros. Según la encuesta MORE2, publicada de forma conjunta con este estudio, alrededor del 40 por ciento de los investigadores asociados al Instituto Europeo de Educación Superior están " insatisfechos " con la medida en que los puestos de trabajo vacantes de investigación se anuncian y se hicieron conocidos por sus instituciones. En este caso, España supera la media europea, con un 52 por ciento de investigadores satisfechos.

Tampoco está todo el trabajo hecho en lo que a igualdad de género se refiere, con un porcentaje mínimo de mujeres en posiciones de liderazgo o que participen en la toma de decisiones. En 2010, las mujeres representaban sólo el 19,8 por ciento del personal académico de mayor edad, el 15,5 por ciento de los jefes de las instituciones, y el 10 por ciento de los rectores en el sector de la educación superior.

Transferencia de conocimiento
No todo son suspensos para la UE. Según el estudio del Área Europea de Investigación, el acceso abierto a los contenidos científicos financiados con fondos públicos es cara vez mayor en Europa. Del informe se desprende que la Política de Transferencia de Conocimiento es generalmente aceptada como un tema importante en Europa: todos los Estados miembros han tomado medidas para cerrar la brecha entre el mundo académico y la industria y en la gran mayoría de los países (un 90 por ciento) , los gobiernos nacionales y regionales promueven políticas y procedimientos para la gestión de la propiedad intelectual resultante de la financiación pública.
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