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El anteproyecto de Tráfico recoge poder circular a 130km/h en algunos tramos

Soria, sobre Castor: “El riesgo de movimientos sísmicos relevantes es limitado”

viernes 04 de octubre de 2013, 14:49h
José Manuel Soria ha querido tranquilizar a los habitantes de la zona costera frente a la planta de Vinarós con la afirmación de que, según los técnicos, “el riesgo de movimientos sísmicos relevantes es limitada”, una vez ha confirmado la “relación directa” entre las inyecciones de gas y estos fenómenos. Las instalaciones no retomarán su actividad hasta que haya “plena y total garantía de seguridad para la población”.


Consejo de Ministros ligero después del celebrado hace siete días, en el que se aprobaron los presupuestos del Estado para 2014. En aquel no estuvo Mariano Rajoy, entonces en Nueva York, sí esta vez, recién llegado de Japón y para dar el visto bueno a nuevas normas que configuran la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial o la modificación por la que se podrán registrar nacimientos y defunciones desde el hospital.

Con la propuesta aprobada, que ahora debe pasar por las Cortes, sería posible circular a 130 kilómetros por hora en determinados puntos de autovía y autopista y las multas por embriaguez se incrementarían de 500 a 1.000 euros. A partir de los 150 kilómetros por hora, ya fuera un tramo de 120 o 130, la sanción económica iría acompañada de pérdida de puntos. Además, los peatones también podrían ser objeto de pruebas de drogas y alcohol en caso de que infrinjan las reglas de circulación. Por último, se prohibiría el uso de detectores de radar y se regularían los sistemas de retención infantil, pasando de requisitos de edad a requisitos de talla. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, confía en que el reglamento esté plenamente en vigor en marzo de 2014.

Junto al citado y a la vicepresidenta del Gobierno, este viernes comparecía José Manuel Soria, titular de Energía. Ha elevado al Consejo un informe sobre el depósito de Vinarós –o Castor- que confirma, siempre en voz de los expertos, ha aclarado, la “alta relación directa entre la inyección de gas entre el 13 de junio y el 16 de septiembre con el conjunto de los movimientos sísmicos en la zona costera” frente a estas instalaciones, en las provincias de Castellón y Tarragona. Por otro lado, también según los técnicos, ha apuntado que “el riesgo de movimientos sísmicos relevantes es limitada”. Las actividades de la planta no se reanudarán, ha dicho por último, hasta que haya “plena y total garantía de seguridad para la población”. ¿Quién pagaría los costes derivados del cierre o de la inactividad? El ministro no ha regateado: el consumidor.

Cataluña se confirma como uno de los asuntos perennes en toda comparecencia tras las reuniones de los viernes en La Moncloa. En este caso, sin declaraciones resonantes, Soraya Sáenz de Santamaría ha llamado al consenso y se ha mostrado abierta a una mejor “cooperación institucional” entre el Estado y Cataluña. En todo caso, ha zanjado, un diálogo “en el marco de la Constitución y sus valores”.
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