Debate técnico

España es uno de los estados más descentralizados del mundo y en algunas materias el que más. Algunos confunden esto con el federalismo, porque lo habitual es que los estados federados en una federación ejerzan muchas competencias políticas y administrativas, pero conviene distinguir, pues no necesariamente una federación, por lo menos desde el punto de vista teórico, tiene por qué ser más descentralizada que un estado unitario. Y es más, tenemos en la historia ejemplos claros que muestran que los federales querían un estado central fuerte como los federalistas americanos.

Una federación es un “foedus”, un pacto, un pacto entre iguales que acuerdan la forma política de convivencia y de gestión administrativa. Por eso el federalismo ha surgido en países que se constituían, como Estados Unidos a finales del XVIII o el Imperio Alemán a finales del XIX (y luego por imitación la Alemania de después de la Segunda Guerra Mundial), y no en estados ya constituidos. El “foedus” puede ser muy centralista, pues las partes que pactan son soberanas para llegar a acuerdos; de ahí que a priori no queda un federalismo asimétrico salvo como resultado final de un pacto libre.

No es éste el caso de España, a pesar de que el presidente, con cierta imprudencia, dijese en el último debate del Estado de la nación que él defiende un modelo federal. No obstante, el término no afecta nada al grado de descentralización y España, como ya se ha dicho, es uno de los estados más descentralizados del mundo. Algunos se alarman por esto y piensan que se ha ido demasiado lejos en el proceso que abrió la Constitución de 1978. No es mi caso, aunque sí veo con cierta inquietud la falta de armonización y coordinación en la gestión de determinadas competencias, papel que debería asumir el Estado o un órgano colegiado formado por el Gobierno central y representantes de las Comunidades Autónomas, con mayoría del Estado central.

Teniendo presentes estos parámetros, el debate sobre la financiación autonómica debería ser un debate técnico, en el que evidentemente también habrá luchas de poder, pero en el que el reparto de dinero se haga en función de las competencias que cada Comunidad Autónoma ejerce y de determinadas circunstancias específicas de cada una, que afectan a la gestión económica: población, extensión del territorio y dispersión de la población, insularidad, etc., etc. Cómo cuadrar esto, es lo difícil, pero, insisto, debería hacerse según criterios técnicos y no respondiendo a supuestas seculares traiciones del Estado central para con algunos territorios ni tampoco pensando que las Comunidades Autónomas reciben el dinero cual cheque en blanco. Son Estado, son cada vez más, la parte fundamental del Estado y debe quedar clara su corresponsabilidad en la gestión. Echar las culpas de todo al Estado central ha permitido a varios líderes políticos y partidos perpetuarse en el Gobierno de varias Comunidades Autónomas, pero ya es hora de que los ciudadanos entiendan que quien gestiona su sanidad, su educación, buena parte de sus infraestructuras, etc., etc., son los gobiernos de las Comunidades Autónomas.