Queremos otra ley electoral, pero ¿cuál?

Rajoy ha reactivado un viejo debate sobre la conveniencia de modificar aspectos de la ley electoral, en este caso en lo que concierne a los municipios y a la posibilidad de elegir directamente a los alcaldes. Y lo ha hecho con mucha prudencia, esbozando sólo un panorama de intenciones y la conveniencia de discutir ese espinoso asunto.

Y, efectivamente, enseguida se ha demostrado que era espinoso. La suspicacia en los demás partidos no ha tardado mucho en manifestarse. Porque, quien más o quien menos, cuando piensa en un sistema electoral determinado, lo primero que hace es traducirlo en términos de beneficio a corto plazo.

En política, en general, el tiempo que se conjuga es el presente. Por ello, la ley electoral perfecta es la que corresponde exactamente a la naturaleza actual de su electorado, medido éste en términos de encuestas. Según lo que apunten los sondeos se desea un sistema electoral concreto. Pero si las posibilidades de voto aumentaran o disminuyeran, con gusto se propugnaría otro.

Es por eso que cambiar los sistemas electorales a mitad de la partida es muy difícil. No lo es tanto establecer uno ex novo en el comienzo de un régimen. En España se discutió mucho, pero se instaló un sistema electoral proporcional corregido según la regla de Hont, un señor belga que inventó una forma de respetar la posibilidad de representación de las minorías, pero dando lugar también al refuerzo de las mayorías con vistas a que se pudiese alcanzar una cierta estabilidad en los gobiernos resultantes.

Se podría decir que este sistema aplicado en España ha tenido la virtud de no descontentar demasiado a base de tampoco contentar mucho. Justo lo que podía hacer falta para que más o menos a regañadientes fuera aceptado por todos. Porque si se quedaba corto en terrenos de estabilidad política para quienes prefieren el sistema mayoritario, también es cierto que primaba la concentración de voto a los grandes y limitaba alguna representación de las minorías al no tener la proporcionalidad total.

Fue, por tanto, un producto clásico del consenso, como tantas cosas establecidas en la generación de la democracia postfranquista.

Pero, desde entonces acá, muchos agentes políticos e intelectuales han pensado que habría que cambiar el modelo. De hecho, desde hace un par de años, no hay día que no se oiga a alguien hablar de la necesidad de renovación del sistema en su bloque constitucional. Y especialmente diga que hay que cambiar la ley electoral.

Lo que cabe decir en eso es que no basta con decir que sería bueno otro modelo, sino cuál. Porque decir que se quiere otra ley electoral no es decir nada. Sólo hablando de las elecciones generales (después se tratarán las municipales) ¿se pretende un sistema mayoritario? ¿A una vuelta o a dos vueltas? ¿Con elección directa del presidente, o sólo de los parlamentarios? ¿Por distritos uninominales establecidos y tasados en número de habitantes, o por otro tipo de circunscripciones?

O bien, en sentido contrario, ¿un sistema más o totalmente proporcional? ¿Con qué circunscripciones, la nacional, la provincial u otras? Y, todavía más, porque la casuística es enorme: ¿una mezcla de proporcional nacional con mayoritario por distritos, con dos bloques de representantes que se elijan desde ambas vías?

Si tuviera que ponerme en la piel de cada uno de los actuales partidos, en este justo momento, sabría qué sistema me beneficiaría. Por eso, las minorías sueñan con gran proporcionalidad y los partidos de referencia sueñan con el mayoritario. Pero, claro, todo depende de la circunscripción. Pues, si el PP podría soñar con un sistema mayoritario a la americana o francesa en multitud de enclaves de España, también es cierto que se vería perjudicado en algunos, porque no sacaría casi ni un diputado en Cataluña o en el País Vasco.

Pero Izquierda Unida, por poner otro ejemplo, quedaría como marginal casi en toda España, como UPyD. Y el PSOE, en su actual estado de postración, quedaría muy mal parado en casi todas partes, salvo algún feudo andaluz, y menos de los que piensa.  Sin embargo, los nacionalistas, al tener concentrado su voto en sus respectivas comunidades, tendrían en conjunto parecidos resultados a los actuales, aunque vista la actualidad, la guerra a muerte entre CiU y ERC llegaría al extremo si se aplicara este sistema mayoritario. Lo mismo que entre PNV y Bildu.

Con sistemas más proporcionales, las minorías engordarían en representación. Lo que daría como resultado una fragmentación grande en el Parlamento resultante. Y la casi imposibilidad de formar gobiernos que no fuesen de coalición. Con el problema de que si se puede encontrar una coalición en la izquierda, como la que gobierna Andalucía entre el PSOE e IU, más difícilmente se lograría en la derecha, ya que los partidos significados en ese espectro político, junto al PP, son PNV y CiU, con la pequeña pega de que a éstos se les ha olvidado la ideología al emborracharse de territorialidad.

Claro que la dispersión del voto hacia la ingobernabilidad puede también engendrar una gran coalición, PP-PSOE, salvo que ambos huyen de ella como de la peste, y tampoco es fácil que fuera entendida por sus electorados, pues España no es exactamente Alemania. Pero ese escenario, que con el actual sistema sería una posibilidad, con el proporcional puro sería una obligación.

A la vista de todo esto: ¿es posible abordar un proceso de reforma del modelo electoral? ¿Podría hacerse con un grado de consenso mínimo? No parece, realmente. Y a ver quién es el guapo que plantea una reforma electoral desde el Gobierno sin apoyos en la oposición. Que técnicamente podría hacerlo, si dispone de mayoría absoluta, como el PP, pero políticamente sería inviable.

Y digo esto con cierta nostalgia, porque el sistema en el que creo es el mayoritario a doble vuelta, por distritos uninominales tasados por población y ámbito sociológico, con elección independiente del presidente del Gobierno en distrito nacional único. Creo que hubiera sido el mejor para España. Pero no se aplicó porque se consideró necesario integrar a todas las minorías (incluso las que desaparecieron de puro pequeñas) de la ensalada de partidos que llegó a los albores democráticos. Pero es que hay que recordarlo todo: en aquello tiempos, ni siquiera se sabía si el partido hegemónico de la izquierda sería el PSOE o el PCE. Y en la derecha, tampoco se estaba seguro si lo sería UCD o las históricas fuerzas democristianas o conservadoras.

La política española se ha articulado desde entonces, y con aquella regla de Hont, alrededor de dos partidos alternativos en el centro derecha y el centro izquierda. Hay quien cree que eso es poco emocionante, y también quien piensa que esa alternancia, casi como en la Restauración, es origen de corrupción. Pero no confundamos los efectos con las causas. Porque dos partidos se reparten sucesivamente el poder en Estados Unidos, y nadie dice que su sistema sea corrupto.

En fin, es tan complicado el proceso de cambio de las reglas electorales que no será fácil verlo, por mucho que se aborde esa posibilidad como ejercicio intelectual. Y si se produce ese cambio, como en la IV República francesa, será porque el sistema haya llegado a una crisis de ingobernabilidad. Y nunca sería un cambio para favorecer a la dispersión por las minorías, sino a la concentración por modelos mayoritarios. Es decir, que las minorías lloren menos, porque si lo hacen demasiado y logran la fragmentación política de España, a lo mejor sólo están preparando el terreno para su total irrelevancia.

Y lo mismo vale para las municipales. Los que quieren la proporcionalidad máxima (y los que se aprovechan de la que ahora existe) es porque han encontrado un verdadero regalo: con apenas uno o dos concejales “bisagras” pueden condicionar una alcaldía y pedir prebendas que nunca habrían soñado. Suele ser la concejalía de Obras Públicas y Urbanismo, que no sé qué magia tiene.

Por eso, Rajoy cree que regeneraría el sistema modificar la forma de elegir alcaldes, vía directa y no condicionada a la mayoría municipal, que puede ser razonable o incluir tránsfugas comprados o comprables. ¿Pero qué partido va a apoyar eso, a sabiendas de que ahora mismo el gran beneficiado sería el PP, que es el mismo que plantea el cambio de modelo?

A Izquierda Unida, a Rosa Díez, y a muchos otros les daría un mal. Por eso, sólo un PSOE con vistas a lo que tendrá que ser en el futuro, si es que quiere ser alguna vez lo que ha sido, podría ser socio en esta reforma. Pero es justo cuando menos le conviene, cuando sabe, en las próximas municipales, que no va a ganar casi nada, pero puede beneficiarse mucho por la pérdida de mayorías absolutas del PP.

Y, además, ¿con quién se habla de esto ahora en el PSOE? Porque el nuevo líder va a estar bastante ocupado recomponiendo los destrozos socialistas, y no le arriendo la ganancia al vencedor, gane quien gane. Pues los muertos que él mate, seguirán gozando de buena salud, al menos para la venganza.