Renfe, culpable de un choque por exceso de velocidad y mala señalización

El accidente ocurrió sobre las 12.41 horas del 21 de junio de 2005 en el cruce de la vía férrea con el camino agrícola de acceso a la Hacienda La Tenienta, donde un tren regional Sevilla-Málaga arrolló a una furgoneta Citroen C-15, cuyo conductor resultó con diversas heridas y fue hospitalizado.

Renfe consideró culpable del accidente al conductor de la furgoneta y le reclamó 8.223 euros, pero una sentencia de primera instancia desestimó la demanda en su integridad porque el tren circulaba a 160 kilómetros por hora, velocidad superior a la permitida, y no se ha demostrado que las señales del paso a nivel funcionaran correctamente.

Este fallo ha sido ahora confirmado por la Sección Sexta de la Audiencia, que destaca que era obligación de Renfe "el mantenimiento en las condiciones legales y reglamentarias del paso a nivel, por el indudable factor de riesgo que supone su cruce".

La Audiencia añade que ha quedado claro que "su señalización el día del accidente no era la correcta".

Añade que en el caso "sobresale la testifical" de una conductora que circulaba detrás del automóvil siniestrado y que afirmó que "no funcionaron las señales acústicas y luminosas", en un testimonio "coherente, claro y rotundo".

El abogado del conductor, Juan de Dios Ramírez, ha recordado que su cliente sufre todavía, como consecuencia del accidente, síndrome postraumático, ansiedad y pánico, y que a la vista de esta sentencia ha denunciado por presuntos delitos de lesiones por imprudencia al conductor del tren y a la empresa Renfe Operadora.

Dice la Audiencia que del propio atestado de la Guardia Civil "se desprende la deficiencia en el firme de cemento del paso a nivel, con la existencia de bache, lo que conlleva que los vehículos no puedan cruzar con suficiente rapidez".

Ello supone un incremento del riesgo del paso a nivel, asunto que "es obligación de Renfe, dentro de sus actividades de mantenimiento, conservación y reparación de las líneas e instalaciones", dice la Audiencia, que al desestimar el recurso de la empresa ferroviaria le impone el pago de las costas judiciales.