“Quien detiene palomas al vuelo volando a ras del suelo”.
Lo lamento, pero voy a ponerme muy serio.
La Ley Electoral determina que, para la plena adquisición del cargo público, los candidatos electos deben prestar juramento o promesa de acatamiento de la Constitución.
Nada nuevo ni nada extraño, pues es natural que quién adquiere el cargo en el marco establecido por la Constitución, se comprometa a “guardarla y hacerla guardar”, pues como Norma Fundamental les vincula y obliga de forma que los cargos electos han de realizar sus funciones de acuerdo con la misma; y ello con independencia de que mantengan cualquier diferencia o discrepancia de la naturaleza que sea.
Por tanto, si la Ley Electoral establece dicha obligación, no hay otra respuesta posible a la pregunta que la de “sí, juro” o “sí, prometo”.
El sainete comenzó cuando a tal expresión se antepuso el famoso “por imperativo legal”, que, en una de esas sentencias buenistas y bienintencionadas, el Tribunal Constitucional, allá por 1991, santificó al entender que en sí era “una respuesta afirmativa… que no implica una condición, reserva o limitación, sino solo el precisar que su acatamiento no es resultado de una decisión espontánea, sino simple voluntad de cumplir un requisito que la Ley les impone”.
Como es bien sabido, todo puede empeorar y admitida la quiebra del principio, es cuestión de buscar las vueltas para competir por quien la suelta más gorda. La competición quedó a partir de entonces abierta y se inauguró una liga en la que la prestación del juramento o promesa se ha convertido en un festival de cuarta categoría, al vaciarse de contenido dicho acto. Todo vale, de forma que se admite la burla y mofa, el discursito antisistema, la frase no tanto ingeniosa como hilarante a través de la que se expresa no el acatamiento sino justamente lo contrario.
En la reciente constitución del Parlamento de Andalucía se volvió a desnaturalizar el acto de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, convertido en un circo de poblacho. Una señora llamada Teresa Rodríguez, “lideresa” de Podemos, se despachó acatando la Constitución “hasta que la cambiemos para que obedezca a la gente y no a los bancos”. Sus compañeros los señores Rodríguez y Romero la acataron (es un decir), a pesar de ser un texto “caduco y antidemocrático” y exigiendo una reforma “que signifique la ruptura con el régimen del 78”. El señor Castro, en fin, de Izquierda Unida ni juró ni prometió sino que “se comprometió”.
Escribió un tal Dworkin que los derechos han de tomarse en serio, y el Derecho con mayúsculas también. Cuando a las claras se viola de tal manera tan inequívoca, el Derecho pierde sus razones.
En conclusión, o bien se establece la no adquisición del cargo por quiénes no prestan el juramento o promesa incondicionalmente o se suprime la exigencia, y entonces la Constitución se convierte en puro papel mojado.
Si (
No(
