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MESA REDONDA ORGANIZADA POR TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Soluciones políticas a los males de la democracia en España

jueves 26 de noviembre de 2015, 15:50h
Representantes de PP, PSOE, Ciudadanos, UPYD, Ahora en Común y Podemos lanzan sus propuestas en materia de regeneración política, transparencia y lucha contra la corrupción.
Representantes de las formaciones políticas durante la mesa redonda.  (Foto: Juan Pablo Tejedor)
Representantes de las formaciones políticas durante la mesa redonda. (Foto: Juan Pablo Tejedor)
Representantes de PP, PSOE, Ciudadanos, UPYD, Ahora en Común y Podemos se han reunido este jueves en una mesa redonda organizada por Transparencia Internacional para hablar sobre regeneración política, transparencia y corrupción.

Desde la organización civil han hecho una doble petición a los políticos: “respeto social y voluntad de acuerdo”, antes de hacer tres preguntas concretas a cada uno de los representantes políticos allí presentes. Qué propone su partido para la regeneración democrática, qué medidas proponen para la transparencia social y cuáles para luchar contra la corrupción.

Para abordar la regeneración, ha tomado la palabra en primer lugar Eva Abril, de Ahora en Común, para opinar en nombre de su coalición que esta regeneración política “se tiene que hacer de una manera natural”, eligiendo candidaturas a través de primarias y limitando la permanencia en los cargos, por ejemplo. Eso sí, ha apuntado, las personas que salen tendrían que seguir “vinculados de alguna manera a esas candidaturas” para que puedan enseñar lo que saben y los mecanismos complejos a los que les sigan. Número uno de las listas al senado, ha admitido sin embargo la paradoja de que esta institución le parece “absurda” y está “absolutamente en contra de que exista”. Y así lo hará saber a su llegada, ha asegurado.

Julio Lleonart, de UPYD, ha afirmado que para su partido la regeneración “es algo que siempre ha sido prioritario desde los inicios de su existencia” y que se deben abandonar los “eslóganes vacíos” y empezar a aplicarla internamente y ser “ejemplarizante”. “Esto tiene que ver mucho con la calidad democrática, que es España es bastante baja”. Como propuestas, que los imputados por corrupción no puedan ser candidatos o si están en un cargo, sean cesados. Que se limiten los indultos que concede el Gobierno, que las formaciones políticas no fomenten ni acepten tránsfugas, y que se supriman los aforamientos, entre otras propuestas.

Por su parte, Miguel Ongil, de Podemos, ha recordado que su formación ha sido la primera en señalar que hay “acuerdos agotados” y que hace falta una reforma integral, no “los cambios cosméticos” de la legislatura que toca ahora a su fin. Proponen, desde su fuerza, cinco grandes acuerdos de reforma institucional y constitucional: justicia independiente, -incidiendo también en la eliminación de las tasas y en la derogación de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal- reformar el sistema de partidos, erradicar la corrupción, blindar los derechos sociales y tratar desde la democracia y la participación los problemas territoriales.

Dolores González, en representación de Ciudadanos, ha considero que estos temas son “algo muy diferencial en su programa” y ha hablado sobre los cinco bloques de propuestas que presentase Albert Rivera en Cádiz y que recogen propuestas como el reconocimiento de los derechos fundamentales, la reforma de la ley de partidos, eliminar los aforismos, eliminar la partitocracia en las instituciones judiciales y reconocer el mérito y capacidad, eliminar la nueva ley de enjuiciamiento criminal y más transparencia en la financiación autonómica, entre otras. Ha querido recordar que en la Asamblea de Madrid firmaron un acuerdo de investidura que incluía casi un tercio de medidas relacionadas con estos aspectos y que incluye no llevar imputados en las listas, las incompatibilidades de cargos o la limitación de mandatos.

Ignacio Urquizo, del PSOE, ha hablado de la “desafección ciudadana” hacia la política, asegurando que “para recuperar la confianza lo primero es tener un debate de calidad” que tiene que ver “con cierto respeto a las instituciones”. “Unos quieren demolerlas y otros dejarlas como están”, ha criticado frente a la postura socialista: reformar. Para ello proponen un Parlamento más dinámico, que las comparecencias del presidente sean obligatorias, limitación de mandatos, incrementar la democracia interna en los partidos y medios de comunicación públicos de calidad. Para esto, ha asegurado, su partido estaría a favor de “apoyar formas de medios en modelos de cooperativa, que vayan más allá de los grandes medios”.

El último en hablar de regeneración ha sido Agustín Conde, del Partido Popular, y que ha roto la dinámica nada enfrentada que habían seguido los anteriores ponentes. Aunque ha admitido sentirse en “cierta desventaja” porque su partido presenta el programa el próximo sábado y no podía exponer propuestas concretas, ha querido incidir en que lo positivo es que podía hablar “no de lo que queremos hacer, si no de lo que hemos hecho”. En este punto, ha embestido contra las opiniones vertidas anteriormente sobre la baja calidad de la democracia en España para asegurar que “es una buena democracia, de las mejores de Europa y del mundo”. Aunque, ha matizado, no por ello su partido está “instalado en el inmovilismo” y saben que hay que “hacer funcionar lo que en papel está bien establecido pero tiene sus deficiencias en el funcionamiento”. Y ha comenzado a replicar las medidas de los ponentes, defendiendo la labor del Gobierno popular.

Transparencia y corrupción


La representante de Ahora en Común, ha retomado asegurando que “un delito puede prescribir judicialmente, pero no moralmente” y que los partidos no pueden aceptar “que imputados sigan en cargos públicos” porque haya prescrito el delito. Aunque el mayor problema, ha sentenciado, es que “por parte de la población no se ve como un hecho muy grave y no se penaliza” en las urnas. Otro de los puntos en los que ha hecho más hincapié es en que quien se enriquezca ilícitamente, además de ser condenado a la pena correspondiente, tiene que “devolver el dinero robado, por supuesto”. Eva Abril ha lamentado que “no se hace nada” y ha asegurado que hay que revisar “desde la Transición hasta aquí”.

Desde UPYD han querido recordar que la corrupción “afecta al bolsillo de todos” y a los servicios públicos que se prestan y han lanzado propuestas como reformar la “ineficiente” ley de transparencia, mayor publicidad de sueldos, total transparencia en la contratación pública y crear una plataforma opendata “para que medios y ciudadanos puedan acceder y comparar”. Contra la corrupción, tipificar nuevos delitos de “malversación imprudente” y, entre otras, la protección de funcionarios que “son atacados cuando denuncian un caso de corrupción”.

Dolores González ha asegurado que desde Ciudadanos consideran que “hay que ir mucho más allá de la actual ley de transparencia”, y que han presentado veinte medidas para desarrollar una ley autonómica “mucho más ambiciosa”. Entre estas se incluye acotar los conceptos que la ley nacional “deja en difuso”, ser más exigentes con los plazos, eliminar las barreras de acceso a la información y, sobre todo, poner el foco en “todo lo relacionado con mala praxis en contratación”. En la lucha contra la corrupción, ha asegurado, lo prioritario es facilitar y hacer “más agiles las comisiones de investigación”, algo “tortuoso” actualmente, y proteger a los funcionarios que denuncien.

Ongil ha asegurado que Podemos toma “la desigualdad social como causa y consecuencia de la corrupción”, ejemplificando con los 500 millones de “la Púnica” cuya ausencia hizo necesarios recortes en derechos sociales. “Es un problema moral y económico que nos está sumiendo en la pobreza”. Para luchar contra esto, su formación propone acabar con los indultos y aforamientos, fomentar las inhabilitaciones, proteger a los denunciantes, revertir la ley de enjuiciamiento criminal, así como “limitar drásticamente el endeudamiento”, las donaciones a los partidos y tipificar la financiación ilegal como delito. Además, consideran clave “empoderar a la gente” y fomentar la participación civil y ampliar la ley de transparencia.

El representante socialista ha criticado el comportamiento del Gobierno popular, cuya legislatura ha sido en la que “más decretos ley se han tramitado, usurpando las medidas del debate público”, en la que el presidente del Ejecutivo ha realizado menos comparecencias y en la que “se ha abusado del procedimiento de urgencia”. Abordando la transparencia, ha considerado clave la “prevención y anticipación” a la corrupción y ha explicado los motivos que llevaron a los socialistas a no secundar la ley de transparencia del PP.

El popular Agustín Conde ha querido remarcar que la corrupción “ha sido y es un gravísimo problema que ha afectado a todas las administraciones, a todos los partidos y en lo que no se puede hacer distinciones ideológicas”. Para combatir la corrupción, “hacer posible que cada palo aguante su vela” y dificultar “que aquel que quiera corromperse pueda hacerlo”. Aunque, ha admitido como inevitable que “la corrupción es inherente al ser humano, el mal existe”. Medidas populares, ha listado, la prohibición de que los partidos reciban donaciones anónimas, de las condonaciones de préstamos o la obligatoriedad de los partidos de hacer públicas en sus web las normas de contratación y las cuentas. También ha defendido la ley reguladora del ejercicio del alto cargo, que establece un principio de mérito y capacidad y que haya que publicar en la web el Currículum Vitae, el patrimonio y las actividades previas. Sobre la ley de transparencia, ha lamentado que se vieron “muy solos” los populares y ha tildado las razones argüidas por el PSOE como “excusas de mal pagador”.

A la última pregunta de Transparencia Internacional, sobre en qué medida estarían de acuerdo en apoyar un pacto político sobre transparencia y prevención de la corrupción, todos los representantes se han mostrado proclives a su adhesión, aunque haciendo sus particulares puntualizaciones.
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