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RETIRADA DE PASAPORTE Y PROHIBICIÓN DE SALIR DE ESPAÑA PARA SU EXSOCIO

'Caso Nóos': libertad provisional para Iñaki Urdangarin

'Caso Nóos': libertad provisional para Iñaki Urdangarin
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(Foto: Efe)
EL IMPARCIAL/Efe
jueves 23 de febrero de 2017, 08:44h

Finalmente, la Audiencia de Palma ha dejado en libertad con medidas cautelares pero sin fianza a Iñaki Urdangarin y Diego Torres al tener en cuenta que ambos tienen "arraigo suficiente" y que en ningún momento han tratado de eludir la acción de la Justicia.

Así consta en el auto dictado este jueves por las magistradas de la Audiencia de Palma, que han desestimado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imponer a los dos condenados por el caso Nóos la medida de prisión provisional eludible con una fianza de 200.000 euros en el caso de Urdangarin y de 100.000 euros en el de Torres.

Con su resolución, las juezas han optado por dejar en libertad provisional a Iñaki Urdangarin, con obligación de comparecer el día 1 de cada mes ante la autoridad judicial en su país de residencia, Suiza, tras su condena a seis años y tres meses de cárcel por varios delitos de corrupción y fraude fiscal; ordenan, asimismo, la obligación de comunicar al tribunal cualquier desplazamiento fuera de la UE o cualquier cambio de residencia, incluso temporal.

En lo que respecta a su exsocio, Diego Torres, le mantienen la libertad provisional, con prohibición de salir del territorio nacional, entrega de pasaporte e, igualmente, comparecencias en el juzgado más próximo a su domicilio el día 1 de cada mes y comunicación de cualquier cambio de residencia, incluso temporal.

De acuerdo con el criterio de las magistradas, los dos acusados, especialmente el marido de la Infanta Cristina, tienen arraigo suficiente (familiar, social y laboral) en territorio nacional. Sobre Urdangarin, añade el auto, "sus particulares circunstancias, sobradamente conocidas, nos eximen de su pormenorizado análisis". No obstante, ambos son apercibidos de que el incumplimiento de las medidas impuestas conllevaría la adopción de otras "más gravosas", incluida la prisión provisional.


Reacciones

El tribunal estudiará y resolverá en una resolución aparte las pedidas por la Abogacía del Estado, que ha reclamado el embargo de sus bienes y derechos, la retención del pago de posibles devoluciones tributarias y la prohibición de disponer de sus bienes.

La Abogacía de Baleares se había adherido a las peticiones de fianza de la Fiscalía. Las defensas de Urdangarin y Torres, por su parte, se opusieron a todas las medidas cautelares solicitadas. Contra el auto cabe recurso de súplica en el plazo de tres días.

Por su parte, Pedro Horrach ha tildado de "correcta", aunque ha matizado que "otra cosa es que lo comparta", la decisión sobre las medidas cautelares. Para el fiscal Anticorrupción, "la gravedad de las penas y de los hechos delictivos que se les imputan suponen un riesgo de que se puedan sustraer a la acción de la justicia", si bien está "minimizado" por la situación personal de ambos, aunque "no anulado", por lo que la Fiscalía había solicitado medidas precisas para ello. Respecto a la diferencia económica de la fianza requerida a ambos, Horrach ha subrayado que la posición económica de Urdangarin es mejor que la de Torres.

Así las cosas, la decisión judicial ha sido calificada como "muy favorable" por parte del letrado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, que ha explicado que el marido de la Infanta Cristina "está bien, muy bien" y que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que condena a su cliente a algo más de seis años de prisión.

La Audiencia de Palma condenó el viernes pasado a Urdangarin a seis años y tres meses de cárcel por delitos de prevaricación continuada en concurso medial con falsedad y malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos delitos contra Hacienda. Diego Torres, por su parte, fue condenado a ocho años y medio por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con falsedad y malversación; fraude a la Administración, tráfico de influencias, delito contra Hacienda y blanqueo.

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