JUSTICIA
La Audiencia Nacional investiga a la familia del presidente sirio al Asad por blanqueo de capitales
EL IMPARCIAL/Efe
martes 04 de abril de 2017, 12:56h
Actualizado el: 04 de abril de 2017, 18:35h
Se estima que su patrimonio en España está valorado en 691 millones de euros.
La Justicia española investiga por blanqueo de capitales a Rifat al Asad, exvicepresidente de Siria y tío del actual mandatario del país árabe, Bashar al Asad. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abrió la investigación por la supuesta participación en una red criminal que opera en la localidad de Marbella y en Puerto Banús (Málaga).
Fruto de la cooperación judicial de varios países de la Unión Europea, se pudo acreditar que Rifat al Asad posee un patrimonio en España valorado en 691 millones de euros. Por su parte, la investigación judicial abierta en España ha permitido localizar 503 propiedades de Rifat al Asad y sus familiares -entre plazas de aparcamiento, viviendas, apartamentos de un hotel de lujo o fincas turísticas-, todas ellas embargadas por el juez de la Mata. Entre las propiedades, la mayoría en Puerto Banús y Marbella, destaca "La Máquina", una finca de más de 3.300 hectáreas con un valor de mercado de 60 millones de euros.
El magistrado ha ordenado 15 registros, la mayoría en Puerto Banús, así como el bloqueo de las cuentas bancarias de 16 personas cercanas al tío del presidente sirio y de otras 76 correspondientes a personas jurídicas. Por ahora no se han emitido órdenes de arresto y se desconoce el paradero del empresario, siempre escoltado por fuertes medidas de seguridad.
Rifaat Asad, de 78 años, denominado el 'carnicero de Hama', es uno de los hombres con peor reputación en Siria por sus crímenes. Fue vicepresidente de Siria cuando gobernaba su hermano Hafez al Asad, padre del actual jefe de Estado. En los años 80 del siglo pasado su hermano y entonces presidente le expulsó del país, por temor a que organizara un golpe de Estado contra él. Al parecer le entregó más de 300 millones de dólares procedentes de las arcas del Estado y con ese dinero recaló en Francia, donde en 1984 empezó a comprar propiedades inmobiliarias. En 2016, la justicia francesa le imputó encubrimiento de desvío de fondos públicos, blanqueo en banda organizada y trabajo disimulado en banda organizada.