'OPERACIÓN HULLA'
Anticorrupción investiga al exlíder sindical Fernández Villa
EL IMPARCIAL/Efe
martes 30 de mayo de 2017, 12:30h
Actualizado el: 30 de mayo de 2017, 12:35h
La Fiscalía Especial contra la Corrupción ha lanzado una operación, con registros en Asturias, Valladolid, Madrid y Murcia, contra el ex secretario general del SOMA-FITAG-UGT José Ángel Fernández Villa y el expresidente del Montepío de la Minería José Ángel Postigo por un posible desvío de fondos públicos y privados.
En la operación Hulla, en la que también están siendo investigados los familiares más directos de ambos, participan también el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Fuentes de la investigación han señalado a Efe que hay cuatro detenidos, entre los que no está Fernández Villa, sino otro miembro del sindicato y otras tres personas relacionadas con empresas.
El que fuera líder del sindicato minero durante más de 35 años y José Ángel Postigo están siendo investigados por el "indiciario desvío, apropiación y ocultación de fondos", tanto públicos, provenientes de una subvención concedida en 2009, como privados, pertenecientes a la propia mutualidad, entre los años 2005 y 2014.
Los fondos públicos habrían sido obtenidos por medio de una subvención concedida en el año 2009 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, al Montepío de la Minería Asturiana.
Entre las personas investigadas se encuentra el que fuera asesor fiscal del Montepío, J.M.F.F., el arquitecto M.S.F, autor del proyecto para la construcción de la Residencia de Mayores La Minería en Felechosa, en el concejo de Aller, y el constructor J.A.F.F., administrador de la mercantil adjudicataria del contrato para la construcción de dicho geriátrico, que supuso una inversión de 31 millones de euros.
La investigación se inició por información de inteligencia financiera en relación con un presunto delito de blanqueo de capitales, después de que Fernández Villa regularizara 1,4 millones de euros en la última amnistía fiscal.