Grupos adeptos al chavismo irrumpieron este jueves, por segunda vez en ocho meses, en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela y agredieron a diputados, periodistas y trabajadores el mismo día que la Cámara aprobó convocar para el próximo 16 un plebiscito contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
El Parlamento, dominado por la oposición, estuvo asediado más de siete horas por decenas de simpatizantes de la llamada revolución bolivariana, quienes lanzaron piedras, fuegos artificiales y objetos contundentes durante un ataque que se saldó con cerca de 20 heridos, entre ellos siete diputados.
La Fiscalía ha anunciado la apertura de una investigación mientras el Ministerio Público se encuentra inmerso en otra batalla contra el Supremo, al que acusa de usurpar sus funciones y las del Parlamento con la designación de Katherine Haringhton como vicefiscal, una atribución que corresponde a la titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz.
Por su parte, la oposición venezolana, que ha instigado a la Fiscalía a que investigue los hechos del 5 de julio, ha anunciado este viernes las preguntas del referéndum del 16 de julio para que los ciudadanos se pronuncien sobre el proceso Constituyente activado por el Gobierno, una consulta que aseguran será "el "acto de desobediencia civil más grande de la humanidad".
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) explicó que serán tres las preguntas en dicha consulta (no vinculante), convocada al margen del Poder Electoral -acusado de servir al Gobierno- para hacer frente al cambio de Carta Magna que promueve el Ejecutivo mediante una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
En el referendo se espera que los ciudadanos se expresen sobre la elección de los miembros de la ANC, prevista para el 30 de julio, así como si demandan a la Fuerza Armada y a los funcionarios cumplir la actual Carta Magna y las decisiones del Parlamento, controlado por la oposición. Además, los votantes en el referendo pueden dar el sí a la renovación de los Poderes Públicos, mayormente afines al Gobierno, y "a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un Gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional".
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