La Justicia europea impone una multa de tres millones por el retraso en la estiba

El Tribunal de Justicia de la Unión ha sancionado a España con tres millones de euros a España por el retraso en la liberalización del sector de la estiba. De esta forma, se rebaja la cuantía económica del primer dictamen de 2014, cuando la posible multa ascendía a cerca de 25 millones de euros.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha valorado el papel del Gobierno español, que ha obrado de "buena fe y con la máxima colaboración con las autoridades europeas" a la hora de resolver la sanción económica. De la Serna se ha mostrado "orgulloso" por el trabajo realizado por el Ejecutivo español junto con la Comisión Europea para tratar de rebajar la multa.

Precisamente el miércoles, un día antes de la sentencia, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha sostenía que, si hay una multa a España por el retraso en reformar la estiba la responsabilidad recaque sobre “aquellos que no apoyaron la convalidación del real decreto ley” en su día, lo que obligó a presentar otro.

Los magistrados de la corte de Luxemburgo argumentan esta multa en la que "deben tenerse en cuenta todas las circunstancias del incumplimiento que se le imputa y, en particular, la duración y la gravedad de la infracción". No aceptan, por ejemplo, que el incumplimiento obedeciera a "dificultades internas relacionadas con la disolución del Parlamento nacional, con el hecho de que el Gobierno se encontrara en funciones y con la celebración de nuevas elecciones".

Sin embargo, encuentran argumentos para ser benevolentes: "España ha demostrado buena fe, en particular cooperando estrechamente con la Comisión (Europea) durante el procedimiento administrativo previo", dice la sentencia europea.

El pasado 29 de junio los sindicatos del sector de la estiba y la patronal Anesco alcanzaron un principio de acuerdo que contemplaba la subrogación de los estibadores portuarios actuales como preludio de un nuevo convenio colectivo y que aplacó el conflicto social del sector.