Revisando antecedentes para mi artículo de esta semana, releo el que escribí el 10 de noviembre de 2014, al día siguiente de la anterior consulta catalana, entonces definida como “derecho a decidir”, que ya hoy califican los independentistas como “derecho de autodeterminación”. No es vanidad lo que me lleva a publicarla otra vez. Yo mismo me he asustado al leerla. Quiero compartir ese sentimiento con mis lectores. Después del próximo 1 de octubre puede que estemos en situación anímica parecida a la de aquel 9 de noviembre de 2014. ¿Nos merecemos los ciudadanos que el 2 de octubre próximo estemos, como el pasado 10 de noviembre de 2014, angustiados porque “a la tercera va la vencida”? Creo firmemente que el 2 de octubre será la ocasión única para que todos los que amamos nuestra democracia constitucional busquemos e impulsemos los acuerdos necesarios para no perderla. Las querellas entre las fuerzas políticas tienen que dejar urgentemente paso al consenso necesario. En 2014 se pudo minimizar el 9-N. Hoy la crisis no se puede ocultar. Y no es algo que afecte solo al Gobierno, aunque éste tiene la obligación y la oportunidad de liderar la respuesta de la sociedad.
Esto firmé el 10 de noviembre de 2014:
“Escribo esta carta el día posterior a la consulta catalana. Estamos en el tópico 10-N, es decir, en la fecha que abría un periodo de incertidumbres, pero con lo que ha sucedido, las incertidumbres son mayores que las que se previeron para después del 9-N, la fecha mitificada por los independentistas catalanes.
No son consecuencia de las cifras: han votado 2,3 millones de catalanes, un 33 por ciento del censo, y los partidarios de la independencia son sólo 1,8 millones de ciudadanos.
La incertidumbre procede de que esa votación, calificada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, de “inútil y estéril”, ha sido un acto con bastantes elementos insurreccionales, pues la apertura de urnas ha sido un éxito de la estrategia revolucionaria de las “organizaciones de la sociedad civil catalana”, como la Asamblea Nacional Catalana.
El gobierno de Cataluña ha celebrado su consulta sobre “el derecho a decidir” y por eso mismo la legalidad constitucional ha sido flagrantemente ignorada; el Estado ha perdido frente a la Generalidad y el presidente de la Generalitat de Catalunya se ha impuesto al presidente del Gobierno de España. Hace unos días, el presidente Mas manifestó que el principal enemigo de Cataluña era el Estado español, y eso lo dijo cuando prometió un sucedáneo de consulta después de que el Tribunal Constitucional prohibiera la inicialmente prevista. El Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional fueron consultados por el Gobierno, y aunque ambos órganos concluyeron que la consulta y las preguntas de la consulta no eran democráticas ni cabían en el ordenamiento constitucional, el Gobierno no paró el sucedáneo de consulta pidiendo a la fiscalía que la suspendiese, e intentó a última hora trivializarla, olvidándose de lo que el presidente catalán pensaba del Estado y de su Gobierno.
El Europa las revoluciones habidas después de 1989 suelen ser de terciopelo. Como aparentemente no cuestan mucho y son casi indoloras, mucha gente se apunta a una ruptura legal con actitud casi deportiva. Algo así ha cuajado en la mentalidad de la ciudadanía catalana. Y sin embargo, el Gobierno de España (o como se decía del primer Gobierno socialista, “el Gobierno de la Nación”) el lunes 10 sigue con la misma táctica minimizadora. El presidente del Gobierno prepara en silencio su viaje a Australia, y las declaraciones oficiales más relevantes correspondieron al diputado Pedro Gómez de la Serna, presidente de la Comisión Constitucional, quien satisfecho aseveró que el referéndum catalán había tenido menos participación que los referéndums de Escocia y de Montreal. ¿Acaso había sido el catalán comparable a referéndums plenamente legales? Lo que me dejó turulato es escuchar en una radio que ahora el Gobierno instaba a los fiscales a investigar el comportamiento de Mas y de su Gobierno. El domingo Mas desafiaba al Gobierno con una frase que lo convirtió en un héroe, aclamado por eso por las multitudes patrióticas: “Si la fiscalía quiere saber quién es el responsable, que me miren a mí”. El ministro Rafael Catalá, empero su competencia con la fiscalía, nada dijo de eso cuando sostuvo la noche de autos que la consulta era “inútil”, pero no dijo que era “ilegal”. Además, si ahora el Gobierno piensa que fue ilegal, ¿por qué no la prohibieron?
La diputada del PP, Consuelo Álvarez de Toledo, impulsora de la plataforma ciudadana “Libres e Iguales” (donde participa el premio Nobel Vargas Llosa, como he comentado en esta misma columna), ha manifestado su personal sensación de “desamparo” por parte del Gobierno y de su presidente. Sin duda, la opinión de Álvarez de Toledo revela, por una parte, el cabreo profundo de la ciudadanía española, y por otra, ¿indica esto movimientos contra el presidente Rajoy dentro de su propia organización política? ¿La irritación es sólo contra el “arriolismo" (de Pedro Arriola, el consejero electoral del presidente del Gobierno y del partido) o alcanza a Rajoy y su conocida costumbre de reducir la democracia a demoscopia?
Estas incertidumbres se producen porque la política se ha empequeñecido ante el discurso tecnocrático de la superación de la recesión económica y de las encuestas electorales coyunturales. En Cataluña, especialmente, los ciudadanos que no quieren la secesión se sienten políticamente desamparados. El triunfo de la consulta es el triunfo de la fuerza sobre la ley, y ante eso es básico que los constitucionalistas, todavía mayoría en Cataluña y en España, encuentren la manera de responder a ese desafío político, y el presidente del Gobierno tiene la obligación de liderar esa respuesta política.”
Si (
No(
