Caso 1.200 empresas han abandonado Cataluña desde el referéndum

El referéndum ilegal del pasado 1 de octubre ha provocado un éxodo empresarial sin precedentes en Cataluña. Hasta la fecha se han contabilizado 1.185 compañías que han dejado la Comunidad Autónoma para trasladar su sede social a otros puntos de la geografía española.

La salida de empresas de Cataluña se disparó este jueves, con 268 en una sola jornada, y asciende ya a 1.185 desde el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, según datos del Colegio de Registradores de España.

De las 268 empresas que trasladaron su sede social fuera de Cataluña, el número más alto en un día desde que se inició este éxodo, 247 estaban afincadas en Barcelona, 13 en Tarragona, 5 en Gerona y 3 en Lérida.

En sentido contrario, desde el 2 de octubre hasta ayer han llevado su domicilio social a Cataluña 52 empresas, lo que deja un saldo negativo de 1.133 sociedades.

Entre el 2 y el 9 de octubre, abandonaron esa comunidad autónoma 219 empresas (la mayoría, 212, el día 9), a las que se sumaron 177 compañías el día 10; 155, el día 11; 81, el día 13 (el día 12 fue festivo); 60, el lunes, 16; 105, el martes; y 112, el miércoles. La mayor parte de las empresas que han movido su sede, 1.060, estaban afincadas en Barcelona.

Ibex 35: seis de siete, fuera

De todas las compañías que han trasladado su sede social fuera de Cataluña, seis cotizan en el Ibex 35, dos en el mercado continuo y siete en el mercado alternativo. De las siete catalanas que cotizan en el Ibex sólo la farmacéutica Grifols ha mantenido su sede social en Cataluña, el resto se han ido, definitiva o temporalmente.

Caixabank: con 24.300 millones de facturación y 347.927 millones de euros en activos es la tercera entidad financiera española. A finales de 2016 contaba con 5.046 oficinas, 32.403 empleados y 13,8 millones de clientes. Fue una de las primeras en cambiar de sede (a Valencia), aprovechando el Real Decreto Ley promovido por el Gobierno para facilitar este tipo de operaciones, ante la situación de inestabilidad en Cataluña. Su consejo de administración fundamentó su decisión unánime en "la protección de sus clientes, accionistas y empleados, y con el objetivo de salvaguardar plenamente la seguridad jurídica y regulatoria consustancial al ejercicio de su actividad".

Gas Natural-Fenosa: la compañía que preside Isidro Fainé, que a su vez es presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, es una de las mayores energéticas del país y una de las empresas más grandes que operaba en Cataluña. Con una facturación de 23.184 millones de euros y 19.661 trabajadores, este grupo multinacional tiene presencia en más de 30 países y cuenta con casi 22 millones de clientes. Fue la segunda empresa del Ibex en anunciar su marcha de Cataluña (de Barcelona a Madrid), aunque matizando que se trataba de una decisión "temporal".

Abertis: el consejo de administración de la concesionaria de autopistas, para la que trabajan 15.122 personas, anunció que había tomado la decisión de cambiar la sede de Barcelona a Madrid debido a la "inseguridad jurídica generada por la actual situación política". En 2016 tuvo un beneficio neto de 796 millones de euros.

Banco Sabadell: fue la primera empresa del Ibex 35 que trasladó su sede fuera de Cataluña (a Alicante), debido a la crisis independentista. A 31 de diciembre de 2016, los activos de Banco Sabadell eran de 212.508 millones de euros, lo que la convierte en la cuarta entidad financiera española. Por esas mismas fechas contaba con 2.767 oficinas, 25.945 empleados y 11,9 millones de clientes.

Cellnex: el principal operador independiente de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas de Europa, que cuenta 1.295 empleados, también anunció el "traslado temporal" de su domicilio social debido al contexto de incertidumbre generado en Cataluña. Durante el pasado ejercicio fiscal tuvo unas cifras de negocio de 670,4 millones de euros.

Inmobiliaria Colonial: con 274 millones de euros en ganancias y 142 empleados, la compañía patrimonialista propietaria de edificios de oficinas en Barcelona, Madrid y París, comenzó a cotizar en el Ibex 35 en junio de este año. Su presidente, Juan José Bruguera, preside el Círculo de Economía, influyente 'lobby' empresarial que ha hecho pública su "máxima preocupación" ante la posibilidad de una declaración unilateral de independencia en Cataluña. Este hecho llevó a su consejo de administración a tomar la decisión unánime de cambiar Barcelona por Madrid.

La única empresa catalana del Ibex que aún no ha trasladado su sede social es Grifols. Con sede en Barcelona, la farmacéutica factura unos 4.000 millones de euros anuales y cuenta con casi 15.000 empleados. De momento siguen, aunque no descartan tomar "cualquier medida en el hipotético supuesto de que la actual situación derivase en un nuevo escenario que pudiese afectar el curso normal de los negocios o de la situación financiera de la compañía", como explicaron fuentes de la compañía a Efe.

Muchas otras empresas de las que se han ido, pese a no estar presentes en el máximo mercado bursátil español, tienen una notable importancia en sus respectivas áreas de actividad. Tal es el caso del Grupo Planeta, uno de los principales conglomerados comunicativos y editoriales del país. La empresa que preside Josep Creuheras anunció tras la 'no declaración' de Puigdemont que "la decisión estaba tomada" debido a la inseguridad jurídica que se produciría".

Mismos o parecidos motivos alegaron otras compañías como las aseguradoras AXA y Catalana Occidente, la dietética Naturhouse, las alimentarias Bimbo o Idilia Foods (propietaria de Cola-Cao y Nocilla), la cervecera San Miguel, la empresa de paquetería MRW o la tecnológica Agbar.

Un traslado simbólico pero efectivo

En este momento el efecto del cambio de sede es más simbólico que real. Según la legislación española el domicilio fiscal debe ser el mismo que el domicilo social. Sin embargo, el principal impuesto que grava las actividades empresariales es el impuesto de sociedades, cuya recaudación es estatal, por lo que realmente no importa en qué lugar del territorio nacional se encuentre la sede de una compañía. No obstante, existen otros gravámenes como el impuesto de actividades económicas o el de transmisiones patrimoniales que sí se pagan en municipios y comunidades autónomas, respectivamente.

La actividad empresarial está sometida, por su propia naturaleza al riesgo. Por eso, una de las funciones principales de los administradores de una sociedad mercantil debe ser minimizar esa incertidumbre al máximo. Huelga decir que la situación que se está viviendo actualmente en Cataluña dista mucho de ofrecer la tranquilidad que buscan los empresarios, inversores y clientes.

Es muy posible que si se produjese una eventual declaración de independencia sus efectos fueran nulos de pleno derecho, y por tanto, jurídicamente, todo seguiría igual. Sin embargo, para evitar ese posible escenario en el que se generaría tensión e inseguridad, una buena parte del empresariado catalán ha cortado por lo sano, eliminando la palabra 'riesgo' de la ecuación y haciendo efectivo el traslado de su sede fuera de la Comunidad Autónoma.

En el hipotético caso de que la Generalidad consiguiera hacer efectiva la independencia, las pérdidas en concepto de sociedades superarían los 3.000 millones de euros (cantidad que podría verse incrementada una vez se sepa el número final de compañías que han abandonado Cataluña). Es decir, la independencia le costaría a la Generalidad un 15 por ciento de lo que ahora gana a través del impuesto de sociedades.