Vivir la decadencia

Johan Stuart Mill, el principal teórico del utilitarismo, hombre valiente que nunca bajo la voz frente a los grupos de poder, con actitud vehementemente crítica, en plena sociedad victoriana, manifestó en un filoso artículo que “los ingleses, mirados desde un punto de vista, son un pueblo notablemente imbécil”. Casi un siglo después el ilustre travieso Gilbert Keith Chesterton coincidía con esa opinión. “Nada nos salva de una estupidez crónica que nos caracteriza como sociedad”, deslizaba con menos prudencia que valentía. Duele decirlo, pero los melancólicos resultados del Brexit, parecen confirmarlo. Los ingleses no son los únicos, claro. Por desgracia hay otros pueblos en idéntica situación. ¿Qué decir de los argentinos, en especial de su voluble dirigencia, bien adiestrada en tropezar siempre con la misma piedra y exhibirse con el estandarte del eterno retorno, enarbolado por el frenético Frederick Nietzsche?

Aún en la inmediatez, como todo lo sujeto al devenir del tiempo, el presente de la política suele ser pretérito. Sobre todo en un país como la Argentina donde las cosas se deslizan sobre arenas movedizas. Moderado, sobrio en sus pareces, escaso de brillantez retórica, capaz de avistar las trampas que tienden los opositores, en especial los del difuso, solapado e incoherente peronismo, el ingeniero Mauricio Macri parece ignorar que la raíz del infortunio de la política económica se debe buscar acaso menos en la economía que en el carácter y la imbecilidad de los propios argentinos.

Con un gradualismo estudiado, que quita siempre un poco, aunque sin matar, durante sus ya casi tres años de gestión, Macri parece mostrarse temeroso de bajar la presión fiscal y el gasto público al imaginar que una de sus consecuencias podría haber sido una mayor reducción de la actividad económica. Tampoco exhibió firmeza para bajar con mayor determinación los impuestos al suponer que esta medida iba a aumentar el repudiado déficit.

Pero, vayamos al centro del asunto sin eufemismos. La Argentina viene de una dilatada decadencia que ya dura más de setenta años y, hasta ahora, no hay ningún argumento sostenible para pensar que se ha superado. Si observamos en el corto plazo nada indica que la economía arranque en lo que queda del actual Gobierno. Los números, que van a estar por encima de 2017, no significan demasiado para vaticinar una mejora. Quizá en 2018 terminemos el año con crecimiento, pero no será suficiente como para asomar la cabeza. Eso debido a que hay sectores que están teniendo una cierta recuperación y otros que siguen en recesión. Una parte del agro, por ejemplo, en especial el que exporta, anda relativamente bien; una parte de la industria tomó también un pequeño impulso; sectores como la construcción exhiben, apoyados en la obra pública, un saludable crecimiento, pero el comercio interno sigue flojo porque los salarios reales aún no se recuperan y el consumo no crece.

En esa línea, los mayores perjudicados han sido aquellos que tuvieron un beneficio artificial durante la época kirchnerista; me refiero concretamente a los textiles, la industria del calzado y la industria metalmecánica, que fueron sectores que crecieron a tasas insostenibles y alucinantes y ahora se ven duramente golpeados. Las reglas del juego las siguen imponiendo los sectores históricamente protegidos; es decir, los subsidiados de un lado o de otro. Así que no hay ningún motivo por el cual suponer que ellos vayan a dejar de seguir pidiendo lo que siempre han pedido, y con evidente éxito, por supuesto.

El gran problema sigue siendo el abultado déficit fiscal que lleva a tomar deuda todo el tiempo para cubrirlo y el insuperable gasto público que, en parte se cubre con emisión de dinero. Ya hemos señalado que la única revolución posible en la Argentina es la reforma del Estado, ese paquidermo gigantesco y paralítico que no deja de engordar y supera cualquier régimen.

“Tenemos que apuntar a la modernización del Estado, abierto, íntegro, transparente y democrático. Tenemos que jerarquizar el empleo público y no degradarlo”, enfatizó en una reciente entrevista el presidente Mauricio Macri. “No tendría que haber jubilaciones de privilegio ni regímenes especiales”, siguió afirmando. “No podemos gastar más de lo que recaudamos. Tenemos que seguir bajando la inflación y comprometernos a que la inflación nunca más sea un instrumento de la política. Y tenemos que equiparar la carga tributaria”.

Magníficas expresiones de deseos, a las que sumó otras contundencias no menos exaltadas: “Estamos decididos a construir un Estado que no esté al servicio de la política, de sus funcionarios o los gremios. Sabemos que hay casos de legisladores que tienen más de 80 empleados, repartidos por todos los rincones y recovecos donde funcionarios de todos los gobiernos, en todos los niveles, logran ubicar amigos, parientes, militantes de sus agrupaciones. Un ejemplo es el de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que tiene más personal que las bibliotecas más grandes del mundo. Más de 1700 empleados es un número escandaloso. Este tipo de estafas se tienen que terminar. Nuestra generación está dispuesta a que poner en orden la cuentas públicas”.

Hasta ahí muy bien. Impecable la evaluación. Obviamente, el diagnóstico de Macri parecería ser coincidente con el de no pocos economistas ortodoxos para quienes el excesivo gasto estatal termina ahogando con una presión impositiva cada vez mayor el crecimiento del sector privado y de la economía. Sin embargo, convengamos que, hasta lo que va del partido, no se ha hecho demasiado por revertir esta situación. El mismo discurso lo venimos escuchando desde hace décadas. El gobierno de Macri, en la primera mitad de su gestión, según un estudio de la Fundación Libertad y Progreso, hizo todo lo contrario, ya que aumentó el gasto público, pasando el número de ministerios de 16 a 21 (incluyendo la Jefatura de Gabinete), a los que deben sumarse 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarías de Estado, 687 direcciones nacionales y generales y 122 institutos, sin contar universidades ni academias. Todo eso hace un total de 1124 unidades administrativas. En fin, cosas de los favores del partidismo, siempre presente.

Sin ser tan negativos, digamos que en los últimos meses, el gobierno nacional intentó congelar la cantidad de empleados públicos, aunque su esfuerzo resultó insuficiente. Recientemente, el gracioso, modernísimo Ministerio de Modernización (de pomposo nombre), comenzó a instrumentar sistemas biométricos en distintos ministerios y organismos oficiales para controlar el horario de ingreso y egreso de quienes se desempeñan en oficinas del Estado nacional. También se anunció el establecimiento de premios por presentismo para aquellos agentes públicos con asistencia perfecta en el último cuatrimestre. Pero de reducción, cero. Cosa no sencilla por otro lado. Una cosa es prometer y otra realizar.

El problema que no resuelven directamente esas medidas es que en el Estado hay muchos empleados que sobran y que no son pocos los que, más allá de concurrir diariamente a una oficina pública, no tienen qué hacer o llevan a cabo tareas que no son imprescindibles.

Hoy el peronismo se muestra herido. No sé si de muerte. Ha venido gobernando al país desde años consecutivos, y hundiéndolo, cada vez más, pero su arraigo en las clases populares sigue firme. Nada aparece para reemplazarlo. La pregunta clave es si los líderes de la hoy debilitada corporación (en su mayoría gobernadores e intendentes), que no van a entregarse sin pelear, acabarán colaborando con el Gobierno o complicándole más la vida. Desde el terreno sindical la división es clara; desde el político, aunque los gobernadores por un asunto de salvataje oportunista votaron casi todos contra la ley previsional, perjudicial para los jubilados, aún no se ve. Me inclino por creer que, como diría Borges, aunque no los una el amor sino el espanto, en defensa de sus intereses lograrán algún acuerdo. Y esto afecta al gobierno de Macri, que pierde puntos por medidas anti populares, como el permanente aumento de tarifas y el costo de la inflación.

En cuanto a las medidas de ajuste que impone el Gobierno, creo que al hacerlo se debe empezar por casa y no exhibiendo una demostración de poder frente a gente que no se puede defender. Tal el caso reciente de los jubilados, en su mayoría pobre gentes, muy pobre, que trabajaron toda su vida por dos centavos y se jubilaron por uno. Estamos de acuerdo en que hay que ajustar; pero, cuando se lo hace se debe empezar por uno mismo. Lo más importante no es el ajuste en sí, es la autoridad moral para llevarlo a cabo; es decir, si la gente puede pagarlo. Por otro lado, por qué no se corta el fabuloso costo del gasto público, las jubilaciones de privilegio de políticos y jueces que superan en más de un cincuenta por ciento de lo que cobra un jubilado común.

Estamos de acuerdo, por cierto, que Macri no es un Robin Hood que les saca a los ricos para darles a los pobres, pero tampoco expropia a los pobres para dárselo a los ricos. Un equilibrio razonable si se quiere. Aunque el equilibrio es difícil en un país desequilibrado y a expensas de cualquier naufragio. Un juego de tira y afloje habitual que se soporta desde hace varias décadas. Y ya es endémico.

Con enojo, con dolor, acaso con menos prudencia que indignación, señalo estas cosas. Difíciles tiempos los que nos tocan vivir, sobre todo aquí, en una Argentina inmanejable, hay que reconocerlo.