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EDITORIAL

Sánchez, en el filo de la navaja de los presos

viernes 29 de junio de 2018, 12:56h

Los separatistas, y naturalmente Podemos, más que apoyar a Pedro Sánchez en la moción de censura, votaron para echar a Rajoy de La Moncloa. El nuevo presidente del Gobierno, por tanto, no tiene facturas pendientes con los golpistas catalanes ni con los nacionalistas vascos. Tiene facturas futuras, pues para gobernar con 84 escuálidos escaños necesita contentar a todos los partidos que le llevaron a La Moncloa.

En su entrevista con Íñigo Urkullu , Pedro Sánchez ya se vio obligado a prometer al presidente del Gobierno vasco el acercamiento de presos etarras a las cárceles de la Comunidad Autónoma. Una cesión inquietante y una ofensa a las víctimas del terrorismo. Pero resulta más alarmante aún, la reunión que se ha celebrado este jueves entre el lendakari, el presidente del PNV y la secretaria general de los socialistas vascos. Pues el principio de acuerdo al que han llegado el propio Urkullu, Ortuzar y Mendia consiste en vincular la cesión de la política penitenciaria no solo al acercamiento de presos, sino a la “progresión de grado” de los terroristas; esto es, a estudiar la excarcelación de algunos criminales de ETA.

Pedro Sánchez, en su afán por amarrar el poder, se adentra en un campo de minas. El torpe argumento de que tras la disolución de ETA hay que aplicar otra política penitenciaria en ningún caso puede conducir al Gobierno a la indignidad de excarcelar a los criminales de la banda terrorista para amarrar los cinco escaños del PNV. Supondría un escándalo político, una ofensa al Estado de Derecho, incluso una profunda crisis entre los propios socialistas. Y electoralmente, una enorme torpeza. Como siempre, eso lo sabe el astuto Pablo Iglesias que ya ha aplaudido sin rubor esta propuesta.

Los secesionistas catalanes también allanan el terreno en el mismo sentido. El acercamiento de los presos separatistas a las cárceles catalanas, como ha aceptado el juez Llarena, depende de Instituciones Penitenciarias. Por eso, el ministro del Interior ya prepara la documentación para que se inicien los traslados. Pero, como era de esperar, Quim Torra ya ha advertido que ese “gesto” no le vale. Exige que los golpistas sean excarcelados, por ser “presos políticos”. No puede ahora el Gobierno contentar al presidente de la Generalidad, pues hasta que no concluya la instrucción, esa medida depende del Tribunal Supremo. Pero en cuanto se dicte la sentencia en los primeros meses del otoño, Pedro Sánchez tendrá la potestad de indultarles. Y en ese momento, los partidos separatistas con Podemos al frente le presionarán para que sea indulgente.

Pedro Sánchez no parece ser consciente de que la cesión a los nacionalistas vascos o a los secesionistas catalanes en su afán por excarcelar a los criminales de ETA o a los golpistas supondría una conmoción política e institucional de gravísimas consecuencias. El diálogo que propugna el presidente del Gobierno no consiste en ceder en todo, en rendirse, en abofetear al entero Estado de Derecho. Aún más: ni siquiera en el caso de excarcelar a los criminales de ETA o a los golpistas habría resuelto el problema. Porque el PNV, en su reunión con Idoia Media, ya ha propuesto que en el nuevo Estatuto Vasco se incluya el “derecho a decidir”. Y Puigdemont y su marioneta Quim Torra, como sabe hasta el más ingenuo, nunca cejarán en su empeño de construir la República Independiente. De hecho, el presidente de la Generalidad ya ha anunciado que en la reunión del día 9 con Pedro Sánchez va a poner encima de la mesa su exigencia de celebrar un referéndum pactado.

Pedro Sánchez debe creer todavía que con sonrisas, gestos complacientes y buenas palabras va a “evitar la confrontación” y a lograr frenar el desafío secesionista catalán. Lo único que ha conseguido, de momento, es animar al PNV a seguir el mismo camino con su clausula del “derecho a decidir”. El presidente del Gobierno camina sobre el filo de la navaja de los presos. Si no rectifica a tiempo, se estrellará como presidente del Gobierno y como secretario general del PSOE. Y, aún peor: violará la dignidad nacional.

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