Como informaba “El Imparcial” el domingo, destacados ministros del Gobierno y los pesos pesados del PSOE intentan convencer a Pedro Sánchez para que convoque elecciones cuanto antes. Según estos dirigentes, agotar la legislatura, como pretende el presidente del Gobierno, supondría un nuevo descalabro de los socialistas en las urnas por fracasar en los dos grandes retos del Ejecutivo: frenar el desafío secesionista y aprobar los Presupuestos. Pues, pese a ceder hasta la indignidad ante Puigdemont, los separatistas mantienen su feroz ofensiva al Estado. Y Bruselas no le permitirá elevar el techo de gasto hasta los 15.000 millones de euros como exigen Podemos y ERC, al margen de que eludir al Senado supone una temeridad y una flagrante ilegalidad.
Las rectificaciones y contradicciones del Gobierno son la prueba de ese nerviosismo y el caso Llarena, el mejor ejemplo. Puigdemont y algunos de sus consejeros han presentado ante la Justicia belga una demanda contra el magistrado del Supremo por declarar que en España no hay presos políticos. En el escrito de acusación, el expresidente de la Generalidad califica a nuestro país de Estado delincuente y jurisdiccionalmente inválido y sectario, llegándolo a comparar con Kazajistán.
Ante estas gravísimas acusaciones a la democracia española, la vicepresidenta del Gobierno calificó esos insultos de “un asunto privado de Llarena” y negó la asistencia letrada al magistrado del Supremo ante el juzgado belga, pese a que dos informes de la Abogacía del Estado recomendaban a la ministra de Justicia lo contrario. La cobarde pasividad del Gobierno por no alterar a sus socios separatistas provocó un escándalo sin precedentes. Las Asociaciones de Jueces y Fiscales emitieron un durísimo comunicado contra el Gobierno por dejar indefenso a un magistrado del Supremo y PP y Ciudadanos exigieron explicaciones a Pedro Sánchez.
Ante esta avalancha de críticas, y la consecuente bomba electoral, el Gobierno se ha visto obligado a rectificar radicalmente, aunque no lo quiera reconocer. En un comunicado de La Moncloa, el Ejecutivo anunciaba ayer que “iba a defender a Llarena hasta las últimas consecuencias” y el presidente del Gobierno, en su gira americana, declaraba esta madrugada que “la defensa del juez no es una cuestión privada sino de Estado”.
Hay que elogiar la rectificación del Gobierno en un caso tan trascendental como este. Pero para la imagen de España y de su Estado de Derecho el daño ya está hecho. Incluso para la resolución de la causa ante la Justicia belga, los bandazos del Gobierno pueden resultar perjudiciales.
Pedro Sánchez tiene que asumir cuanto antes que no puede gobernar con 84 escaños y el apoyo condicionado de los partidos que quieren destruir España. La última amenaza de Puigdemont debería hacer reflexionar al presidente del Gobierno. Desde Waterloo y en compañía de Quim Torra anunció ayer un otoño caliente si el “gobierno no pasa de las palabras a los hechos”. Y ya se sabe que los “hechos” no son otros que convocar un referéndum de autodeterminación. Si no quiere deteriorar más la democracia española y destruir a su partido, el presidente del Gobierno está obligado a disolver las Cortes y convocar elecciones. O el anunciado otoño caliente le abrasará.
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