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DESAFÍO SOBERANISTA

El juicio por la consulta ilegal del 9-N queda visto para sentencia

El expresidente de la Generalidad Artur Mas (c), la exconseller Joana Ortega (i) y Francesc Homs, a su salida del Tribunal de Cuentas, este miércoles.
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El expresidente de la Generalidad Artur Mas (c), la exconseller Joana Ortega (i) y Francesc Homs, a su salida del Tribunal de Cuentas, este miércoles. (Foto: EFE)
jueves 11 de octubre de 2018, 15:48h
Mas reitera el relato victimista del separatismo ante el Tribunal de Cuentas.

El juicio en el Tribunal de Cuentas por la consulta soberanista del 9 de noviembre ha quedado visto para sentencia tras las acusaciones de "referéndum encubierto" de Sociedad Civil y la defensa del expresident Artur Mas, que piensa que a esta entidad "le sabe a poco" la condena penal y busca más embargos.

Hoy, en el juicio, iniciado ayer con el interrogatorio al expresident Mas y los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega por su supuesta responsabilidad en la desviación de fondos para el 9-N, se han expuesto las conclusiones de los letrados de la parte demandante (Sociedad Civil, Abogados catalanes por la Constitución y Abogacía del Estado) y de la defensa de los ex altos cargos.

Para el abogado de Sociedad Civil Catalana (SCC), Manuel Zunón, ha habido todo tipo de "triquiñuelas" para sacar la consulta adelante. "Estaban decididos a hacerla y no había la más mínima posibilidad de pararla por parte de las instituciones del Estado".

Zunón ha asegurado que el 9-N no fue un hecho aislado, "sino un plan de ruptura constitucional, en el que nada se improvisó". A su juicio, hubo "una planificación incompatible con la ignorancia" alegada por los demandados y ha remarcado que había "un arsenal de planes" en función de la respuesta del Estado.

El letrado ha insistido en que Mas y los exconsellers "sabían que no podían hacer un referéndum de autodeterminación" y, en concreto, ha acusado a Homs de ser el cerebro del 9-N, por su responsabilidad al frente de los servicios jurídicos.

Por su parte, Rafael Entrena, el abogado del expresident Mas y la exconsellera Joana Ortega, ha afirmado que "todo el gasto se desarrolló antes de la suspensión del Tribunal Constitucional", que fue el 4 de noviembre y todas las partidas fueron "informadas favorablemente. No hubo reparo alguno ni por la Abogacía de la Generalidad ni los servicios jurídicos".

Ha recordado también que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el Supremo ya descartaron que hubiera delito de malversación. "Se podrá estar de acuerdo o no pero no se puede traer esta disconformidad a sede contable", ha dicho Entrena. En opinión de Entrena, a Sociedad Civil "le sabe a poco la condena penal, y quiere una adicional" y más embargo de patrimonio.

Bienes afianzados

Hace un año, el Tribunal de Cuentas impuso a Mas una fianza de 5,2 millones de euros, dinero que no pudo abonar, por lo que sus bienes han quedado afianzados.

Tanto ayer en el interrogatorio como hoy en la presentación de conclusiones, la partida de 2,8 millones de euros destinada a la compra de ordenadores ocupó gran parte de las intervenciones. Hoy, Entrena ha dicho que está perfectamente acreditado que los 7.000 portátiles se destinaron al servicio público de educación.

No obstante, la acusación ha apuntado la coincidencia de que el número de ordenadores fuese prácticamente el mismo que el número de mesas previstas para el proceso. Entrena también ha considerado probado que la consulta se convocó en el marco competencial que establece el Estatut y contaba con el informe favorable del Consell de Garantías Estatutarias. Además, el abogado ha afirmado que está acreditada la "estricta obediencia" a las providencias adoptadas por el Constitucional por las que se suspendía la consulta.

Tras la suspensión se convocó un "proceso participativo" con diferente soporte presupuestario, legal, administrativo, contractual y logístico y, por tanto, todos los gastos efectuados contaban con sustento legal "y en ningún caso serían injustificados o indebidos".

También la letrada del exconseller Homs, Montserrat Rosell ha asegurado que no hubo responsabilidad contable ni menoscabo en las arcas públicas, como sí denunció el abogado del Estado, Javier Borrego. De hecho, Borrego ha tildado la consulta de "tosca y chapucera", con una clara "finalidad política", además de "dirigida y tutelada" por la Generalidad.

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