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MOVILIDAD

Garrido denuncia Madrid Central porque afecta a competencias autonómicas

Garrido denuncia Madrid Central porque afecta a competencias autonómicas
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(Foto: Twitter: @ppmadrid)
miércoles 21 de noviembre de 2018, 13:10h
El objetivo es posponer la puesta en marcha del plan de Carmena.

Hace un mes que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, endureció su discurso contra Madrid Central y hoy cumple con sus amenazas. Ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dos recursos contenciosos-administrativos contra el plan del Ayuntamiento de Manuela Carmena con el objetivo de posponer su entrada en vigor, prevista para el próximo 30 de noviembre.

Los recursos han ido contra la Ordenanza de Movilidad Sostenible, aprobada en Pleno el 5 de octubre, y el acuerdo de Junta de Gobierno del 29 de octubre, por el que se desarrolla el Régimen de Gestión y Funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones Madrid Central.

El primero se fundamenta en diez puntos y hace especial hincapié en que Madrid Central "afecta a la gestión de competencias autonómicas" y, por este motivo, es necesario que se presenten informes previos a las Consejerías competentes en dichas materias. Uno trámites, denuncian desde el PP, inexistentes hasta ahora.

En segundo término, el recurso argumenta que no hay una memoria de impacto normativo -motivo por el que Garrido cree que se puede anular la Ordenanza-, y no analiza el impacto económico que puede suponer para el ciudadano, los comercios e incluso la competitividad de la ciudad.

Tampoco tiene el proyecto un informe de impacto en materia de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; no se ha sometido a información pública y audiencia; y no se ha dado audiencia a los municipios limítrofes.

Otro de los argumentos es que el perímetro de Madrid Central no comprende las zonas más contaminadas de la ciudad, de acuerdo con los datos de 2017 del propio Ayuntamiento, que cita como zonas más contaminadas por dióxido de nitrógeno la zona de Escuelas Aguirre y la Plaza Fernández Ladreda, ambas fuera de la zona que se quiere cerrar al tráfico. Y no cuenta, además con una evaluación de qué impacto ambiental puede tener el cierre al tráfico en las zonas colindantes con el perímetro de Madrid Central.

Finalmente, sostiene que no se reservan plazas de aparcamiento para personas discapacitadas en la medida que marca la ley, que no se incluyen medidas que garanticen su aplicación eficaz evitando el colapso del tráfico, y que no se ha tenido en cuenta el impacto de ponerlo en marcha justo en las fechas previas a la Navidad.

Mientras, el Consistorio de Carmena defiende que solo cumplen con el mandato de la Unión Europea, para evitar una sanción anual al país de 200 millones de euros por no preservar la calidad del aire.

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