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COMUNICADO

José María Alonso: “Queda mucho camino por recorrer en el terreno de la igualdad”

Micaela Navarro, vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso, y Jose? Mari?a Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid.
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Micaela Navarro, vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso, y Jose? Mari?a Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid. (Foto: ICAM)
EL IMPARCIAL
viernes 23 de noviembre de 2018, 15:39h
Cerca de 200 mujeres del ámbito de la abogacía, la magistratura, la política o la Universidad están llamadas a participar en el evento organizado por el ICAM en la Sala Constitucional del Congreso.

“En el terreno de la igualdad son muchos los avances que se han producido en las últimas décadas, pero también es mucho el camino que queda por recorrer”. Con estas palabras, el decano de la Abogacía madrileña daba la bienvenida esta mañana a las más de 200 personas que han abarrotado la Sala Constitucional del Congreso para participar en la VI Cumbre de Mujeres Juristas, organizada por el ICAM bajo el título La Constitución Española de 1978. Cuarenta años en defensa del Derecho de Igualdad.

“La lucha de todos por situar a la mujer en un plano de igualdad con el hombre tiene una razón de ser que la hace imprescindible”, ha manifestado José María Alonso, criticando que en la España de 2018 siga imperando la desigualdad salarial y de trato entre géneros, o que la conciliación real y efectiva siga siendo un deseo más que una realidad. “Hay muchos sitios a los que la mujer no ha llegado aún y debería haberlo hecho”, ha declarado el decano, para quien el Estado de Derecho y la democracia son más fuertes cuando hombres y mujeres conviven en igualdad de derechos.

Alonso, que ha presidido la sesión inaugural junto a la vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso, Micaela Navarro, y a la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, ha querido agradecer a la institución anfitriona el haber facilitado la sede de la soberanía popular para la celebración de la Cumbre, “una caja de resonancia magnífica para actuar como testigo de cuantas ideas van a salir de aquí”. También ha trasladado el agradecimiento del Colegio a Su Majestad el Rey, Felipe VI, por haber aceptado presidir honoríficamente el evento, y ha tenido unas palabras de recuerdo para la figura de Carmen Alborch, “una mujer que ha sido ejemplo de lucha y de compromiso para hacer de España un país mejor”.

Con esta iniciativa, a la que asisten más de 200 personas del ámbito de la abogacía, la magistratura, la política o la Universidad, el ICAM aspira a “trazar líneas de acción y movilizar palancas para que a la mujer no se le usurpe su espacio en ninguno de los circuitos del poder, Es una cuestión de ética y de dignidad”, ha señalado el decano.

Constitución e igualdad

La vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso, Micaela Navarro, ha recordado que la VI Cumbre de Mujeres Juristas se celebra en el contexto de la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución, agradeciendo a los organizadores que hayan decidido unir en este evento “dos causas tan nobles: la celebración de nuestro modelo constitucional y la continua reivindicación de la igualdad como motor de nuestro modelo de convivencia”.

En su intervención, Navarro ha reflexionado sobre lo que la Carta Magna ha aportado a la causa de la igualdad en estos 40 años de convivencia, pero también sobre las aportaciones que realizaron las mujeres a la Constitución, aún sin estar en la foto. La igualdad no es un derecho más, ha afirmado la diputada, sino que “está en el núcleo de la legitimidad de la Constitución”.

No obstante, aunque la Carta Magna dice “que todas y todos somos iguales, eso no es del todo cierto”, ya que “hemos avanzado más en la igualdad formal y legal que en la igualdad del día a día”, ha sostenido Navarro, para quien el modelo social actual sigue segregando a mujeres y hombres por las mismas circunstancias que lo hacía antes de la CE. “Antes y ahora, las mujeres seguimos teniendo menos posibilidades de encontrar un empleo digno que nos permita tener un proyecto de vida autónomo”. Por eso, y aunque se ha avanzado en estos 40 años, las mujeres “seguimos teniendo tantas cargas y responsabilidades que nuestro caminar sigue siendo más lento” que el de los hombres, ha lamentado Navarro. “Creo que nos debemos a nosotras mismas el ser sinceras con la realidad y el reconocer que aún queda mucho por hacer”, ha concluido.

Más base que cúpula

“Si queremos que este sea el siglo de la igualdad, encuentros como este son totalmente imprescindibles porque sirven de palanca para acelerar los cambios culturales que necesarios para la mejora del Estado de derecho”, ha declarado la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, presente en las ediciones de la Cumbre de Mujeres Juristas.

En sus palabras, Ortega ha ampliado a la esfera internacional la lucha por la igualdad, recordando que se trata de un esfuerzo colectivo que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y que está muy presente en la agenda de prioridades de la abogacía internacional. “Si algo caracteriza nuestra profesión, es que no nos asustan los desafíos, por insuperables que en principio parezcan, y que siempre estamos en primera línea cuando se trata de asuntos que importan a la sociedad. Y este importa mucho”, ha señalado.

En este sentido, ha reconocido que “la foto panorámica de la Justicia es mejorable” en cuanto a representación femenina en los órganos de poder, algo que también ocurre en la propia Abogacía que, según las cifras del censo de colegiadas, sigue siendo reflejo de lo que es la sociedad: “muchas mujeres en la base, pero pocas en la cúpula”, ha sentenciado.
Punto de encuentro

La Cumbre de Mujeres Juristas es una iniciativa surgida del compromiso del Colegio de Abogados de Madrid con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En su sexta edición, que acoge por primera vez el Congreso de los Diputados, aspira a convertirse en un punto de encuentro “donde converjan la visión, las historias y las recomendaciones prácticas de quienes fueron pioneras cuando se alumbraba la Constitución junto a las de aquellas compañeras que, en nuestros días, lideran la tarea de derribar la discriminación, haciéndolo de forma ininterrumpida, con valentía y principios”, según ha explicado el decano José María Alonso.

A lo largo de la jornada, las participantes abordarán asuntos como la influencia del movimiento feminista en los cambios sociales de la Transición, la legislación discriminatoria y las propuestas de reforma que han surgido de mujeres juristas, el propio papel que jugaron las diputadas constituyentes o los cambios normativos aún pendientes y que desde la sociedad civil y desde la Abogacía se seguirá trabajando para lograr lo antes posible.

Sin igualdad no hay democracia

La influencia del movimiento feminista en los cambios sociales de la Transición, la legislación discriminatoria y las propuestas de reforma surgidas desde el colectivo de mujeres abogadas han sido los temas abordados en las dos primeras mesas de la VI Cumbre de Mujeres Juristas, que se celebra hoy en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados.

Bajo el título “El movimiento feminista, actividad e influencia en los cambios sociales de la Transición”, a primera hora de la mañana intervenían destacadas testigos y protagonistas de esa época tan relevante para la historia de España: la moderadora Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas; Inés Alberdi, catedrática de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid; Begoña San José Serrán, miembro del Fórum de Política Feminista; la abogada Rosario Carracedo Bullido; y la miembro de la Asamblea Feminista de Madrid, Justa Montero Corominas.

Pérez del Campo ha abierto el debate de forma tajante: “Estamos en una democracia por consolidar, todas tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para que la igualdad sea algo más que la expresión de un deseo, porque acaben los asesinatos de mujeres, porque no haya discriminación, y por lograr el fin de la violencia”.

A lo largo de las intervenciones, se ha recalcado cómo la influencia de movimientos feministas cristalizó en importantes logros, desde el divorcio, el aborto, o el reconocimiento de la igualdad de todos ante la Ley. “Llegamos a 1975 con ganas de ser europeos”, señalaba Alberdi. Para la abogada, la Transición, un periodo en el que los partidos estaban comenzando su andadura sin tener sectorizado al electorado, fue clave porque “escuchaban a todos, por eso, entre otros hitos, “se consiguió algo que no había logrado ni la 2ª República: la igualdad en el matrimonio, acabando así con la obediencia al marido y la autoridad hegemónica del padre”.

Movimiento feminista

San José ha reflejado otro aspecto de la realidad de entonces: la integración del feminismo en el movimiento obrero, “un colectivo muy álgido y muy represaliado”, y también muy significativo, ya que como refirió la ponente, mientras que frente a la Constitución “no todas estábamos de acuerdo, cuando se aprobó el Estatuto de los Trabajadores en 1980 hubo consenso generalizado en los movimientos feministas”. Pese a ello, en la actualidad “las mujeres representan el 41% del empleo y, sin embargo, ¼ tiene trabajo a tiempo parcial: no era eso por lo que luchábamos”, ha declarado San José, que también denunció “la existencia de Estados anti-igualitarios, dentro de la ONU y en el Consejo de Europa”.

“El movimiento feminista plantea la necesidad de ponerlo todo patas arriba: las estructuras de las organizaciones, la economía, la institución familiar, los privilegios consolidados y cambiar las relaciones personales”, ha asegurado Montero, insatisfecha sin embargo porque “40 años después, la Constitución no responde a los problemas en la organización social y a los conflictos que genera en nuestra convivencia, se sitúa el bienestar de los mercados por encima del de las personas”.

En este sentido, Carracedo, discrepando con las ponentes anteriores, ha sostenido que “la mujer fue la gran víctima del consenso político de la Transición”, sin embargo, la letrada ha reconocido que “a pesar de ello construimos el movimiento que nos ayudó a vitalizar y conseguir las reformas legales de los años subsiguientes" como la Ley del divorcio, “fruto de las reivindicaciones y movilizaciones de organizaciones feministas”. Además, Carracedo ha destacado también como logro del feminismo el “haber sacado a la palestra el debate sobre la violencia doméstica”.

Mujeres juristas

Bajo el título “Las Mujeres Juristas, su denuncia de la legislación discriminatoria y sus propuestas de reforma”, la segunda mesa de debate ha contado con la participación de abogadas ilustres que también hicieron carrera en el ámbito político como Cristina Alberdi, Consuelo Abril, Cristina Almeida y Purificación Gutiérrez López. Antes de dar paso a sus intervenciones, la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, María Eugenia Gay, ha recordado que “sin igualdad no hay democracia, y en estos momentos en los que no hay igualdad plena, estamos ante una democracia por consolidar”. Para Gay, encargada de moderar la mesa, “un país en cuyas leyes se vislumbra discriminación por razón de sexo es un país menos democrático de lo deseable”.

Por ello, la decana ha querido valorar el “incansable esfuerzo y labor” de muchísimas mujeres que “han estado al frente y han luchado con todas sus fuerzas” para conseguir “un cambio de paradigma que ha demostrado que la igualdad real y efectiva puede ser posible”, como las ponentes de la segunda mesa redonda.

La primera en intervenir ha sido la ex ministra de Asuntos Sociales Cristina Alberdi quien, tras hacer un repaso testimonial de sus inicios profesionales al frente de la defensa de la mujer, ha recordado que sus compañeros hombres consideraban que “feminizar era devaluar” el ejercicio profesional.

Alberdi ha explicado cómo se organizó junto a otras compañeras para formar una red de colectivos jurídicos con la finalidad de defender a las mujeres víctimas de violencia de género: “Nos organizamos para defender a las mujeres en una especie de turno de oficio paralelo”, algo que no gustó nada a sus compañeros varones que “estudiaron denunciarnos por competencia desleal”, y que el antiguo decano del ICAM, Antonio Pedrol, frenó.

Para finalizar, Cristina Alberdi ha reivindicado que “las mujeres, aunque invisibles en su mayoría, también hicimos la Transición y contribuimos a la transformación de la sociedad de una forma decisiva” y ha incidido en que, aunque el papel de las mujeres juristas fue destacado, “fue mayoritariamente la sociedad progresista la que clamaba por un cambio que fue fraguado a lo largo de los años, un nuevo modelo de sociedad que hoy, aunque quede mucho por hacer, ya está consolidado”.

Violencia institucional

La siguiente ponente, Consuelo Abril, ha centrado su intervención en la dimensión institucional de la violencia contra la mujer, un tipo de violencia que, al no estar apenas regulada, tampoco se aplica. En ese sentido, Abril ha mencionado una sentencia muy significada, la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en diciembre de 2016, que pone de manifiesto “que la violencia contra las mujeres es una cuestión de seguridad pública, de la cual es responsable el Estado.”

Aunque en el campo de la violencia de género se han producido notables avances, como el Pacto de Estado “que ha significado una voluntad política para erradicar la violencia de género y también ha incorporado la violencia sexual, la económica, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados”, para la abogada no se visibiliza suficientemente que estamos ante una vulneración de Derechos Humanos en la que el Estado puede ser responsable, por acción o por omisión. Un ejemplo de esta omisión se encontraría en la aplicación de la ley de igualdad, que indica que “todos los operadores tienen que tener perspectiva de género y el Estado es responsable de dar la formación adecuada”, algo que estaría incumpliendo en la actualidad.

Llamada a la responsabilidad

Desde su triple condición de laboralista, feminista y militante política, Cristina Almeida apeló en su intervención al valor del título de abogada como “la mejor arma para defender la libertad y la democracia”. En aquella época, ha recordado Almeida, las pocas mujeres que obtenía la licenciatura en Derecho y se incorporaban al ejercicio, entendían la abogacía como un compromiso para transformar la realidad en el que, más allá de la defensa y la aplicación de las leyes su objetivo era contribuir a transformarlas y mejorarlas.

En ese sentido, conocida laboralista ha hecho una llamada a la responsabilidad de los profesionales de la abogacía, una profesión “importantísima” por lo que implica de defensa “no solo de personas, sino de valores que no pueden nunca perderse en el ejercicio de nuestra profesión, y si lo conseguimos la sociedad puede estar tranquila”.

Dirigiéndose específicamente a las mujeres juristas, y desde sus más de 50 años de trayectoria profesional, Almeida ha destacado la importancia de reivindicar la condición de abogada como una forma de “visibilizar la capacidad de las mujeres para ganarse su propio espacio, un espacio distinto en el que practicamos la abogacía con nuestro propio estilo.” En ese espacio, ha concluido Almeida, es fundamental que las abogadas empaticen profundamente con la problemática de sus representadas.

“Solo las mujeres honestas tenían protección penal”

Por su parte, Purificación Gutiérrez recordó en primera persona cómo era el derecho penal vigente en el momento de su incorporación al ejercicio de la abogacía. “Los bienes que se protegían en el derecho penal del franquismo era la institución familiar, el honor de los varones, padres y maridos”. En su opinión, en aquella época “la ley era un instrumento para moralizar y en el campo penal se orientaba hacia la represión y no hacia la protección de los derechos de los ciudadanos, menos aún hacia la protección de los derechos de las mujeres”. Durante el régimen franquista, según ha afirmado la que fuera directora del Instituto de la Mujer, se consagró el principio de la doble moral sexual, protegiendo el honor de los hombres a costa de la libertad de las mujeres: “Solo las mujeres honestas tenían protección penal”.

En esas circunstancias, y aunque el objetivo último de las mujeres juristas era cambiar todo el andamiaje legal construido durante el régimen franquista, se centraron en algunas de las cuestiones más flagrantes como la supresión del delito de adulterio, la despenalización de los métodos anticonceptivos, la derogación del delito de aborto o la inclusión de los malos tratos como delito en el Código Penal.

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