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TEODORO OBIANG

La Justicia decidirá si sigue adelante con el ‘caso Kokorev’… 14 años después

La Justicia decidirá si sigue adelante con el ‘caso Kokorev’… 14 años después
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sábado 15 de diciembre de 2018, 10:25h

Paradojas de la Justicia, la Audiencia Provincial de Las Palmas decidirá los próximos días si sigue adelante en la investigación del ‘caso Kokorev’, la que empezó siendo hace catorce años la instrucción contra el supuesto testaferro de Teodoro Obiang en España, el empresario hispano-ruso ahora jubilado y enfermo del corazón Vladimir Kokorev, una investigación que ha cambiado de objeto para dirigirse al conjunto de la trayectoria empresarial del investigado más allá de sus relaciones con la ex colonia española.

Paradojas, porque quien tendrá que validar ese salto adelante, en una dirección indeterminada y decada y media después es Emilio Moya, magistrado de dilatada trayectoria profesional, que llegó a ser viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, en un Ejecutivo liderado por Coalición Canaria gracias a un pacto con el Partido Popular; y que recientemente ha reconocido que la Justicia canaria ha estado desacreditada “de forma puntual” y ha declarado, en relación a casos de corrupción como el Faycán, que en Canarias se han celebrado juicios “más de una década después de haberse iniciado la instrucción de la causa”, y que “la lentitud de la Justicia indigna a la ciudadanía y, también, a los propios procesados”.

La Audiencia Provincial de Canarias deberá validar o rechazar una ampliación ‘indefinida’ de la instrucción con nuevas comisiones rogatorias que están recurridas, a países como Dinamarca, en los que se busca ‘material’ contra quien está acusado de lavar veinte millones de euros, al menos en la querella inicial formulada hace más de una década.

El fiscal anticorrupción de Canarias, Luis del Río, ha rechazado cerrar aún las diligencias, por lo que la AP deberá aprobar o no que se haga prospectiva la pesquisa global contra Kokorev, abarcando a sus operaciones ajenas a la Tesorería General de Guinea Ecuatorial, soportadas desde hace más de dos años éstas en facturas y contratos que acreditan los ‘ingresos dudosos’, así considerados por la juez Ana Isabel De Vega.

Las defensas del empresario, que acaba de obtener su primer permiso para salir de Canarias y someterse a una revisión médica en Madrid, preparan el terreno para una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dado “el salto definitivamente prospectivo en la investigación”, que se separa de la investigación original y que, al daño moral producido año tras año, se suma el económico representado en el embargo de todos los bienes familiares.

Pasividad ante la acumulación de ‘pruebas ilícitas’

La gravedad de los hechos recae en que la jueza ha recurrido a información que ya se ha verificado en sede judicial como manipulada: son archivos contenidos en diversos dispositivos informáticos incautados a Kokorev (en sus domicilios de Madrid y Las Palmas) que la propia UDYCO canaria (denunciada por sus procedimientos irregulares para investigar en el propio Parlamento Europeo hace ya más de un año) reconoció ante la jueza haber manipulado: creando ficheros, borrando otros y alterando terceros.

Ante esta investigación “infinita, algo impensable en un Estado democrático y de derecho, garantista”, uno de los letrados de la defensa, Antonio García Cabrera, señala que en comisiones rogatorias como la de Dinamarca se puede marcar un antes y un peligrosísimo después: “desde un juzgado es anómalo que se puedan remitir peticiones de ayuda mutua internacional a otros países sin verificar su contenido y aunque ese sea falso”.

Hasta hoy, la jueza De Vega ha evitado pronunciarse sobre las numerosas irregularidades de la investigación que empezaron en 2004, cuando se recurrió a las conclusiones de un informe del Senado norteamericano, dándose la circunstancia de que ninguna de esas conclusiones (alguna afectaba a una empresa naviera de Kokorev, ‘Kalunga Company’, que operaba con Guinea Ecuatorial) aparecía en el informe en sí.

Más tarde, la UDYCO pasó a mantener la existencia de “indicios” contra Kokorev recurriendo a los citados dispositivos informáticos, en los que igualmente la policía ha admitido que no se implementó cadena de custodia. A eso se suma el contenido de un dispositivo USB atribuido al hijo de Vladimir Kokorev (y que ha servido a la instructora para mantener al joven en prisión preventiva sin fianza durante dos años), en parte creado por la UDYCO un mes después de su detención.

Ninguna de estas irregularidades fue censurada por la jueza, dando “vía libre” a la UDYCO para realizar una instrucción sin control, con secreto de sumario de casi cuatro años. Hasta hoy, De Vega ha solicitado decenas de comisiones rogatorias por todo el mundo copiando y pegando oficios policiales en sus autos, sin verificar el fondo de los datos. En los últimos meses se han aportado varios informes periciales que descubren la existencia de vicios en el volcado de los archivos informáticos obtenidos en las entradas y registros a domicilios investigados, lo que sitúa frente al caso la problemática acumulación de “pruebas ilícitas”

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