El prior del Valle de los Caídos ha rechazado su acceso a la abadía hasta que se resuelva el caso en los tribunales.
La Iglesia ha negado al Gobierno el acceso al Valle de los Caídos para exhumar los restos de Francisco Franco. Ante la negativa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido que acudirá a las "autoridades superiores" del prior para lograr tramitar este proceso.
El prior de la abadía, Santiago Cantera, ha rechazado facilitar el acceso al Ejecutivo para la exhumación hasta que no se agote la vía judicial, ya que no hay acuerdo con la familia de Franco. Una postura que no sorprende a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pues ha señalado que Cantera fue candidato por Falange a las legislativas de 1993 y a las europeas de 1994, antes de ingresar en la Orden de los Benedictinos.
De esperar a que todo este entramado se resuelva en el Tribunal Supremo, la demora podría prolongarse entre dos y tres meses.
La ministra ha insistido en que lo importante es que el Gobierno está decidido a seguir con el desenterramiento de los restos de Franco y lo hará "con todas las garantías" y respetando los derechos de la familia Franco. "Estamos siendo absolutamente escrupulosos con la legalidad", ha recalcado la ministra, que ha hecho hincapié también en que en el siglo XXI no puede haber un mausoleo "en honor de un dictador" y que sus restos reposen junto a los del resto de las víctimas de la Guerra Civil.
El representante de los Franco, por su parte, ya ha comunicado en diferentes ocasiones que se niegan a la exhumación y que en caso de que ésta saliera adelante, recurrirá la iniciativa ante el Tribunal Supremo así como no admitirá otro lugar para su inhumación que no sea la cripta familiar ubicada en la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid. Una propuesta que el Ejecutivo rechaza de plano y en la que ya está trabajando buscando informes para prohibirla.
Mientras, la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha pedido este jueves al Ministerio de Justicia la suspensión del plazo de alegaciones finales hasta que se resuelvan los recursos presentados para impedir el traslado de los restos.