La Casa Blanca tiene sobre la mesa una ley por la que los medallistas que den positivo en los controles vayan a la cárcel.
El 25 de diciembre, como una suerte de regalo de Navidad, Estados Unidos proclamó su intención de encarcelar a los medallistas de cualquier país que hayan dado positivo por sustancias dopantes. La idea de Washington es gozar de la potestad para encausar a cualquier atleta que se haya demostrado como dopado, sea de donde sea, e imponerle penas de hasta diez años y multas de un millón de dólares. Porque se entiende que si se saltan las normas generan pérdidas a las empresas patrocinadoras y perjudican a los deportistas límpios que hayan competido con los trampsosos.
El proyecto de ley, conocido como 'Ley Rodchenkov', está viajando en estas semanas por el Senado nortemaricano. Tras haber recibido el visto bueno del Congreso, el apoyo de la mencionada Cámara daría valor de realidad a la pretensión de arrogarse la autoridad mundial contra el dopaje en una jurisdicción paralela a la deportiva. La Casa Blanca quiere hacer historia en este sentido y la lupa estaría puesta en las competiciones internacionales (se celebren en Estados Unidos o no) en las que se considere que hay "intereses nacionales" -bien de empresas o de atletas estadounidenses-.
La medida comprende penas de cárcel contra los dopados de los cinco a los diez años de prisión. Este último extremo se aplicaría contra los casos en los que se considere que que puede probar que en la ‘conspiración’ dopante han participado varias personas, en una especie de red fraudulenta. Esta es la cima de las críticas y desautorizaciones que desde el país norteamericano se han lanzado hacia la Agencia Mundial Antidopaje. Porque se interpreta que la AMA se ha vaciado de contenido al rehabilitar en septiembre de 2018 a la agendia rusa contra el dopaje -que estaba sancionada con tres años-.
Donald Trump y la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) están comprometidos con esta acción en su batalla frente a la AMA y, por extensión, contra la Rusia de Vladimir Putin. No obstante, el nombre que le han dado al proyecto de ley en cuestión es el de 'Gregory Rodchenkov Act', en referencia al que fuera director del laboratorio antidopaje de Moscú que con sus revelaciones destapó el dopaje de Estado que se desarrolló en el país del Kremlin durante los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en la región rusa de Sochi.
Rodchenkov, que se exilió a Estados Unidos, compareció encapuchado en la llamada ‘Comisión Helsinki’ de la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa) en la que soltó al bomba contra el deporte ruso. Lo hizo sin mostrar su identidad, dada la peligrosidad de las consecuencias que podrían traerle sus manifestaciones. En ese evento estuvieron presentes los senadores estadounidenses Sheldon Whitehouse y Orrin, que han acabado impulsando el texto que le otorgaría a Washington la capacidad de meter en prisión a un deportista dopado de cualquier parte del planeta.
La fórmula que contempla el escrito es la de la petición de extradición para los atletas tramposos en las naciones en las que doparse no conlleva penalizaciones de tipo penal. Es el caso de España. Con todo ello, si finalmente el Senado aprueba la ley se atisban los conflictos de jurisdicción entre países, porque no todos están dispuestos a sufrir una intrusión en su regulación. El texto americano concibe el dopaje como "fraude", tipología delictiva, con lon que se deja claro que de demostrarse el dopaje los afectados (deportistas o empresas) tendrán derecho a exigir una restitución por las pérdidas económicas.
Una de las reacciones vino de China. El gigante asiático no esperó demasiado a sumarse a la corriente de castigo a los dopados y de descrédito a la AMA. El Ministerio de Deportes y la alta magistratura del país chino acordaron considerar como delito penal el dopaje. "Estamos cerca de acabar nuestro estudio acerca de una interpretación judicial sobre antidopaje. Se promulgará en 2019, probablemente a principios de año", expuso el director de la Administración General de Deportes de China, Gou Zhongwen. Lo hizo en un acto en el que se afirmó que los implicados en el uso de sustancias no permitidad dentro del ámbito deportivo recibirán "castigos criminales" y "penas de cárcel".
La normativa previa a esta regulación, que fue aprobada en 2004, limitaba sus penalizaciones a multas, prohibiciones y sanciones administrativas. Pero este paso más allá, que rima con el que quiere efectuar Estados Unidos, ya está funcionando, pues en octubre el Tribunal Popular Supremo de China -la más alta instancia judicial del país asiático- declaraba que la reformulación de la ley para aplicar el derecho penal a estos casos "se encuentra en su etapa crucial".
"Estamos elaborando interpretaciones judiciales sobre la aplicación de la ley penal en los casos relacionados con el uso, la fabricación, la venta y el contrabando de sustancias que mejoran el rendimiento deportivo", anunció en ese mes Jiang Qibo, un juez del alto tribunal, quien amplió la dictrina sobre la que se estaba trabajando señalando que "como órgano judicial más importante de China, nos sentimos obligados a hacer nuestra contribución para combatir el dopaje". Eso sí, sin la ambición de juridcción mundial que exhibe Washington.
Esta es la tormenta que se avecina después de que el 20 de diciembre Vladimir Putin admitiera el deporte ruso aún no se ha podido librar "al ciento por ciento" del dopaje. En su afamada multitudinaria rueda de prensa anual, el dirigente respondió al respecto que "en lo que se refiere a que si nos hemos librado de eso o no, seguramente al ciento por ciento, no". Y resaltó que "no es sólo un problema ruso", ya que "en todo el mundo se consumen sustancias dopantes", después de rechazar la teoría del dopaje de Estado.
Lo cierto es que Eusia no acaba de colaborar como debería. En diciembre una comisión de la Agencia Mundial Antidopaje viajó a Moscú para verificar los datos informáticos del laboratorio de la agencia rusa, como habían pactado las partes interesadas previamente. Mas no pudo completar el cometido del viaje: las autoridades de la nación regida por Putin se excusaron en la imposibilidad de compartir esos datos porque los equipos informáticos no estaban certificados allí. Dejando abierta la contaminación de la sospecha perenne.
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