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TRIBUNA

La Constitución de 1869, una Constitución precoz

Alfonso Cuenca Miranda
lunes 28 de octubre de 2019, 20:49h

Una efeméride celebrada el presente año ha pasado algo desapercibida, no recibiendo el eco que en principio hubiérase previsto. Nos referimos a la celebración de los 150 años de la aprobación de la Constitución española de 1869. Y sorprende un tanto el sigilo con que dicho aniversario ha transitado por la vida pública española toda vez que dicha Norma Fundamental fue la primera que reconoció el sufragio universal (masculino únicamente, bien es verdad) en nuestro país, y una las pioneras en Europa (y, por tanto, en el mundo) en hacerlo, sólo por detrás de la griega de 1822 y de la francesa y suiza, ambas de 1848 (la francesa de 1793 que también lo reconocía no entró nunca en vigor).

Como es sabido, la Constitución fue el fruto de la revolución (“gloriosa”) de septiembre de 1868, que inauguraría el denominado Sexenio Revolucionario. Por lo que respecta a la primera, la revolución fue el eco en nuestro país (con dos décadas de retraso) de la europea de 1848, última ocasión en que el proletariado acompañara a la burguesía en sus reivindicaciones. En lo concerniente al período que aquélla abriera, al margen de la vertiginosa sucesión de cambios en el poder, e incluso de regímenes, que caracterizaron al sexenio, se trata de un lapso sumamente interesante, pues durante el mismo fueron colocadas muchas de las piezas que iban a marcar el futuro patrio. En este sentido, puede afirmarse que anticipa y configura gran parte de la dinámica y, por ende, de los problemas de la convivencia política hispana que iban a presidir la primera mitad del siglo XX.

Por otra parte, la Revolución es expresión del denominado liberalismo radical, por contraste con el doctrinario que había caracterizado al moderantismo isabelino y posteriormente a la restauración canovista y que de forma magistral glosara en sus orígenes franceses y en su importación hispana Luis Díez del Corral. Fueron las Juntas municipales y provinciales (institución tan típicamente española en los momentos de máxima movilización política) las que en el destronamiento de la dinastía y en los primeros días del nuevo régimen marcarían el tono de las reivindicaciones más exigentes. En general, en toda la etapa abierta en septiembre de 1868 se constata un fervor doctrinal (más que de ideológico, pues no existen aún ideologías sistemáticamente elaboradas) presente en los principales actores de aquél, con progresistas, demócratas y republicanos a la cabeza (y entre ellos, destacadamente los federalistas), presididos en su acción y propuestas por su correspondiente “idea”. Con todo, la participación activa del elemento castrense en el proceso revolucionario (la revolución “fue y no fue” un pronunciamiento) desmiente ya el sesgo exclusivamente popular que habría de tener el proceso, encarnado en el deseo de orden presente en el alma íntima de una buena parte de la burguesía, y que finalmente derivaría en el propio cierre del período y en la implantación de la monarquía alfonsina.

A destacar también el perfil de los hombres del 68. No en vano los protagonistas de las próximas décadas de la vida pública española se forman como políticos en el Sexenio. Las Cortes constituyentes de 1869 iban a ser unas de las más “galácticas” de nuestra historia constitucional, dado el alto nivel de sus integrantes. Una parte significativa de los mismos procede de la cátedra lo que contribuiría a dar a los debates, y al principal fruto de los mismos, un marcado sesgo doctrinal. En relación con lo apuntado, ha de recordarse que el Sexenio es el período en el que el krausismo se asienta en España, inaugurando una fecunda línea de pensamiento y de acción política que habría de tener gran importancia en el futuro de nuestro país.

Como ya se ha referido, el dato más destacable de la Constitución aprobada el 1 de junio de 1869 es la consagración del sufragio universal masculino (de hecho, éste ya había regido en las elecciones constituyentes de enero del mismo año). Con todas limitaciones que se quiera (así, menos libre en el ámbito rural) el avance producido es significativo. Por una parte, el cuerpo electoral pasa de 400.000 varones a cerca de cuatro millones, y, por otra, la universalización del sufragio y el marco de libertad imperante hace que el sistema dé acogida a los disidentes, cuando no enemigos del sistema (así, en las Cortes tomarán asiento un buen número de diputados carlistas y, sobre todo, republicanos), en un hecho por completo novedoso en nuestra arquitectura política (y que nos homologaba con lo que sucedía en los países más avanzados).

El reconocimiento del sufragio universal se insertaba en una larga declaración de derechos. No era la primera de nuestro pasado constitucional, pero sí, en cualquier caso, la más exhaustiva y garantista, como ejemplifica la cláusula con la que se cerraba, en la que se señalaba que no se considerarían prohibidos cualesquiera otros derechos no reconocidos expresamente en el texto constitucional. Otra muestra de ello es la pormenorizada fijación por la propia Constitución de los límites de los derechos, con el propósito de impedir lo que tantas veces había sucedido en el pasado (y aún en el futuro), esto es, que los poderes constituidos dejaran en la práctica sin contenido aquéllos. Dos datos adicionales a subrayar. Se reconocen por vez primera en nuestra Carta Magna los derechos de reunión y asociación, consustanciales a todo régimen que se pretenda democrático. En segundo lugar, se proclama también de forma primigenia en nuestro constitucionalismo la libertad de cultos, reconociéndose en todo caso el carácter preeminente en nuestra sociedad de la religión católica. Sin duda, fue éste el aspecto más controvertido del texto de 1869 (dando lugar a encendidos debates en las Cortes Constituyentes), llamado a ser desde entonces uno de los temas divisorios entre los españoles en los años subsiguientes.

En consonancia con su carácter democrático, la Constitución proclama el principio de soberanía nacional. Son las Cortes como representantes de los españoles en quienes reside tal soberanía. De este modo, la Constitución no es el fruto del pacto entre las Cortes y el Rey, como sucediera con anterioridad (también en el caso de la Constitución de 1876). El monarca no es sino un poder constituido, cuya legitimidad procedía de la propia Constitución, tal y como se “comprobaría” en el proceso de elección de Amadeo de Saboya como rey. Este paso es de una importancia capital, constituyendo también uno de los rasgos más destacados de la Norma Fundamental ahora conmemorada. Por lo que respecta a la articulación orgánica de los poderes, el texto, influenciado sin duda por la Constitución de Filadelfia de 1787, acoge, siquiera implícitamente, el principio de separación de poderes. El ejecutivo está encarnado por un rey “democrático”, tal y como se ha señalado, que conserva, no obstante, buena parte de sus facultades tradicionales: iniciativa, sanción, suspensión, disolución, nombramiento de ministros, etc… En cuanto a las Cortes, la Constitución optó, de manera un tanto sorprendente para un texto “revolucionario”, por el bicameralismo, si bien introduciendo cambios importantes en la composición y, por tanto, en la índole de las Cámaras. En el caso del Congreso de los Diputados el sufragio universal es tanto activo como pasivo (de tal manera que cualquier varón puede presentarse como candidato), siendo elegidos sus integrantes en circunscripciones uninominales, con excepción de las grandes ciudades (hecho que ayudaría a que en estas los resultados fueran más “fiables”). Sumamente interesante es la conformación del Senado, pues por primera vez se pretende dar a éste un carácter (por tímido que fuera) territorial. Así, sus miembros (aquí sí que rigen limitaciones en el sufragio pasivo) son elegidos por sufragio indirecto (de dos grados) en los municipios y provincias, correspondiendo a cada una de estas últimas una “representación” idéntica de cuatro senadores, con independencia de su población, articulación que inevitablemente recuerda a la consagrada por nuestra actual Constitución. Además, se preveía su renovación parcial por cuartos cada tres años, siendo este último el plazo de duración del mandato de los diputados, constatándose también aquí la influencia estadounidense en los constituyentes de 1869. Entre los poderes de las Cortes debe destacarse que voz vez primera se recoge explícitamente en un texto constitucional la censura al gobierno (hasta entonces regida por convenciones parlamentarias), ostentando dicha facultad ambas Cámaras.

Ciertamente, a pesar de su vocación de permanencia (ilustrada por su rigidez en cuanto a su reforma, bien es verdad que tímida), la Constitución no consiguió “disciplinar” la vida política española, como evidenciarían los múltiples vaivenes de ésta en los años subsiguientes, siendo epítome de la agitación que la caracterizara la abdicación (o mejor dicho los motivos de la misma) de Amadeo de Saboya. Las “influencias indebidas” en el ejercicio del sufragio o las frecuentes disoluciones y suspensiones de las Cortes son prueba de su limitada vigencia. Así, puede afirmarse que la Constitución se adelantó a su tiempo, y sobre todo, a una sociedad como la española a la que aún le quedaba un largo y arduo camino para su modernización. La Constitución de la Gloriosa ha quedado en cierto modo en el imaginario colectivo como idealista, utópica o quimérica (dependiendo del énfasis que haya querido hacerse de su desacoplamiento de la realidad), en especial, por cuanto sirviera de apertura de un período que desembocaría en el marasmo con que se identifica el epílogo del Sexenio, la I República. Pero, al margen de que, como se ha indicado, la Constitución no fue la “culpable” de dicho desenlace, no debe olvidarse que la misma sirvió de marco para una más que encomiable obra legislativa. Así, el año de 1870 puede considerarse una fecha mágica para los jurisconsultos hispanos por ver la luz durante el mismo un conjunto de leyes (del Poder Judicial, del Registro Civil, del Matrimonio Civil, el Código Penal, la Ley Electoral y las Leyes Municipal y Provincial), que sobresalen (especialmente las primeras mencionadas), además de por sus aires modernizadores, por su indiscutible calidad técnica, alcanzando una larga vigencia numerosas de sus disposiciones.

Por tanto, no cabe ser una vez más pesimistas (o no excesivamente) en la valoración de la efemérides celebrada. La Constitución de 1869 no es sino una Constitución del XIX, y como tal debe ser juzgada. En este sentido, la realidad política española no era tan diferente, y en muchos casos ni siquiera peor, que la presente por esas mismas fechas en países de nuestro entorno a los que identificamos con la modernidad (no obstante, sin dejar de reconocer por ello, que en aspectos sociales y económicos no puede llegarse a la misma conclusión). Ha de recordarse que en 1869 en Reino Unido sólo podían votar un 29% de los varones mayores de edad (y ello gracias una reforma aprobada dos años antes que había duplicado el número de electores). Francia en dicho año todavía estaba gobernada por el régimen autoritario-cesarista de Napoleón III, próxima ya la catástrofe de Sedán. Por su parte, por esas fechas Italia y Alemania culminaban su unidad nacional, y en los años siguientes sus sistemas políticos no estuvieron exentos de carencias para ojos contemporáneos (el sistema político italiano experimentaría males muy semejantes a los españoles, caciquismo a la cabeza, mientras que el alemán estaría impregnado por el autoritarismo del sistema prusiano).

Así, como se ha referido, la Constitución de 1869 fue adelantada a su tiempo, y no sólo por lo que a España se refería. Contenía indudables avances, abriendo caminos que otros transitarían. Celebrémosla, pues, como lo haríamos con los primeros bocetos (probablemente, en la infancia) de un gran pintor.

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