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TRIBUNALES

El Tribunal Supremo, ¿callejón sin salida para la prisión permanente revisable?

El Tribunal Supremo, ¿callejón sin salida para la prisión permanente revisable?
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(Foto: Efe)
jueves 28 de noviembre de 2019, 23:02h

La Ley y la jurisprudencia son contradictorias y, de hecho, el Supremo ya ha revocado la primera de estas sentencias que ha revisado, la del caso de Sergio Díaz.

El futuro de la prisión permanente revisable se encuentra en el aire. Esta pena, la de máxima privación de libertad contemplada en España, ha llegado por primera vez al Tribunal Supremo en 2019 y el resultado ha sido que los magistrados la han revocado por una cuestión técnica que podría afectar a la mayoría de las sentencias que se han producido hasta ahora en el país.

Son once las personas que, desde que lleva esta Ley en vigor (marzo de 2015), han sido condenadas a la pena de prisión permanente revisable (PPR). En enero de 2019 llegó al Supremo el caso de uno de ellos, Sergio Díaz, quien en 2018 mató al abuelo de su pareja, con discapacidad. Y los magistrados rebajaron la condena al entender que se había usado por duplicado un agravante.

Para explicar cuál es la situación hay que entender primero la diferencia entre homicidio y asesinato, y después el principio ‘non bis in idem’. Este sería el punto de partida.

Asesinato, “homicidio cualificado”

En palabras de Gerson Vidal Rodríguez, abogado penalista en Valencia, “ambos son delitos contra la vida. Para el legislador penal, el asesinato es una manera más grave de matar a una persona, es un ‘homicidio cualificado’ en el que concurren una serie de circunstancias que agravan los hechos”.

Esas circunstancias que transmutan el homicidio en asesinato vienen recogidas en el artículo 139.1 del Código Penal: cometer el hecho con alevosía (cuando se priva a la víctima de sus mecanismos de defensa ante una agresión), actuar por precio, recompensa o promesa, cuando se aprecia ensañamiento (es decir, cuando se aumenta deliberadamente el dolor), o cuando se atenta contra la vida para facilitar u ocultar la comisión de otro delito. En estos casos, la pena prevista es la de prisión de 15 a 25 años, como reo de asesinato.

El artículo siguiente, el 140 del Código Penal, es el que aborda la PPR. Y establece tres supuestos que, de producirse al menos uno, conducirán a esa pena. Uno de ellos, el que involucra a la mayoría de las permanentes revisables dictadas en España, hace referencia al primer punto: que la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable. El segundo implica que antes del asesinato se haya producido un delito contra la libertad sexual, y el tercero pertenecer a organización criminal.

El quid de la cuestión

Esa explicación conduce al segundo de los puntos relevantes, el principio ‘non bis in idem’ por el cual un mismo hecho no puede ser sancionado más de una vez. Y aquí está la clave que ha conducido a la revocación de la PPR en el Supremo.

“El caso de Sergio Díaz ha dado mucho que hablar porque el Tribunal Supremo, a tenor del principio de non bis in idem, dice que se vulnera si se aplica el agravante de alevosía y el art. 140.1.1º del Código Penal que habla de asesinato a una persona especialmente vulnerable” repasa Saray Contreras, letrada del despacho penalista Dexia Abogados, que prosigue: “El Supremo dice que la alevosía lleva implícita la indefensión de la víctima, lo que llevaría a imposibilitar la apreciación del agravante especial de desvalimiento que posibilita la PPR”.

“En aquellos supuestos en los que una determinada circunstancia se utilice para cualificar un homicidio como asesinato y, además, se utilice dicha circunstancia también para aplicar la prisión permanente revisable se estará vulnerando el principio completa Vidal Rodríguez

¿Cómo afecta esto a las condenas ya emitidas?

“La mayoría de las condenas de prisión permanente revisable han sido por la aplicación del art. 140.1.1º del Código Penal, víctima menor de 16 años o persona especialmente vulnerable” expone Contreras. Lo que, en su opinión, “nos llevaría a un conflicto entre el tenor literal de la ley y la interpretación de los tribunales”.

De hecho, de las once prisiones permanentes revisables sentenciadas, ocho encajan en esta definición. La última de ellas, la dictada en septiembre de 2019 contra Ana Julia Quezada por el asesinato del hijo de su pareja, de ocho años. “Por lo tanto, si estos casos llegan al Supremo, sí que podrían ser revocadas las condenas de PPR”, concluye la abogada.

Es más, la de Sergio Díaz no es la única PPR ya revocada. El caso de Patrick Nogueira también fue revisado, esta vez por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La-Mancha, y dos de las condenas impuestas fueron revocadas (por los asesinatos de sus primos menores de edad) aunque mantuvo una condena de PPR más, por matar a su tío.

¿Tiene futuro la prisión permanente revisable?

La duda a despejar es si esta condena, que nació con polémica y división en el Congreso (181 votos a favor, 138 en contra, y dos abstenciones) y vive siendo discutida por diferentes sectores (de hecho, el intento de ampliar los supuestos a los que afecta fue rechazado por la mayoría de Diputados, y cien catedráticos de Derecho Penal firmaron en su contra), superará esta cuestión técnica.

En este sentido, Gerson Vidal Rodríguez aporta que “la anulación de dichas sentencias por vulneración del principio de ‘non bis in idem’ es una cuestión técnica y, en su opinión, “muy clara e indiscutible”.

Una conclusión que también comparte Saray Contreras. “Todas las leyes están abiertas a interpretación, pero la jurisprudencia en este caso es clave ya que el asunto tratado tiene especial complejidad y la pena aplicada es muy grave” especifica la abogada, que finaliza con una mirada al futuro: “La única solución que vemos posible es un cambio en el Código Penal aclarando términos”.

Por último, y al margen del principio ‘non bis in idem’, no hay que olvidar que sobre la PPR se ha planteado además un recurso de inconstitucionalidad -pendiente de resolver en el Tribunal Constitucional- ante un posible conflicto con el artículo 25.2 de la Constitución Española que establece que las penas deben ir enfocadas a la reinserción y la reeducación.
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