En España, durante estas semanas de confinamiento, se ha extendido una idea muy peligrosa sobre el poder y el gobierno: que la pandemia otorga al poder ejecutivo una autoridad prácticamente ilimitada para hacer lo que considere a fin de proteger a la población, incluida la limitación de derechos fundamentales.
Es cierto que el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, parecía restringir de forma limitada derechos como la libertad ambulatoria. Sin embargo, en la práctica, las “medidas de contención” se han terminado convirtiendo en limitaciones sin más y ha habido casos de exceso de celo evidentes cuando se ha tratado de sancionar a ciudadanos que circulaban por la vía pública -la sola infracción de la prohibición de circular por vía pública no constituye, en sí misma, delito de desobediencia- o cuando se han impedido con intervención de la fuerza pública celebraciones religiosas católicas. En efecto, ha habido interpretaciones restrictivas contrarias a la disposición expresa del Real Decreto que disponía que “la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”. Sirva de ejemplo el desalojo de la catedral de Granada a requerimiento de la Policía Nacional en plena homilía. El templo tiene capacidad para unas 900 personas. Había unos veinte fieles.
Algo similar cabe decir de los intentos de coartar los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. El Gobierno rastrea las redes “con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas estas series de bulos", en referencia a las desinformaciones que contaminan las redes sociales, y "minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno" como declaró el general José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y miembro, por parte de la Benemérita, del comité científico-técnico de seguimiento de la pandemia. Es bueno recordar que no existe una definición legal ni jurisprudencial de “bulo” como sí existen de “injuria”, de “calumnia” o de “intromisión ilegítima en el derecho al honor”.
Desde luego que la propaganda existe y las noticias falsas existen. Existen las campañas orquestadas y la desinformación. La experiencia de los regímenes totalitarios comunistas, fascistas y nacionalsocialistas brinda, en este sentido, un caudal acumulado de conocimiento y de experiencia. Algunas de sus prácticas, lejos de haber desaparecido, gozan lamentablemente de buena salud como podemos comprobar en Cuba, Venezuela y otros países en los que el comunismo ha causado estragos.
Hay países en nuestro entorno que han demostrado una gran capacidad para luchar contra las llamadas “fake news” y otras acciones de influencia por parte de Estados o agentes paraestatales. Tómese el caso de Estonia o el de Lituania, por poner dos ejemplos de países miembros de la OTAN y la Unión Europea. La transparencia, el rigor informativo y la confianza en los ciudadanos y en su capacidad de crítica y discernimiento son armas efectivas contra la desinformación y lo que la doctrina soviética llamaba las “medidas activas”. Es verdad, todo hay que decirlo, que los pueblos de esos países saben bien lo que es la propaganda y otras formas de manipulación de masas después de décadas de comunismo.
Ahora bien, en España el problema es que el principal difusor de información incorrecta, equívoca o directamente falsa ha sido el propio Gobierno. Ha sido el Gobierno el que ha tratado de compensar su irresponsabilidad, su imprevisión y su incompetencia con una sobreexposición mediática controlada, con un confinamiento férreo producto de la falta de planes de actuación y con unas medidas políticas y administrativas que han expuesto a miles de personas al contagio y a millones al desempleo. El recurso a los “expertos” y a las “autoridades sanitarias” trata de desviar la atención de la falta de liderazgo y de previsión gubernamentales que hemos padecido en España. Si el Gobierno hubiese querido acabar con los “bulos” hubiera podido hacer muchas cosas desde el principio empezando por decir la verdad sobre el número de contagiados y de fallecidos.
Las limitaciones de la libertad ambulatoria y de otras libertades y derechos han ido acompañadas de la parálisis de la actividad económica. La falta de tests, de mascarillas, de guantes y, en general, de medios para prevenir la extensión de la pandemia y combatirla han frenado en seco la actividad económica. Millones de trabajadores han perdido o ven peligrar sus empleos. Los autónomos han tenido que afrontar el pago de las cuotas a la seguridad social de marzo a pesar de no poder trabajar. Se dirá que después la recuperarán, pero por lo pronto han tenido que pagarla. Hay unos 300.000 que deberán abonar también la de abril a pesar de tener reconocido el cese de actividad. La precarización del empleo -teletrabajadores a quienes la empresa no les paga ni los equipos, ni la conexión a internet, por ejemplo- es otro de los efectos de esta falta de medidas, de planes, de previsión y, en general, de capacidad de liderar en tiempo de crisis.
Habría muchas cosas que añadir -la afectación a la tutela judicial efectiva, por ejemplo- pero haría ya muy extensa esta columna. Baste señalar que, en general, esta crisis ha sido el marco -y, en algunos casos, me temo que el pretexto- para la limitación de derechos fundamentales más allá de lo que el propio Real Decreto establecía y, visto con mayor perspectiva, más allá de lo que hubiera sido necesario si el Gobierno hubiese adoptado medidas de prevención y actuación adecuadas.
No debemos dejar que la crisis sanitaria sea el pretexto para el retroceso y la pérdida de libertades. Debemos defenderlas con decisión y recuperarlas de inmediato. Debemos estar alerta de que, so pretexto de protegernos, el Gobierno se arrogue un poder desmedido y nos imponga políticas populistas que asfixian la libertad, destruyen la igualdad y sólo generan pobreza.
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