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73 AÑOS

Pablo Iglesias, sobre la muerte de Billy el Niño por coronavirus: "Es una vergüenza"

Pablo Iglesias, sobre la muerte de Billy el Niño por coronavirus: 'Es una vergüenza'
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jueves 07 de mayo de 2020, 12:45h

El expolicía de la Brigada Político Social del franquismo Antonio Fernández Pacheco, Billy el Niño, acusado de crímenes de lesa humanidad por torturas durante los últimos años de la dictadura, ha muerto este jueves de coronavirus en un hospital de Madrid, han asegurado a Efe fuentes policiales.

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha lamentado la muerte del expolicía en las redes sociales: "La muerte del torturador Gonzalez Pacheco sin haber sido juzgado, con sus medallas y privilegios intactos, es una vergüenza para la democracia y también para nosotros como Gobierno", ha manifestado, "pido perdón a sus víctimas, luchadores por la democracia y la justicia".

Fernández Pacheco, de 73 años, ha fallecido sin llegar a ser investigado judicialmente por delitos de torturas pese a las querellas presentadas en los últimos años por sus víctimas.

Además, el expolicía tenía pendiente que prosperara la petición de retirada de sus condecoraciones.

Nacido el 6 de octubre de 1946 en Aldea del Cano (Cáceres), fue conocido por los opositores al régimen franquista como Billy el Niño por su corta estatura, rasgos aniñados y pose chulesca. Atributos que le daban cierta semejanza con el personaje del salvaje oeste con el que compartía el alias.

A este parecido externo unía, según sus acusadores, una gran crueldad y violencia, tanto física como verbal, durante los interrogatorios a los que eran sometidos los detenidos en las dependencias policiales de la Brigada Político-Social, capitaneada por el comisario Roberto Conesa, otra de las bestias negras de la disidencia política en la España del dictador Francisco Franco.

Como muestra de esa brutalidad tenemos el testimonio de la abogada Lidia Falcón, quien en 1974 pasó nueve días en los calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS), tiempo en el que sufrió torturas de manos del expolicía al que describe como "un animal, un salvaje que disfrutaba pegando".

Un comportamiento que le costó leves condenas de sus superiores en tiempos del franquismo, como la multa recibida en 1973 por torturar al profesor de la Universidad Complutense y militante izquierdista Enrique Aguilar Benítez de Lugo, detenido durante una manifestación el 1 de mayo en Madrid. O la pena de un día sin empleo y sueldo por malos tratos y coacciones al entonces estudiante de Ciencias Políticas y hoy periodista Francisco Lobatón.

Permaneció en la Brigada Político-Social hasta la disolución de la misma en 1976. Tras ello, fue destinaado a la Brigada Central de Información que luego pasaría a denominarse Brigada Especial de Operaciones (Brigada Antiterrorista) pero a mediados de 1981 fue destinado a la Brigada Central de la Policía Judicial.

Su trabajo en la Brigada de Información incluye la investigación de los secuestros por parte del grupo terrorista GRAPO, del teniente general Emilio Villaescusa y del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo.

Precisamente por estas dos operaciones recibió de manos del gobierno de Adolfo Suárez la segunda de las cuatro medallas con las que ha sido condecorado y que una vez jubilado suponían alrededor del 50 por ciento de la pensión que recibía del estado. La primera de las condecoraciones la recibió durante la dictadura en 1972. La tercera en 1980 y la cuarta en 1982, meses antes de la llegada del PSOE al poder.

En la década de los ochenta, ya apartado de la policía, se empleó como jefe de seguridad en varias empresas, aunque su pasado como torturador franquista no fue olvidado por sus víctimas, que personificaron en González Pacheco la cara más criminal de la represión franquista.

Así en septiembre de 2013 la jueza argentina María Servini dictó una orden internacional de búsqueda y captura contra él y otros cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad franquistas. La orden se producía en respuesta a una querella presentada por militantes antifranquistas por catorce delitos de tortura cometidos entre 1971 y 1975.

La Audiencia Nacional española decidió en abril de 2014 rechazar su extradición a Argentina, al considerar que los delitos que se le imputaban habían prescrito. El mismo argumento utilizado por la justicia española para archivar otras querellas presentadas posteriormente contra González Pacheco.

Pero estos reveses judiciales no evitaron que otras víctimas presentasen nuevas querellas por delitos contra la humanidad. Denuncias que han tenido como resultado que en marzo de 2019 el juzgado de instrucción número 49 de Madrid abriese diligencias para investigarle junto a otras cuatro personas por un delito de lesa humanidad, en la que será la primera investigación que se lleve a cabo tras las querellas rechazadas.

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