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CESE DE PÉREZ DE LOS COBOS

Pedro Sánchez, en el objetivo de la Guardia Civil y la juez que investiga el 8M

El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez.
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El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez. (Foto: EFE)
martes 26 de mayo de 2020, 20:00h
El ministro del Interior intenta callar a los Cuerpos de Seguridad prometiéndoles la equiparación salarial.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, decía este lunes no tener “ningún temor” a que se le investigue por la gestión de la covid-19. Tranquilo, señalaba que “dará toda la información que tenga que dar y el juez actuará cómo tenga que actuar”. Lo que no se sabe es si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como responsable de todo, está igual de tranquilo al respecto porque lo que se va sabiendo es que la manifestación del 8M se tenía que haber suspendido porque ya había informaciones y alertas del contagio por coronavirus.

La juez que lleva la investigación sobre esta concentración y las órdenes que se dieron para permitirla, Carmen Rodríguez-Medel, quiere llegar hasta el fondo y dirimir responsabilidades, especialmente después de la reacción desmedida que ha mostrado el Gobierno, por parte de su Ministerio del Interior, de destituir “por falta de confianza” al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid y encargado por la misma magistrada de elaborar un informe sobre lo que se sabía al respecto en Madrid en esos días.

Desde el PP, su portavoz en el Senado, Javier Maroto, se mostraba este martes convencido de que el presidente Sánchez está detrás de la polémica destitución e incidía en que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, no mueve un dedo sin que él “lo sepa y lo pida y lo autorice”.

La juez abrió la investigación el 23 de marzo tras la denuncia del abogado Víctor Valladares por las concentraciones multitudinarias permitidas en la Comunidad de Madrid durante la expansión del coronavirus y, aunque pidió que se actuara contra todos los delegados autonómicos del Gobierno y el presidente Pedro Sánchez, la juez solo ha actuado contra el de Madrid, José Manuel Franco, que ya está imputado por un delito de prevaricación.

Rodríguez-Medel ya explicó que solo tenía competencias para investigar a Franco porque carece de competencias en otras CCAA y porque Sánchez está aforado ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, no se descarta que pueda apuntar más alto el caso porque ya ha trascendido también que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en la llamada para informarle a Pérez de los Cobos de su destitución le explicó que “esta es una investigación delicada para el Gobierno y tenemos que conocer lo que ocurre”.

Si la decisión final de la juez es que hay una responsabilidad del delegado del Gobierno en Madrid por una decisión errónea al permitir una manifestación que no se debería haber celebrado y sabiendo que era así, todas las miradas se pondrán en el origen de una orden de marcado carácter ideológico, que lleva al Gobierno que preside Pedro Sánchez.

Ya se ha filtrado y publicado que dicho informe del Instituto Armado concluye que a partir del 5 de marzo “no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del covid-19”. Apunta, igualmente, a lo arbitrario de las decisiones adoptadas desde la Delegación del Gobierno al señalarse que tampoco se deberían haber celebrado unas concentraciones y cancelado otras, “como al final terminó ocurriendo”, se matiza, al permitirse manifestaciones políticas y prohibirse, por ejemplo, un acto religioso evangélico.

Informe demoledor

Lo que evidencia el informe es que en ese tiempo ya había constancia de un “profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como del control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos con fecha 5 de marzo de 2020, y de cómo los mismos evidenciaron que el evento no se podía celebrar, precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas”.

La misma investigación de la Guardia Civil, que no se compartió con el Ministerio del Interior de Grande Marlaska por orden expresa de la jueza, constata que la Delegación del Gobierno “tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del estado de alarma, de las que había tenido conocimiento y por ende había permitido su celebración”.

La Guardia Civil, contra las “injerencias políticas”

Además del componente judicial que se pueda derivar de la destitución de Pérez de los Cobos, porque la jueza Rodríguez-Medel envió este lunes un escrito al Ministerio de Interior en el que recordaba haber dado "orden expresa" a la Guardia Civil de que guarde "rigurosa reserva" sobre el desarrollo de sus investigaciones, además de señalar que estaría dispuesta a acusar a Marlaska de intromisión en la investigación, el caso se complicaba solo un día después con la dimisión del director adjunto operativo de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña.

Máximo cargo no político del Cuerpo y responsable de las ruedas de prensa del operativo de emergencia hasta que resultó contagiado por coronavirus, parece que Ceña ha presentado su dimisión por solidaridad y una vez conocido que la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos ha sido una decisión política. Las asociaciones de guardias civiles criticaban este lunes ya la decisión del Ministerio y mostraban su indignación por la destitución de un “trabajador independiente”, pero este martes, además, han aplaudido la renuncia del DAO porque la interpretan como un rechazo a las "injerencias políticas".

El portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, subrayaba también al respecto de la destitución de Pérez de los Cobos que “puede dar para iniciar una investigación por posible perpetración de un delito”. Ha dicho que un cese motivado porque el investigador no trasladara a Grande-Marlaska el informe "sería una intromisión absolutamente intolerable en la independencia del Poder Judicial".

La equiparación salarial

Para tratar de calmar los ánimos de la Guardia Civil, el ministro Marlaska ha anunciado este martes que se llevará a cabo por fin la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil. Así, ha anunciado el desbloqueo que no estaba previsto del pago del tercer y último tramo de esta equiparación y se abonarán 247 millones de euros en los próximos meses.

El líder del PP, Pablo Casado, se lamentaba: "Es un insulto a la Guardia Civil y al Estado de Derecho que Sánchez tape el cese del responsable de la investigación sobre los presuntos delitos el 8-M, con la equiparación salarial que aprobó el PP hace dos años y se había negado a pagar".

Hay que destacar en este asunto la personalidad de la propia juez, hija, hermana y nieta de guardias civiles y considerada por muchos como una juez valiente y rigurosa, ha llevado casos como el máster del líder del PP, Pablo Casado, o a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, también por su máster, o la tesis de la exministra Carmen Montón, hasta casos de corrupción urbanística, participó en el caso Malaya o el caso Minutas que llevó a la cárcel a José María del Nido.

Dimisión de Marlaska

Lo que cada vez parece más claro es que si Pedro Sánchez no es el responsable último de la autorización por razones ideológicas de la manifestación feminista del 8M, si lo es por no cesar a la directora general de la Guardia Civil y del propio ministro del Interior por la destitución de Pérez de los Cobos.

El PP ha pedido la "destitución inmediata" de Marlaska. La diputada y portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, pedía también su dimisión y destacaba que quienes conocen al ministro de Interior le describen como una persona "con profundos complejos y traumas" que salen a luz cuando ejerce su cargo "con soberbia".

La Asociación Profesional de la Magistratura ha pedido que se restituya en su puesto al coronel de la Guardia Civil: “No queremos pensar que en el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos confluyan otras circunstancias que las apuntadas de 'pérdida de confianza', porque ello supondría dejar en manos de los intereses partidistas del político de turno un instrumento coercitivo como es el Derecho Penal”.

Y advertía esta asociación: “Cualquier intento de conocer, fuera los supuestos autorizados, el propósito, curso, contenido o resultado de unas diligencias, o, más grave, de influir en su contenido, a través de la prevalencia orgánica inherente a la cadena de mando, puede suponer una interferencia en la función judicial que puede llegar a afectar al principio de independencia constitucionalmente protegido”.

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