Franco tilda de "chapucero" el informe de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8M

Tras el archivo provisional del caso 8M, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha afirmado en la Cadena SER que lo ha pasado "francamente mal" por su imputación en la investigación.

"Lo he pasado mal porque aun sabiendo que no tenía recorrido jurídico es incómodo estar en esa situación", ha dicho Franco, que ha considerado que el informe de la Guardia Civil sobre la manifestación feminista, y que precipitó el cese del coronel Pérez de los Cobos, era "un poco chapucero", incluso "impropio" del Instituto Armado, ya que considera que "contenía manipulaciones y medias verdades".

"Tengo un gran respeto a la Guardia Civil como institución, pero el informe me ha decepcionado un poco", ha afirmado el delegado del Gobierno en Madrid.

El delegado del Gobierno ha afirmado que "no quiere pensar en conspiraciones" en la denuncia contra él por el 8-M.

Sin indicios suficientes

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción n1 51 de Madrid acordó el viernes pasado el archivo provisional del caso conocido como 8-M al considerar que, tras la práctica de las diligencias de investigación acordadas en el procedimiento, no hay indicios suficientes de actuar delictivo en los hechos atribuidos al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por el presunto delito de prevaricación administrativa.

De todas las diligencias de investigación practicadas, añade el auto, se concluye que el investigado, entre el 5 y el 14 de marzo del presente año, no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones. La resolución señala también que el investigado ‘no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario’.

Finalmente, la resolución establece también que ‘ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del Covid-19’. La magistrada, no obstante, deniega el sobreseimiento libre solicitado por la Abogacía del Estado.